Fiscal hace “escarnio irresponsable” a víctimas de feminicidio. Mujeres asesinadas denunciaron violencia doméstica y no se les protegió
Regeneración, 31 de enero del 2018. “Negligencia, omisión y falta de voluntad política ante los feminicidios en Guerrero” acusaron el Centro de Derechos de la Montaña “Tlachinollan” y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, ante los feminicidios en esa entidad que sumaron en enero por lo menos 25 casos.
Los organismos de derechos citados recordaron que el municipio de Acapulco se ubica como el noveno municipio con mayor número de feminicidios, tan solo por debajo de Sinaloa Sonora y Veracruz.
Al ejemplificar las carencias para la atención de este tipo de casos, señalaron que en Tlapa “solo se cuenta con una abogada que da atención a los 19 municipios de la Región de la Montaña” por ende no cuenta con los recursos humanos ni la infraestructura necesaria para la realización efectiva de su trabajo.
Fiscal General del Estado, misógino
Los organismos aseguraron que la ruta de impunidad se ve reflejada en la postura pública emitida por Xavier Olea Peláez, titular de la Fiscalía General del Estado, en la que asegura que los feminicidios en la entidad, muchas veces ocurren porque “lamentablemente las mujeres, de alguna u otra manera son partícipes dentro del crimen organizado, llámese con la pareja, llámese con el esposo, llámese con el novio”.
Ante las aseveraciones de la autoridad las organizaciones mencionadas precisaron que les preocupa sobremanera «pues además de ser una postura misógina y revictimizante, evidencia la falta de perspectiva de género y de derechos humanos en las investigaciones, y lejos de actuar de manera diligente, fomenta la falta de acceso a la justicia”.
“De igual manera, la postura pública no es la forma que los familiares de las víctimas esperan en relación a las investigaciones sobre los feminicidios de sus hijas, madres, etcétera y aseguraron que “contrario a ello, es un escarnio irresponsable, sin un compromiso frente a las víctimas y con juicios que denigran a las mujeres, lo que a todas luces es intolerable”, indicaron.
Así también, es alarmante que en los casos de muertes violentas de mujeres, a pesar de que -desde el primer momento- las víctimas indirectas que presenciaron los hechos, hacen el señalamiento directo del o los perpetradores del crimen, las carpetas de investigación son iniciadas como homicidios y no como feminicidios, y mucho menos se aplican los protocolos de investigación sobre feminicidio, señalan en su comunicado los grupos defensores de derechos.
Víctimas de feminicidio hicieron denuncias por violencia doméstica y no las protegieron
Los defensores destacaron que “en casos de feminicidio que se encuentran en proceso judicial actualmente, muchas de las víctimas denunciaron previamente violencia doméstica, y las instituciones encargadas, no garantizaron la seguridad de las mujeres, dejándolas en total indefensión que derivó en daños irreparables”.
En ese sentido, indicaron, las acciones y omisiones de las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la vida de las mujeres a una vida libre de violencia, y la falta de su atención pronta y efectiva, deriva en que muchas de las agresiones puedan concluir en feminicidios.
Por lo anterior el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio nos manifestamos y exigieron a las autoridades:
-Implementar de manera inmediata y efectiva políticas públicas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los feminicidios y la violencia contra las mujeres en el estado.
-Que la Fiscalía General del Estado de Guerrero, dote de recursos humanos e infraestructura a la Unidad Especializada en Feminicidios y en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con sede en Tlapa, Guerrero; para dar seguimiento a las carpetas de investigación por feminicidio y violencia familiar.
-Que el personal adscrito a las unidades de atención a mujeres cuente con perspectiva de género, interculturalidad y de derechos humanos.
-Que la Fiscalía General, a través de la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales y Violencia familiar, cuente con personal suficiente e infraestructura para asegurar medidas de prevención a mujeres que denuncian violencia familiar cuando son amenazadas con privarlas de la vida.