La impunidad, corrupción y violencia de las autoridades del Estado de Veracruz en el caso del asesinato de Moisés Sánchez, propician vulnerabilidad para la familia del periodista, señaló Artículo 19.
Regeneración a 05 de enero del 2016.- Luego de un año del levantamiento de Moisés Sánchez Cerezo, quien desempeñaba actividades periodísticas, hasta la fecha no han sido garantizadas la verdad, justicia y reparación para su familia, indicó la organización Artículo 19.
En un recuento publicado el lunes, la organización internacional recordó que Moisés Sánchez fue levantado por al menos seis hombres quienes irrumpieron en su domicilio en la localidad de El Tejar, municipio de Medellín de Bravo en Veracruz.
“Tanto autoridades estatales como federales han intervenido sin que a la fecha se hayan esclarecido los hechos y mucho menos procesado a todos los responsables”, dice la publicación.
Luego del asesinato, el Gobernador de Veracruz, trató de desacreditar la actividad periodística de Sánchez Cerezo diciendo que no era periodista, sino un taxista, actividad que efectivamente realizaba pero que no anulaba su vocación por la información.
“El luto permanece en nuestra familia después presenciar el horror de que un comando armado se lleve a la pareja de toda tu vida… ser testigo del secuestro de tu abuelito… desgarrar la garganta exigiendo que regresen con vida a tu hermano… imaginar el calvario de contemplar la más bestial tortura hacia tu hijo… frente al cuerpo extinto de tu padre, contemplar despedazada toda esperanza…”, dijo Jorge Sánchez, hijo de Moisés.
Con el fin de nivelar el efecto negativo de las declaraciones del gobernador, el entonces Procurador de Justicia decidió dar golpes mediáticos presentando al asesino “confeso”, Clemente Noé Rodríguez Martínez, así como arraigando a 13 policías.
Rodríguez Martínez, confesó después que el autor intelectual del hecho había sido el alcalde de la localidad, Omar Cruz Reyes, sin embargo, no lo hizo con el sigilo que supuestamente se deben regir las investigaciones de homicidio, puso en alerta al edil quién consiguió un amparo contra el orden de aprehensión por su presunta participación en el hecho.
La organización señala que las instituciones ministeriales incurrieron en graves fallas en la aplicación de protocolos en los procedimientos para la localización y búsqueda de Moisés desde su desaparición.
Pero también en el procedimiento para encontrar a los responsables; por si fuera poco, la Comisión Nacional como la estatal de Derechos Humanos han tenido un papel pasivo en la integración y determinación de las violaciones de Moisés y su familia.
Mientras la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), abrió su propia investigación, pero se ha negado rotundamente a ejercer su facultad de atracción.
En resumidas cuentas, la impunidad, corrupción y violencia de las instituciones contra Moisés Sánchez y su familia, los colocan en una situación de vulnerabilidad de la que no se ve el final.
Con información de Aristegui Noticias