Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, dijo a la BBC que declararán la independencia de España «en cuestión de días».
Regeneración, 4 de octubre de 2017. En su primera entrevista después del controvertido referéndum del domingo pasado, Carles Puigdemont aseguró que su gobierno «actuará a finales de esta semana o comienzos de la próxima».
«Vamos a declarar la independencia 48 horas después de que se hagan oficiales todos los resultados que se están escrutando. Probablemente esto va a acabar cuando haya los votos del exterior y por tanto nos movemos entre el fin de semana e inicios de la semana que viene», señaló Puigdemont en una conversación con el corresponsal de la BBC Tom Burridge.
La máxima autoridad del gobierno catalán habló con la BBC momentos antes de que el rey Felipe VI hiciera una declaración institucional en la que acusó a las autoridades autonómicas catalanas de haber actuado con una «deslealtad inadmisible» hacia el Estado español.
El rey Felipe VI de España calificó de ilegal y contrario a la democracia el referéndum independentista de Cataluña.
Consultado acerca de qué haría si el gobierno de España, que preside Mariano Rajoy, interviene para tomar el control del gobierno catalán, el President catalán afirmó que «sería un error que cambiaría todo».
«Va a ser otro error de esta cadena de errores. Después de cada error hemos salido más reforzados. Hoy estamos más cerca de la independencia que hace un mes y no solo porque avanzamos en el calendario que teníamos fijado, sino porque a cada semana y a cada error, hemos acumulado más fuerza social, más mayoría en Cataluña que no acepta esta situación», dijo.
«La intervención de la autonomía, el arresto de los miembros del gobierno o mi arresto. Esto puede ser el error definitivo», agregó.
Puigdemont calificó como «muy decepcionante» la reacción de la Unión Europea a la actuación de las autoridades policiales españolas, señaladas de cometer excesos violentos en sus esfuerzos por evitar la realización de la consulta.
De igual modo, se mostró en desacuerdo con la declaración hecha el lunes pasado por la Comisión Europea asegurando que los sucesos en Cataluña son un asunto interno de España.
Puigdemont reveló que en la actualidad no hay contactos entre el gobierno de Rajoy y la Generalitat de Cataluña.
Tensiones por la violencia de la policía nacional
El referéndum sobre la independencia de Cataluña fue organizado por las autoridades autonómicas pese a que el Tribunal Constitucional de España lo había declarado ilegal.
El gobierno de Rajoy realizó un gran despliegue policial para evitar la consulta y durante esa jornada la actuación policial dejó un saldo de más de 800 heridos.
Pese a ello, unos 2,3 millones de personas (42% de la población con derecho al voto) participaron en la votación, según cifras de los organizadores, quienes aseguraron que 90% de los votantes respaldaron la propuesta de independizarse de España.
En protesta por la actuación policial del domingo, este martes se realizó un «paro general» en Cataluña, en cuyas principales ciudades se produjeron manifestaciones multitudinarias.
En Barcelona, más de 700.000 personas salieron a las calles, según cifras de la policía local citadas por AFP.
En la capital catalana hubo también más de 50 cortes de calles, lo que generó grandes atascos en el tráfico.
El metro trabajó a 25% de su capacidad en horas punta y grandes atracciones turísticas como el templo de la Sagrada Familia permanecieron cerradas.
Ruptura
Este martes, el rey de España, Felipe VI, fijó posición por primera vez desde el referéndum catalán del domingo.
En una declaración institucional, el monarca criticó duramente a las autoridades regionales catalanas acusándolas de actuar con una «deslealtad inadmisible» y de haber «pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional».
«Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada», señaló y advirtió que, como consecuencia de este proceso, incluso se puede poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España.
El jefe de Estado español consideró que la situación planteada es «de extrema gravedad», por lo que «es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía».