Estados Unidos/ Wisconsin. El 8 de enero de 2011, la revista británica The Economist dedicaba un dossier de tres páginas sobre los sindicatos del sector público en el conjunto de los países capitalistas desarrollados. En la página 20, la revista publicaba un gráfico indicando la decadencia desde 1973 de la sindicalización en el sector privado en los Estados Unidos y, a la inversa, el desarrollo de la sindicalización en el sector público entre 1973 y 1980, más allá de las fluctuaciones anuales. En 2010, el porcentaje de sindicalización del sector privado en los Estados Unidos se situaba hasta un máximo de 6,9%, y el del sector público hasta un máximo de 36,2%. Entre las conclusiones, The Economist escribía: “En los Estados Unidos, varios gobernadores republicanos en ascenso han decidido transformar la batalla a corto plazo sobre el salario y las conquistas sociales en una batalla referente al poder de los sindicatos.” La declaración de guerra de Scott Walker
Desde el 15 de febrero de 2011, un movimiento masivo de trabajadores y sindicalistas de los servicios públicas se puso en marcha en el estado de Wisconsin en los Estados Unidos. La casa de gobierno (Capitolio) de la capital Madison ha estado ocupada por los asalariados. ¿Por qué? El 7 de enero, el republicano Scott Walker entraba en función a raíz de su elección en noviembre de 2010. Inmediatamente, subvencionó a los capitalistas con 140 millones de dólares reduciendo los impuestos de las empresas, incluidos los del gigante de la distribución Wal-Mart. Al mismo tiempo, declaraba la urgencia de solucionar “la crisis presupuestaria”. En nombre del combate contra el déficit, introducía una ley que consistía en que los trabajadores del sector público pagaran de 5.000 a 7.000 dólares más por año por su seguro de enfermedad y para su jubilación. Walker pretendió dividir a los asalariados del sector público, evitando que esta carga impositiva alcanzara a los bomberos y la policía.
El proyecto de Walker iba más allá de la política de austeridad. Tiene por objeto romper la capacidad reivindicativa y la fuerza sindical de los trabajadores del sector público. Es posible resumir en cinco puntos este proyecto: 1) reducir las negociaciones contractuales únicamente a la cuestión de los salarios; 2) prohibir toda huelga del sector público (los huelguistas se encuentran colocados bajo la amenaza de la Guardia Nacional); 3) suprimir todo pago automático de cotizaciones a los sindicatos; 4) la duración de los contratos colectivos no debe superar un año; 5) cada año, los miembros deben volver a votar para certificar o no el poder de negociación del sindicato que los representa.
La pérdida salarial asciende a 20%. A eso se añaden cortes presupuestarios en el ámbito de la educación y los servicios públicos. Entre otras cosas, algunos cortes importantes están previstos en el Medicaid (seguro de enfermedad para las personas con ingresos limitados) y en el programa BadgerCare (un programa de cuidado para los niños venidos de las familias pobres).
Walker convocó inmediatamente a una sesión especial del Parlamento y el Senado para hacer pasar su ley (“ley destinada a reparar el presupuesto”). Al mismo tiempo, hizo llegar una carta a todos los trabajadores del sector público indicando que los contratos colectivos finalizarían con fecha del 13 de marzo y que eso no era negociable.
Para comprender la naturaleza de la respuesta de los asalariados y las asalariadas, es necesario tener en cuenta la mutación que se operó en el asalariado y en las organizaciones sindicales al final de los años setenta. A partir de ese tiempo se han reforzado en los Estados Unidos los sindicatos como American Federation of Teachers (AFT), la National Education Association (NEA), l’American Federation of State County and Municipal Employees (AFSCME) et l’American Federation of Government Employees (AFGE).
Estos sindicatos del sector público traducen también los cambios del asalariado, su diversificación, y agrupan en su seno a un número creciente de mujeres, afro-americanos, chicanos. Se comprende entonces la determinación de los republicanos y del mundo de los negocios de golpear con fuerza a este sector del “movimiento obrero”, aún activo y apto para resistir. Lo que explica la rebelión de los trabajadores y las trabajadoras del sector público del estado de Wisconsin.
