La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicó que tiene informes de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pudieron ser víctimas de espionaje telefónico por parte del gobierno mexicano, con el mismo programa Pegasus.
Regeneración, 06 julio 2017.- Hoy, durante la audiencia por el caso Ayotzinapa que se realizó en el marco del 163 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la presidenta de este organismo, Esmeralda Troitiño, y el comisionado James Cavallaro, indicaron que se tiene informes de que los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pudieron ser víctimas de espionaje telefónico por parte de dependencias del gobierno mexicano, con el mismo programa Pegasus del que hace unos días denunciaron haber sido víctimas periodistas y defensores de derechos humanos.
Los comisionados de esta entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los representantes de los familiares de los 43 normalistas demandaron una explicación a los funcionarios gubernamentales presentes en la sesión y exigieron una investigación a fondo.
Mario Padrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), cuestionó si el gobierno mexicano «tendrá la voluntad de investigarse a sí mismo».
Los representantes gubernamentales, encabezados por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, señalaron que ya se hacen las investigaciones sobre el presunto espionaje, además de que el caso de Ayotzinapa para nada está cerrado y que se siguen todas las líneas de investigación, incluidas las que recomendó el GIEI.
Respecto al espionaje, la comisionada presidenta de la CIDH interrogó a los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto: «¿Qué autoridades del Estado estuvieron involucradas?», a lo que el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, se limitó a responder que hay una denuncia abierta «contra quienes resulten responsables».
Con información de La Jornada