En Perú, las universidades sean publicas, nacionales o privadas que permitan el acoso sexual, tendrán sanciones muy graves
Regeneración, 20 de marzo 2019. Las universidades en Perú podrían enfrentar multas de hasta el 8.0 por ciento de sus ingresos o la cancelación de sus licencias de funcionamiento si no actúan en casos de acoso sexual, si ofrecen servicio educativo sin permiso, o si aceptan alumnos condenados por delito de terrorismo.
Las sanciones para estas transgresiones, consideradas «muy graves», están incluidas en el nuevo Reglamento de Infracciones y Sanciones, públicado este miércoles por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en el diario oficial El Peruano.
El reglamento es aplicable a las universidades bajo cualquier modalidad, sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que funcionen dentro del territorio nacional, y tiene como objetivo garantizar la potestad sancionadora de la Sunedu en el marco de las facultades establecidas por la Ley Universitaria.
De acuerdo con el artículo 19 del reglamento, las sanciones están divididas en leves, graves y muy graves, expuso la agencia peruana de noticias Andina. Las infracciones «leves» se castigarán con multas de hasta el 1.0 por ciento del presupuesto institucional modificado, cuando es universidad pública, o el 1.0 por ciento del ingreso bruto anual cuando es universidad privada.
En las «graves» el porcentaje será de 3.0 por ciento y la posible suspensión de la licencia de funcionamiento, mientras que en las «muy graves» la multa llega hasta el 8.0 por ciento y la cancelación de la licencia de funcionamiento.
Otras infracciones consideradas «muy graves» son usar los excedentes o utilidades con fines distintos a la mejora de la calidad de la educación, así como otorgar o conferir grados de bachiller, de maestro y de doctor, o título profesional o de segunda especialidad profesional, sin los requisitos mínimos de la Ley Universitaria.
La Dirección de Fiscalización y Sanción de la Sunedu es el órgano que realiza las investigaciones y comprueba la comisión de posibles infracciones, en tanto que el consejo directivo de la misma entidad determina la existencia o no de responsabilidad.
(NOTIMEX)