La ocupación del Capitolio
El movimiento de oposición radical comenzó en el sector estudiantil, en particular los estudiantes de la Universidad del Wisconsin. Reivindican el derecho a una educación de calidad. El día de San Valentín, 14 de febrero, aproximadamente 1.000 estudiantes se abalanzaron sobre el Capitolio, la casa de gobierno.
El 15 de febrero fracasa la tentativa – entre otras cosas impulsada por los medios de comunicación -, de dividir sector público y sector privado. Militantes de los sindicatos de ambos sectores se reunieron y llamaron a una manifestación común contra la ley que quería imponer el gobierno. La unión se hizo entre los estudiantes y los asalariados del sector público; incluidos bomberos y policías que se sumaron a la manifestación, haciendo fracasar la táctica de división de Walker.
El miércoles 16 de febrero, la movilización reúne a 20.000 personas, el jueves a unos 35.000 y el viernes 18 de febrero a más 50.000. Una consigna: “Kill the bill”.
Catorce parlamentarios demócratas se ocultaron y salieron incluso del estado de Wisconsin, impidiendo al Senado poder votar la ley, ya que no se alcanzaba el quórum. El palacio gubernamental y sus alrededores estaban ocupados por 50.000 manifestantes el día en que Walker habría debido hacer pasar su ley. Desde entonces, las manifestaciones no cesaron.
El sábado 26 de febrero, cerca de 100.000 personas ocupan el Capitolio y sus alrededores en Madison. Desde hace dos semanas el Capitolio está “a en manos” de los asalariados, a pesar de las amenazas lanzadas el domingo 27 de febrero. Cuando la policía amenaza con intervenir, los bomberos anunciaron que ocuparían en la noche el edificio junto a los estudiantes, lo que volvería una intervención represiva más difícil. Incluso, el WPPA (The Wisconsin Professional Police Association) pidió a sus afiliados que en la noche del 25 de febrero durmieran en el Capitolio.
Un manifestante expresa bien el espíritu de esta movilización que se amplió, mientras que el gobernador tenía la intención de hacer de los asalariados del sector público un objetivo fácil, describiéndolos como “privilegiados”: “Lo importante reside en un hecho de que comprendimos: una vez que se retiran los derechos de algunos, estos derechos van a retirarse a todo el mundo.”
Es esta comprensión que explica la presencia en las manifestaciones y en la ocupación día y noche del Capitolio, de los trabajadores de las acerías, de los camioneros, de los pilotos de las compañías aéreas, de los electricistas, etc.
Además, los profesores que representan un sector combativo del movimiento, supieron perfectamente poner de relieve que los ataques llevados contra su estatuto no eran más que una parte de una ofensiva más amplia contra el sistema educativo y, en consecuencia, contra el futuro de los niños de la mayoría de las familias del estado de Wisconsin.
La ocupación del Capitolio dio surgimiento, además, a un debate sobre la democracia. Por una parte, la ocupación fue muy activa: se organizan guarderías, se dan conferencias, carteles llenos de imaginación empapelan las paredes. La ocupación se hizo con normas que se referían tanto a la contribución de la comida para los ocupantes, como a las rotaciones en relación al mantenimiento del edificio (limpieza, etc.). Por otra parte, se discute sobre el futuro del sector público, sobre las condiciones de trabajo, sobre los orígenes del déficit. Como lo decía una profesora: “Otra democracia que la del Parlamento y el Senado tomó cuerpo aquí.”
Presión policial y la política de concesiones
La ocupación está en una fase. Ante las amenazas de la policía, un representante demócrata, Brett Hulsey, impulsó a los ocupantes a liberar el edificio. Afirmaba: o dejan el edificio, o los detendrán. No obstante, la determinación de las personas movilizadas, de las sindicalistas, de los estudiantes, no retrocedió. Sobre todo teniendo en cuenta que dentro de la dirección del Partido Republicano apareció una fractura: Dale Chultz, senador, anunció que rompía con Scott Walker. Eso reforzó la movilización.
La “guerra de clase unilateral” llevada desde hace años cambia. A la “guerra de clase de arriba” responde “una guerra de clase de abajo”. Es decir, la política sindical de concesiones – política que constituye la columna vertebral de la orientación de los aparatos sindicales – es cuestionada por los trabajadores y las trabajadoras, con el apoyo de la población. Las contramanifestaciones organizadas por la derecha conservadora, el Tea Party, no tuvieron un eco significativo, aunque algunos medios de comunicación las inflaron.
La presión de Scott Walker y de la policía se hizo cada vez más fuerte desocupar el edificio. La policía pretende impedir a las personas que entren al Capitolio. La presión policial se acentuó el 1º de marzo, fecha en la cual Scott Walker debía exponer delante de las instancias legislativas su política de austeridad presupuestaria. Era necesario que “el Capitolio del pueblo” se convirtiera de nuevo en el Capitolio normal. A pesar de la presión policial, aproximadamente 500 o 600 personas se negaron a dejar el edificio. Entre los que permanecieron, es necesario mencionar a Mahlon Mitchell, presidente de la organización sindical de los bomberos (Wisconsin Professional Fire Fighters Association). No obstante, a partir del 27 de febrero, se revelaron las vacilaciones de algunos dirigentes de los aparatos sindicales.
Las declaraciones de dirigentes sindicales se multiplicaron sobre el tema: si nuestro poder de negociación colectiva se mantiene, estamos dispuestos a hacer concesiones sobre los salarios. Eso revela un proceso clásico: la defensa de la supervivencia del aparato, en términos financieros y de representación formal, antes que la defensa de los sindicados y del conjunto de los trabajadores.
Estas vacilaciones y estas señales de retroceder son importantes. En efecto, los republicanos no son los únicos en defender la política de austeridad. Los ataques contra los derechos y las condiciones de los trabajadores del sector público son también atributo de demócratas como Andrew Cuomo, en el Estado de Nueva York, de Pat Quinn, en Illinois, de Gerry Brown, en California. Ciertamente, hay una diferencia entre demócratas y republicanos. Los demócratas no quieren enfrentarse brutalmente al aparato sindical ya que, por una parte, los sindicatos financian las campañas electorales demócratas y, por otra parte, llaman a votar a los demócratas. Pero la tendencia a poner en cuestión el derecho sindical a la negociación colectiva no se limita a Wisconsin. Ya está en el orden del día en los estados de Ohio e Indiana.
Un test para todo el movimiento sindical de los Estados Unidos
El 1º de marzo una nueva manifestación tuvo lugar. El 3 de marzo igual. Y una gran movilización está prevista por este sábado 5 de marzo. Cuanto más la batalla se prolonga, más está en la agenda la cuestión de una estrategia para ganar.
Scott Walker no retrocede. Amenaza con despedir a 1.500 trabajadores y con volver caducos los contratos colectivos el 13 de marzo.
La batalla de Madison está pues en el centro de una confrontación de clase en los Estados Unidos. Voces se elevan para hacer concesiones con el fin de mantener la función de socio de los sindicatos. Marty Biel, el dueño del American Federation of State County and Municipal Employees 24, de Wisconsin, está dispuesto a aceptar la reducción salarial. Pero Scott Walker no se satisface con esta concesión. Lo que quiere, es debilitar estructuralmente la organización sindical. El tema central no se refiere al aumento de la participación de los trabajadores en la financiación de su seguro enfermedad y de su jubilación. Se refiere a limitar la capacidad de organización y resistencia de los asalariados y las asalariadas. Lo que Scott Walker ha podido comprobar en tres semanas de movilización. Con motivo de la gran manifestación del sábado 5 de marzo, el debate se referirá entre otras cosas a la huelga general del sector público, para el caso de que Walker hiciera adoptar su ley. Es un reto muy importante. Es una prueba para el conjunto del movimiento sindical norteamericano.
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