Por Francisco López Bárcenas | La Jornada
Regeneración, 29 de agosto de 2014.-Cada día son más las mujeres que participan en la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y por lo mismo, sobre ellas también recae la política represiva del gobierno. A los encarcelamientos, detenciones y amenazas de muchas de ellas hay que agregar la criminalización de quienes son procesadas judicialmente por su participación en las luchas de los pueblos contra el despojo. Ese es el caso de Lucila Bettina Cruz Velásquez, zapoteca, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio y de la Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México, quien es procesada en el juzgado sexto de distrito en el estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, acusada de los delitos de privación ilegal de la libertad y contra el consumo y la riqueza nacional. Como el asunto está próximo a resolverse, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México ha lanzado una alerta denunciando que las acusaciones que sobre ella ha lanzado la Procuraduría General de la República responden a una estrategia de intimidación, persecución y criminalización de su labor, situación que exigen que el juez rectifique y dicte una sentencia absolutoria.
Existen muchos elementos que sustentan esta posición. Los más remotos datan del año 2007, cuando los pueblos ikjoots y binnizá, en la región istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, comenzaron la lucha en defensa de su territorio, asediado por las empresas Mareña Renovables, Gas Natural Fenosa, Demex (Renovalia Energy) e Iberdrola, interesadas en ocupar sus tierras para instalar generadores de energía eólica, sin que los afectados obtengan alguna ganancia por ello, sólo las míseras cantidades económicas que los representantes de dichas empresas les ofrecen por la renta de sus propiedades, con el agravante de que quienes aceptan pierden las posibilidades de seguir utilizando sus espacios para la reproducción económica, social y cultural, poniendo en riesgo su existencia. La mayoría de los hombres y mujeres de los pueblos de la región se opusieron y formaron la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio para defender sus derechos. Entre las mujeres estaba Lucila Bettina Cruz Velásquez.
Como parte de sus acciones de defensa, el 13 de abril de 2011 la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio realizó una manifestación pacífica frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Nueve días después de esa manifestación popular Lucila Bettina Cruz Velásquez fue detenida por elementos de la Policía Federal Ministerial, en cumplimiento de la orden de un juez federal que la señalaba como presunta responsable de la comisión de los delitos contra el consumo y la riqueza nacional y privación ilegal de la libertad. Dos días estuvo prisionera en el reclusorio regional de Tehuantepec, pues sus compañeros pagaron una garantía para que fuera procesada en libertad, situación que no le devolvió la tranquilidad, pues recibió amenazas constantes a su integridad, lo que obligó a Amnistía Internacional a denunciar el acoso ante el gobierno federal.
La cercanía de la fecha para que el titular del juzgado que conoce de su caso dicte sentencia ha movilizando a organizaciones y movimientos defensores de derechos humanos, quienes están impulsando una campaña nacional exigiendo que el juzgador se conduzca con imparcialidad, y haciendo uso de la independencia que la ley le otorga, se apegue a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y corrija la arbitrariedad cometida por la Procuraduría General de la República al acusar a Lucila Bettina Cruz Velásquez de delitos que no cometió, claramente criminalizada por participar en la lucha de su pueblo por la defensa de sus derechos. Y por ser mujer. Si así lo hace, no sólo estará corrigiendo una injusticia, sino también desactivando una potencial protesta popular en caso de que su sentencia sea condenatoria. Y algo también muy importante, dejará de contribuir a que la criminalización de la protesta social reafirme su carácter de género.