Debido a las protestas ciudadanas, el gobierno de la Ciudad de México no pudo privatizar un espacio público ubicado en la avenida Chapultepec, a un costado de la Glorieta de Insurgentes, para beneficiar a empresa constructora particular.
Regeneración, 19 de septiembre de 2016. Fracasaron los intentos por privatizar un espacio público en la avenida Chapultepec que beneficiaría a la constructora que levantó un edificio de lujo en un predio que fue hasta hace poco fue propiedad del PRD a un lado de la Glorieta de Insurgentes.
Esta es la historia de las irregularidades e ilegalidades cometidas por el gobierno de la Ciudad de México.
En 2001 el gobierno de la capital, encabezado por AMLO, decidió transformar un amplio y degradado camellón, ubicado en Avenida Chapultepec –entre Niza/Orizaba y la Glorieta del Metro Insurgentes–, en un área de juegos y ejercicios para niños y jóvenes de las colonias: Roma y Juárez.
La obra social fue un éxito, al grado que el cantante español Alejandro Sanz grabó un videoclip en ese lugar (https://youtu.be/xNgTMDRoa60). En el video se aprecia parte de lo que ahí había: una cancha de basquetbol y voleibol reglamentaría, una cancha de basquetbol infantil, ocho medias canchas de basquetbol, un gimnasio al aire libre con múltiples aparatos, un módulo de juegos infantiles, un pista de patinaje de 300 m², jardineras, luminarias, bancas y mesas de concreto.
Hace unos meses, catorce años después –entre marzo y abril de 2016– la Secretaria de Desarrollo Urbano y la «autoridad» del espacio público (ambas dependencias del gobierno de la ciudad) junto con los propietarios del nuevo edificio, iniciaron, sin informarle a la comunidad, el retiro de todo el mobiliario urbano existente así como la demolición de las bancas, mesas, muros y piso de concreto del lugar en cuestión.
Sin embargo las protestas vecinales detuvieron en seco dichas obras y obligaron al gobierno y a los inversionistas a respetar el espíritu que desde 2001 hizo de ese lugar un espacio para niños y jóvenes.
Este hecho dejó ver una serie de irregularidades e ilegalidades en las que incurrió el Gobierno de la Ciudad de México:
1.- En un principio la oscura y autoritaria intención del Gobierno de la Ciudad consistía en convertir ese espacio público en un estacionamiento, área de esparcimiento (para comer, tomar café, fumar cigarrillos, etcétera) para los empleados de las empresas que rentarán uno de los 18 pisos (de 1,500 m2 cada uno; en total 27,000 metros cuadrados). Cabe mencionar que la renta del lugar es a razón de entre 26 y 32 dólares por m2, lo cual arroja un promedio de 761 mil 250 pesos mensuales por cada piso del moderno inmueble y locales comerciales para los vecinos. Vale destacar que esto último se lo propusieron a algunos vecinos con la pérfida intención de dividir y confrontar a la comunidad.
2.- El retiro y demolición de lo que el propio gobierno de la Ciudad había instalado y construido ahí, años atrás, con recursos del presupuesto público y del fideicomiso de parquímetros de la Colonia Juárez configura el probable delito de daño patrimonial.
3.- Al verse descubiertos, inversionistas y gobierno de la Ciudad de México cancelaron de manera definitiva el proyecto privatizador y ahora pretenden que las innecesarias obras que ahí realizan (ya modificadas porque su proyecto original se fue a la basura) sean tomadas en cuenta como parte de las obras de mitigación que (por ley) toda construcción nueva de mediana o gran magnitud está obligada a realizar en beneficio de la comunidad colindante.
Falta conocer a cuánto asciende el monto total por concepto de obras de mitigación y a dónde fue a parar, porque el costo de lo que están haciendo en el camellón que nos ocupa tiene un valor muy menor en comparación con la principal inversión y sus beneficios.
Por último: la Secretaria de Desarrollo Urbano y la «autoridad» del espacio público de la CDMX deben trasparentar toda la información relativa a este caso, especialmente en lo referente a las obras de mitigación (monto total y destino final) así como la legitimidad y legalidad de todos los beneficios fiscales que el gobierno encabezado por Miguel Ángel Mancera les ha brindado a los inversionistas de acuerdo a la información que aquí mostramos y que fue proporcionada por la misma empresa. De lo contrario el manifiesto conflicto de intereses será rotundo: el PRD nacional vende un edificio (que compro la entonces presidenta de ese partido, Rosario Robles Berlanga, asesorada siempre por el entonces célebre Carlos Ahumada Kurtz) y en su lugar se construye otro, cuyos dueños (probables prestanombres de Ahumada Kurtz) se ven altamente favorecidos por un gobierno (de la CDMX) también del PRD.