Barcelona por remunicipalización del agua, contra tarifas privadas que son 97% más caras; protegen bienes comunes y contra corrupción
Regeneración, 12 de abril del 2018. La batalla de Barcelona para volver a poner a su compañía de agua bajo propiedad pública está alcanzando su clímax en los tribunales y en las urnas señaló Laila Beltran, en su artículo publicado en Open Democracy.
«Cuando la plataforma ciudadana, Barcelona En Comú, amplió su manifiesto para las elecciones municipales de Barcelona en 2015, su propuesta más popular fue remunicipalizar la compañía de agua de la ciudad, Agbar (filial de la multinacional Suez Environnement)» precisa Beltrán.
Tres años después, el gobierno se encuentra en una lucha por la remunicipalización que personifica las preocupaciones del nuevo movimiento municipalista: proteger los bienes comunes, desafiar la corrupción y aprovechar la relación simbiótica entre las políticas institucionales y no institucionales.
Así «los motivos para la remunicipalización son numerosos: un estudio global realizado por el Transnational Institute en 2015 concluyó que los pueblos y ciudades que remunicipalizan sus aguas tienden a disfrutar de mayor calidad y tarifas más bajas para los consumidores».
Beltrán señala al respecto citando a la plataforma de derechos de agua «Aigua és Vida» misma que estima estima que las tarifas de agua establecidas por Agbar-Suez en Barcelona son un 91,7% más caras que las de los municipios vecinos que gestionan su agua públicamente.
Esto es particularmente importante en el contexto español, donde el 17% de la población sufre de «pobreza energética», lo que significa que enfrentan dificultades para pagar sus facturas de electricidad, gas o agua.
Y es que en Barcelona, donde se han establecido 10 puntos de información desde 2015 para asesorar a los ciudadanos sobre sus derechos energéticos, narra Beltrán, «se ha descubierto que más de 170,000 personas padecen este tipo específico de pobreza».
La remunicipalización también está motivada por la comprensión del agua como un derecho humano y un elemento esencial de la sostenibilidad ecológica.
«De acuerdo con estos principios, el agua debe ser gobernada como un bien común, es decir, propiedad y administrada colectiva y democráticamente por las comunidades, en lugar de correr con fines de lucro» publicó Open Democracy.
Las asociaciones público privadas y el fraude en la concesión
En su relato de la periodista se señala que en 2012, se creó una asociación público-privada en materia de agua entre Agbar-Suez y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para gestionar el agua en 23 municipios, incluida la ciudad de Barcelona.
El acuerdo dio una participación del 15% en la nueva compañía al gobierno metropolitano y una participación del 85% a Agbar.
Sin embargo, en 2015, un informe de la Oficina Antifraude de Cataluña reveló que la asociación se creó a puertas cerradas, sin licitación pública, y planteó dudas sobre el valor real de las inversiones de Agbar.
Un fallo posterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró nula la concesión de 2012, lo que abrió la puerta a la remunicipalización.
La única esperanza del gigante acuático ahora es que el Tribunal Supremo falle a favor de su apelación para restaurar el contrato.
Pero las cosas no se ven bien para Agbar.
Una reciente auditoría del Gobierno Metropolitano de Barcelona ha confirmado que Agbar infló el valor de sus inversiones en la compañía de agua de Barcelona en 346 millones de euros.
Iniciativas ciudadanas
Al mismo tiempo, la gente de Barcelona se está movilizando para la remunicipalización, aprovechando una nueva herramienta de participación presentada por el ayuntamiento: iniciativas ciudadanas.
Este año, por primera vez, cualquier persona que reúna más de 15,000 firmas de apoyo puede convocar un referéndum local relacionado con las leyes y políticas locales.
La iniciativa ciudadana para la remunicipalización del agua, promovida por más de 30 organizaciones de la sociedad civil, incluidas Aigua és Vida y la Asociación de Vecindarios de Barcelona, casi duplicó este objetivo, recogiendo 26.389 firmas en el período de dos meses.
Se someterá a una votación no vinculante en toda la ciudad junto con otras tres iniciativas en junio.
Pero Agbar-Suez no va a caer sin luchar; la compañía está tratando de detener el referéndum sobre la remunicipalización del agua a través de los tribunales.
Agbar alega que la pregunta: «¿Quieres que la gestión del agua en Barcelona sea pública, con participación ciudadana?» Es «poco clara», «ilegal» y que el ayuntamiento no tiene las competencias legales para formularla.
En respuesta al desafío legal, la concejala de Participación de Barcelona, Gala Pin, ha dicho que «si Agbar está tan seguro como dice que es el mejor administrador posible del agua de Barcelona, no debe temer que la gente decida».
Pero Agbar-Suez claramente tiene miedo de perder el control del Barcelona. Si bien su plan A es mantener su concesión y detener el voto a través de los tribunales, ya comenzó su campaña de tierra en caso de que el referéndum se lleve a cabo.
La compañía ha lanzado una gran operación de mercadotecnia en las últimas semanas, inundando el espacio publicitario de la televisión local, la radio y las vallas publicitarias, y patrocinando a las comunidades.