La acción de inconstitucionalidad fue promovida por 12 diputados que se posicionaron en contra de la reforma de Jaime Bonilla
Regeneración, 7 de septiembre de 2021. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó otra suspensión a las intenciones del gobernador Jaime Bonilla Valdez, de “municipalizar” los servicios de agua potable de Baja California, este el segundo “freno” que imponen los magistrados al mandatario estatal.
En esta ocasión, la SCJN otorgó la suspensión a los diputados de la XXIII Legislatura de Baja California, que interpusieron la acción de inconstitucionalidad con número 119/2021, en contra del decreto 287, aprobado por la mayoría del Poder Legislativo, el cual instauró una serie de modificaciones legales para entregar la operación parcial de los servicios y administración del agua a los municipios.
Gobierno estatal deberá deberá continuar prestando servicios de agua potable
Por lo que el gobierno estatal deberá continuar prestando los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales
“Se concede la suspensión solicitada por el diputado representante común de los diversos diputados integrantes de la Vigésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, promoventes de la acción de inconstitucionalidad 119/2021, para el efecto que se interrumpan los plazos y obligaciones previstas en los artículos transitorios del decreto impugnado, y consecuentemente, el Gobierno Estatal continúe prestando a los habitantes de los municipios del Estado, los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales en tanto se resuelva el fondo del asunto”, señala la resolución.
“Dicha medida cautelar surtirá efectos desde el momento en que se notifique la presente resolución sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente. Cabe aclarar que lo así determinado, de ningún modo prejuzga sobre el fondo del asunto que será materia de análisis de la sentencia que en su momento dicte este Tribunal Constitucional”, dice el documento.
Diputados en contra de la reforma de Bonilla
La acción de inconstitucionalidad fue promovida por 12 diputados que se posicionaron en contra de la reforma de Bonilla, obtuvo los alcances para suspender los plazos de los transitorios previstos en la Ley.
Frenar el avance de la “municipalización” del servicio de agua
Cabe señalar que a esta acción de inconstitucionalidad, se le suman las suspensiones otorgadas por la Suprema Corte a los municipios de Tecate, Mexicali y Rosarito, el pasado 20 de agosto, con el objetivo de “frenar” el avance de la “municipalización” del servicio de agua.
La idea de municipalizar el servicio es para que los municipios lo privaticen y trasladar el cobro del agua a los ayuntamientos. Además, les traspasa los adeudos que tiene el actual organismo operador.
La reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio de Agua Potable en el estado de Baja California incluye la modificación de 12 artículos y la creación de tres nuevos. El último artículo permite la privatización del cobro del agua, que establece lo siguiente:
“Los municipios podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios a que se refiere esta ley”.
Presidencia presenta acción de inconstitucionalidad
El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya Consejería Jurídica presentó el 1º de septiembre, una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto 289 que municipaliza parcialmente los servicios de agua en Baja California, señaló al gobernador.
El documento que obtuvo el semanario ZETA, consta de 4 páginas y está dirigido al Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, donde establece una invalidez a la norma general que reglamenta el servicio de agua potable en Baja California.