Por Víctor M. Quintana S.
La masacre de Iguala, en ese sureño estado de Guerrero, los 43 muchachos desaparecidos, han develado importantes aspectos de nuestra dolorosa realidad y están generando un cambio cualitativo en este país, que por fin se está moviendo, afortunadamente no como el presidente Peña Nieto proclama en su slogan.
Ya casi se me convierte en obsesión una categoría de análisis, de tanto verla realizada en nuestra cotidianeidad: la «societas sceleris», sociedad de crimen. La utiliza el politólogo brasileiro Helio Jaguaribe para analizar las sociedades donde el crimen, la ilegalidad, la violación al estado del derecho no sólo se hacen comunes, sino que se toleran, incluso se promueven desde el poder político formal.
Así, los sucesos de Guerrero revelan que en este país no son casos aislados un presidente municipal ligado al narco, como el de Iguala, ni la cúpula de un partido político tibio ante la delincuencia de sus militantes, como la del supuestamente izquierdista, PRD. Que la delincuencia ha penetrado desde el patrullero hasta las altas esferas de la administración de la justicia. Que el Estado mexicano es casa tomada, como reza aquel espléndido cuento de Julio Cortázar. Ocupadas por el crimen organizado muchas de sus instancias en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial; en los tres órdenes de gobierno, en las paraestatales, como Pemex, en los partidos, en los sindicatos.
Si para el despojo criminal, ilegal, del patrimonio de la gente y de la Nación, supura la complicidad políticos-delincuentes, también se percibe con claridad cuando se trata de la alianza políticos-megaempresarios. ¿Cómo no cruzar a la delgada línea roja que separa lo ilegal de lo ilegal para apoderarse, con leyes reformadas a modo, de la riqueza de la Nación y sus comunidades? Al despojo sangriento operado por las bandas criminales hay que sumar la acumulación por despojo del subsuelo, de los territorios, del agua, de los recursos naturales, ahora formalizado, naturalizado por las flamantes reformas estructurales. No es extraño que un Estado sea rehén de las mafias delincuenciales cuando ha aceptado, negociado, mejor dicho, ser rehén y socio de las mafias mineras canadienses, de las cuatro hermanas petroleras trasnacionales de los grandes consorcios que lucran con el agua, con las semillas transgénicas.
México se está ucranizando. En aquel país, los intereses norteamericanos y europeos occidentales apoyan a un gobierno despótico y a grupos armados neonazis para poder controlar la explotación del gas shale y establecer miles de hectáreas de cultivos transgénicos para la producción de agrocombustibles. Con esto pretenden quebrar el dominio de Rusia sobre el suministro de gas a Europa, a la vez que impiden que los países no amigos como Irán y los de Sudamérica, sobre todo Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela se fortalezcan como competidores en el ciclo de la energía y de los alimentos.
Tienen horror de que en México soplen vientos de independencia… de los Estados Unidos y de acercamiento con América del Sur, de donde está brotando la esperanza del planeta, según Noam Chomsky. Y su horror no son los partidos de izquierda, sino toda la diversidad de movimientos desde las raíces, la diversidad de resistencias que brotan por todos los rumbos. Por eso criminalizan, asesinan, o cuando menos encarcelan a los liderazgos, también múltiples y diversos. Han atacado, infiltrado, masacrado a las autodefensas y tienen presos al Dr. Mireles, el alzado de Michoacán, y a Nestora Salgado, la valerosa e inteligente lideresa de Olinalá, Guerrero. Mario Luna, y Fernando Valencia, jefes de la tribu yaqui, también están presos por defender su agua.
Y cuando la ley no se pone a modo, cuando las llamadas fuerzas del orden no pueden actuar, ahí están los sicarios del crimen organizado para hacer el trabajo sucio en defensa de los intereses mafiosos: Se cumplen dos años del asesinato en el norteño estado de Chihuahua, de Ismael Solorio y Manuelita Solís, caídos en defensa de su territorio y su agua en contra de una minera canadiense y de los menonitas ricos. Y ahora, los muchachos normalistas de Ayotzinapa. Parece que la consigna es: aterrorizar, anular o de plano, eliminar todo vestigio de movilización de protesta y de resistencia. Esto lo señala con mucho acierto el grupo que llama a una Constituyente Ciudadana, encabezado por el Obispo Raúl Vera. No sólo es interés de los alcaldes o gobernadores corruptos, también del régimen que encabeza Peña Nieto y sus mandamases allende las fronteras, ahuyentar, atemorizar cualquier movimiento de protesta y de resistencia.
A pesar de todo, en medio de tanta mafia, de tanta muerte, de tanto dolor, de tanta sangre, estos días de octubre nos han alimentado las ganas de creer. Ha sido maravillosa la gran reacción, la gran convergencia nacional e internacional demandando la presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa. Han estado de frente los jóvenes, y qué bueno. Desde los más radicales de otras normales rurales, hasta los de la UNAM, la UAM, hasta los chicos de las universidades particulares, como la Ibero, del Tec de Monterrey y hasta del ITAM. De todos los lugares sociales se ha elevado el mismo clamor. Parece que por fin este país se está dando cuenta que más allá de todas las diferencias, hay sólo dos clases sociales: la de unos pocos de aquí y de afuera que concentran el poder económico, el político y el mediático, y la de la gente honesta, trabajadora con mucho, poco o nada de dinero. La masacre de Iguala nos iguala.
El país de todas y de todos contra el país de las mafias. Esa confrontación nacional, no un problema local, es lo que se juega ahora en Guerrero.