- Proponen Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados para exigir al gobierno de Moreno Valle, «libertad absoluta» de los jóvenes, pues no han cometido ningún delito
- Exigen jóvenes vejados y abogado René Sánchez Galindo, integrante del Consejo Nacional de Morena, que desista el régimen en su proceso «lleno de irregularidades»
Regeneración, 20 de septiembre de 2013. René Sánchez Galindo, consejero nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), acompañado de Néstor López Espinoza y Eduardo Salazar Velázquez, dos de los jóvenes militantes de Morena que fueron “secuestrados con lujo de violencia” y acusados de tentativa de “conspiración de motín”, ofrecieron antier al mediodía una rueda de prensa.
Denunciaron ante los medios que a casi 5 meses de los hechos, el proceso jurídico persiste, aún a pesar de que no existen elementos que sustenten las acusaciones. Por ello expusieron un Punto de Acuerdo turnado a comisiones en la Cámara de Diputados, en el que exigen al gobierno de Rafael Moreno Valle termine el hostigamiento.
El proceso está plagado de irregularidades y declaraciones falseadas por parte de los Agentes del Estado, señaló Sánchez Galindo, el régimen sostiene dos procesos: Uno por «conspiración de motín» -al cual les es negado el acceso-, y otro, por «resistencia de particulares, portación de instrumento prohibido, y cohecho».
Estado represor
Por todo lo anterior, el Diputado por Movimiento Ciudadano Ricardo Monreal, propuso un Punto de Acuerdo, que fue turnado a comisiones, por medio del cual exigen “que el proceso jurídico se esclarezca y que otorgue a los jóvenes la libertad absoluta, pues nunca han cometido delito alguno”.
También exige el punto de Acuerdo, que termine inmediatamente el «acoso jurídico» y las declaraciones falsas que persiste contra los jóvenes disidentes.
El punto de Acuerdo agrega que “es necesario seguir haciendo público todo lo sucedido, porque vivimos en una sociedad mediática dominada por la mentira y en un Estado represor. Es importante difundir este tipo de actos violentos, ilegales, homofóbicos, represivos, injustos e inhumanos; esto no debe seguir sucediendo, hacer uso de su libertad de expresión y de pensamiento, no debe ser motivo de sanción alguna y mucho menos de represión”.
Contexto: Reportan desaparecido a Néstor López, estudiante y activista de Morena y #YoSoy132
Néstor López Espinoza, 22 años, secretario de Formación Política de Morena en el municipio de Amozoc Puebla; Eduardo Salazar Velázquez, de 19, compañero militante de 20 años, recordaron que fueron detenidos el día 3 de mayo, por difundir invitaciones vía las redes sociales a manifestarse en contra de Enrique Peña Nieto durante el desfile del 5 de mayo.
Con lujo de extrema violencia física, psicológica y verbal, de manera absolutamente arbitraria, mantuvieron en ilegal cautiverio durante 28 horas a los jóvenes: Los amenazaban con violarlos y matarlos, y los obligaron a firmar documentos sin leer.
En principio, la acusación era de “conspiración de motín”, luego la autoridad los cambió por otros delitos que no son graves: resistencia de particulares, portación de instrumento prohibido, denominado “boxer” y cohecho.
«La única prueba es la declaración de los policías estatales. Alcanzan fianza, pero como consta en la Comisión Estatal de Derechos Humanos este beneficio fue negado hasta el lunes 6 de mayo por la tarde».
«Los jóvenes y fueron liberados bajo fianza gracias a la movilización social encabezada por familiares, amigos y demás organizaciones que levantaron su mano por los jóvenes y la libertad de expresión», aseguran.
Acoso
Por: ladobe.com.mx
–Cuando estábamos detenidos e incomunicados al darse cuenta de mis preferencias sexuales, la violencia verbal y las amenazas (de los policías ministeriales) aumentaron –cuenta Néstor López— comenzaron a decir que me iban a violar, y a torturar. Todo el tiempo que estuvimos en la Procuraduría General de Justicia Metropolitana Sur fueron humillaciones, golpes.
Pero la cosa no se detuvo ahí, una semana después de la liberación cuando Néstor se dispuso a regresar a las oficinas de la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM), donde realizaba su servicio social, se encontró con que ya no lo aceptaban bajo el argumento de que la dependencia no puede aceptar como trabajadores a personas procesadas.
–Me están criminalizando, me acusan de algo que no cometí y por eso no me permiten terminar con el trámite escolar.
Eduardo Salazar, por su parte, tres semanas después de la liberación fue víctima de extraño robo cuando viajaba en un taxi en compañía de su hermana y una amiga de esta.
–Fue lo mismo de cuando me detuvieron, me pusieron una gorra, me agacharon, me pusieron un picahielos en las costillas y me dijeron cállate y coopera, casi las misma palabras que ese día que me detuvieron. A mi hermana y a su amiga, que estaban gritando, las callaron. Se llevaron el celular de mi hermana, el celular de su amiga y sus tarjetas, pero dejaron la bolsa, dejaron carteras. Yo llevaba mi celular y no se lo llevaron.
El celular que le robaron a su hermana contenía las fotos que alcanzó a tomar el día del cateo mientras los policías ministeriales tomaban productos de la tienda, como jugos, refrescos y chicles, y usaban la fotocopiadora.
–Nos dejaron a una calle de la casa de la amiga de mi hermana. El taxi siguió la ruta normal, sólo se desvió para subir a esa gente. Nos bajaron y ellos se fueron con el taxista.
A su hermana le vaciaron la cuenta. Pensaron poner una denuncia, pero reconoce que tuvieron miedo.
Con información de La Jornada de Oriente, e-consulta.com,
Foto: @earoche