por Leticia Ánimas
Los pobladores rechazan las represas. El Consejo de la Tierra Tiyat-tlali presentó observaciones y objeciones técnicas, ambientales y sociales al sistema hidroeléctrico de ICA en la “consulta técnica” convocada por Semarnat
Regeneración, 17 de marzo de 2015. Huauchinango, Puebla. La construcción de cuatro hidroeléctricas de ICA sobre el río Apulco en la sierra norte de Puebla causará afectaciones directas a por lo menos el 25 por ciento del afluente y alteraciones a la forma de vida y la cultura de los pueblos asentados a su alrededor, estimaron miembros del Consejo de la Tierra Tiyat-Tlali en la consulta convocada por Semarnat.
Tras desmentir a Daniela Migoya Mastretta, delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el estado, quien aseguró que nadie había participado en la “consulta técnica” organizada por la dependencia, Leonardo Durán indicó que entregaron oficialmente varias actas y observaciones técnicas a las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) presentadas por la empresa Controladora de Operaciones de Infraestructura, S. A. de C.V., filial de ICA.
En entrevista telefónica, Durán explicó que las generadoras de energía “ANA”, “DIEGO”, “CONDE” y “BOCA” abarcarán cerca de 26.5 kilómetros del Apulco, lo que representa una “amenaza para el río y sus expresiones de vida y la gente que se beneficia de él, pues significa la afectación directa de cerca de una cuarta parte del total de su cauce”.
Pero lo más grave es que estas afectaciones ambientales se suman a los impactos acumulados por la existencia de otras obras de la misma índole, como la presa de La Soledad que altera “por completo el cauce del río y sumada a las que quieren hacer, estamos hablando de un tramo perturbado de 50 kilómetros, lo que representaría la alteración de 45 por ciento del caudal”, precisó.
En un documento presentado ante la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental de la Semarnat el pasado 24 de febrero, dijo, se establecieron éste y otras consideraciones técnicas por las que deben desecharse no sólo las MIA’s sino la construcción de las centrales hidroeléctricas, “como ya se hizo con unos proyectos parecidos en el río Bobos en el vecino estado de Veracruz”.
De manera “tramposa”, la empresa presentó un manifiesto de impacto ambiental por cada uno de los cuatro proyectos, maquillando las afectaciones para hacerlos factibles, pero se trata de un mismo río “hay un proyecto detrás de otro, entonces debería haber una sola manifestación de impacto ambiental y social”, señaló Durán.
En el caso de Cuetzalan, por ejemplo, pretenden construir una subestación pegada a la cabecera municipal, que llevaría la energía hasta la casa de máquinas del proyecto “DIEGO” y seguiría unos siete kilómetros en una línea de transmisión en una de las zonas más conservadas del municipio “en donde se encuentran los manantiales que surten de agua a la población”.
Se trata de la reserva de Bosque Mesófilo de Montaña más grande de la sierra nororiental poblana -–la micro cuenca Cuicatl con unas 5 mil hectáreas- ubicada al sur de Cuetzalan, donde están los manantiales que abastecen a 80 de las comunidades de este municipio y donde se han detectado animales considerados en peligro de extinción, especies amenazadas y otras con estatus de protección especial como el ocelote, la marta, el tigrillo, la nutria, el jaguarundí, el pécari, el oso hormiguero, entre muchas otras, además de flora y reptiles endémicos y más de 400 especies de aves.
IGNORADA O MENTIROSA
Por ello, Durán consideró que las declaraciones de la delegada de Semarnat en Puebla, Daniela Migoya Mastretta revelan que “no la toman en cuenta o está mintiendo”, porque además ante esa dependencia se han presentado las actas de asamblea en las que los pueblos han manifestado su oposición a la construcción de las hidroeléctricas de la empresa ICA.
Por ejemplo, indicó, tras una una reunión en Atotocoyan, mediante un oficio se solicitó a la Semarnat que rechace los MIA’s de las cuatro hidroeléctricas que quieren hacer en el río Apulco. El documento tuvo respuesta el 8 de febrero, cuando la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental indicó que su determinación sería considerada al resolver las solicitudes de la empresa.