La empresa GESA, apoyada por el gobernador Moreno Valle promete programas sociales estatales y federales. El representante de GESA en la Sierra Norte de Puebla, ha trabajado en OHL, la constructora favorita de Peña Nieto
por Leticia Ánimas
Regeneración, 14 de octubre de 2014. Xochitlán, Puebla. Ejecutivos de la empresa Generadora de Energía San Antonio (GESA) intentaron obligar a pobladores de Xochitlán a firmar un contrato “injusto, ilegal y desventajoso” que contiene la supuesta promesa de venta de sus terrenos para la construcción de un acceso al río Zempola donde instalarán una hidroeléctrica, denunciaron campesinos afectados.
Trataron de convencernos por todos los medios de que firmáramos, “nos prometieron que habrá programas federales y estatales para el campo. Que gestionarán obras. Que habrá universidades”, denuncia don Florencio López, uno de los asistentes a la reunión que realizada en Zacapoaxtla en la que estuvieron sólo 12 de los dueños de terrenos del municipio de Xochitlán, porque aclara que no llegaron los de Zoquiapan, ni los de Atlequizayan, tampoco los de Nauzontla, ni los de Zapotitlán.
“Nos dijeron que sólo van a poner un tubo de dos metros y medio de diámetro y que en tiempo de secas no trabajarían los generadores. Entonces les preguntamos que si eso les convenía porque una empresa lo que quiere es ganar y no tener pérdidas y acá el agua baja mucho a finales de marzo, abril y mayo y eso no iba a ser redituable”, agrega don Florencio.
También, cuenta, le explicaron que nada tienen que ver con la minería, porque ellos le van a vender a CFE, pero que si CFE les vende a los mineros, “pues ése ya no es su problema”.
Parece que tienen mucha apuración, añade don Florencio, porque quien se presentó como el ingeniero Juan Alberto Rodríguez -uno que dice que viene de Guadalajara y que tiene mucha experiencia hidroeléctricas; ha trabajado para OHL, la empresa consentida de Peña Nieto- les pidió que como muestra de que ya habían entrado en confianza llenaran el contrato, lo firmaran, le entregaran una copia de su credencial de elector y otra de su escritura. Incluso a quienes no son dueños de los terrenos.
Pero nadie firmó, ni le dio nada, señala.
“Dicen ellos que somos beneficiarios del proyecto. Que no conocemos la parte bonita. Que la hidroeléctrica es sustentable. Que no afecta. Obvio alguna gente está dudando si le entra o no. Y que una vez teniendo la firma ellos podrán gestionar huertos de hortalizas orgánicos, viveros para la producción forestal, cultivos de hongos seta. Todo con ayuda del gobierno federal y estatal”, agrega López a nombre de sus vecinos.
También les dijeron que desarrollarán las instituciones de educación superior e infraestructura para asegurar la vialidad.
Los pobladores de Xochitlan refieren que el “ingeniero” Rodríguez les dijo que una vez que firmaran ellos le iban a llevar los documentos a la Semarnat para justificar que ya están trabajando. “Que en Zoquiapan donde ha habido mayor oposición, pues ya todo está controlado. Y que después vendrán a hablar con la autoridad y con toda la población”
Florencio López, asegura, que abandonó la reunión cuando se dio cuenta que querían obligarlos a firmar, pero como algunos de sus paisanos lo siguieron regresó para preguntarles a los de la empresa varias dudas que le surgieron. “Les pregunté si nos iban a pagar a precio de catastro, porque el papel que nos dieron no tiene ninguno”.
“Me contestaron que van a pagar más y que ellos están acatando el Convenio 169 de la OIT y que no van a atropellar nuestro derecho. Por eso les pedimos que bajen y hablen con toda la población porque nosotros podíamos firmar pero hay muchos que no están de acuerdo y se nos iban a ir encima. Eso, dijeron, lo harán después porque quien va a hacer la consulta es la Secretaría de Energía”, narra.
El contrato es leonino
Para la abogada de los pobladores de Xochitlán, Patricia Sánchez, el documento que querían que firmaran –cuya copia fue entregada a este medio de comunicación por los asistentes a la reunión-, es “leonino, ilegal y desventajoso”, porque contiene únicamente obligaciones para los propietarios y ninguna para la empresa.
“No se establece un precio cierto para sus tierras, no hay un plazo cierto para su cumplimiento, no está fundado legalmente, ni dice a qué tribunales se podrían someter para su cumplimiento”, afirma la profesionistas tras analizarlo.
Además, asegura, en el “colmo de la ilegalidad” los empresarios pretenden que quienes no son dueños de los terrenos, se comprometan a vendérselos, cuando es sabido que “nadie puede vender lo que no es suyo. Los están queriendo hacer que cometan un delito”, manifiesta Sánchez.
Esto se puede ver en uno de los puntos en que se establece “ilógicamente” que el “propietario es usuario del predio que está a nombre de un tercero que es su familiar. Pero aunque sea de un familiar no puede venderlo ni comprometerlo en una venta, si no es suyo. Estaría cometiendo un delito”
“Otro punto es que dice la empresa que en caso de que el terreno esté intestado o en otro tipo de juicio, ella pagará los gastos de éste y su escrituración, pero entonces la gente renuncia a que le paguen sus tierras. O se da por pagada mediante este medio. Y esto, como todo lo demás, sólo beneficia a los empresarios”, agrega.
Los acuerdos de este tipo, aclara, que son en realidad una promesa de venta, según el Código Civil vigente en el estado de Puebla, deben contener las mismas formalidades que un contrato de compraventa para que tengan validez, detalla.
“Acá lo único que quedó claro, asegura, es la intención de la empresa de ganar, ganar. Y no le importa lo que diga o decidan los indígenas”.
Este es el contrato que pretende imponer GESA a las comunidades de la Cuenca del río Zempoala en la Sierra Norte de Puebla:
