El activista y defensor de víctimas de pederastia clerical Alberto Athié, junto a otras personalidades, el pasado 2 de junio, interpuso una denuncia en contra del Cardenal Nornerto Rivera Carrera ante la PGR por su presunta responsabilidad penal por cadena de mando y por encubrir al menos a quince sacerdotes que habrían cometido presuntos delitos de pederastia.
Regeneración, 5 de julio de 2017.- El día de hoy activistas, organizaciones y la sociedad civil exigieron la comparecencia ante las autoridades federales del Cardenal Norberto Rivera Carrera por su presunta responsabilidad en el encubrimiento de al menos 15 sacerdotes que habrían abusado sexualmente de niños.
El pasado 2 de junio, el activista y defensor de víctimas de pederastia clerical Alberto Athié, junto con otras personalidades, interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Norberto Rivera Carrera por supuesto encubrimiento de curas pederastas.
Luego de darse a conocer la denuncia, Norberto Rivera aseguró que “yo no he protegido absolutamente a ningún pederasta, de hecho aquí en la Arquidiócesis al menos unos 15 sacerdotes han recibido no solamente el juicio, sino sentencias que afortunadamente no tenemos que dar nosotros. Aquí tenemos que hacer la investigación, se manda toda la documentación a la Doctrina de la Fe, en Roma, y el Santo Padre es quien ha tomado las decisiones en esos casos tan dolorosos, porque sí han sucedido aquí en México”.
El ex sacerdote Albreto Athié y Jesús Romero Colín insistieron en que: “Ni el cardenal, ni la Arquidiócesis de México informaron en su momento respecto de estos casos”, víctima de pederastia por parte de un sacerdote cuando tenía 11 años; más de dos décadas después, aún espera una orden de aprehensión para su presunto agresor y que el expediente se integre sin defectos.
En la plataforma change.org subieron una petición para denunciar y exigir a Peña Nieto y al Procurador General de la República Raúl Cervantes Andrade lo siguiente:
a) Que el Cardenal Norberto Rivera sea citado a declarar a la brevedad, que su comparecencia se lleve a cabo dentro de las instalaciones de la PGR y que no se le otorgue privilegio alguno que no esté contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
b) Que la indagatoria penal sea realizada con total prontitud, eficacia, legalidad, claridad, transparencia y genuino afán de materializar los valores supremos de la verdad, la justicia y las reparaciones integrales a las víctimas.
c) Que el ministerio público exija al Cardenal Rivera que aporte los expedientes relativos a los procedimientos eclesiásticos a los que hizo mención en su declaración pública.
d) Que los responsables, cómplices y encubridores sean llevados ante la justicia.
Por esta razón, y luego de que la denuncia fuera admitida a trámite, los casi nueve mil firmantes de la petición exigieron que el Cardenal Rivera sea citado a declarar a la brevedad, que su comparecencia se lleve a cabo dentro de las instalaciones de la PGR y que no se le otorgue privilegio alguno que no esté contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
También pidieron que la indagatoria penal sea realizada con total prontitud, eficacia, legalidad, claridad, transparencia y genuino afán de materializar los valores supremos de la verdad, la justicia y las reparaciones integrales a las víctimas.
Los firmantes le recordaron al Presidente Peña y al Procurador Raúl Cervantes lo que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano hace ya dos años en las Observaciones Finales sobre los exámenes periódicos Cuarto y Quinto consolidados de México, mismas que siguen pendiente:
“El Comité está particularmente preocupado por la impunidad general que los autores de los abusos han disfrutado hasta el momento, como lo reconoció la delegación del Estado parte, por el bajo número de investigaciones y de juicios contra los responsables” y pidió al Estado mexicano “tomar medidas inmediatas para investigar y llevar a juicio a todos los miembros de la Iglesia Católica que hayan estado involucrados o hayan sido cómplices de abuso o explotación sexual contra niñas y niños, y se asegure que aquellos encontrados culpables reciban las sanciones proporcionales a la gravedad del delito que cometieron”.
Con información de: change.org y Sin embargo