La pobreza, marginación, desigualdad y falta de oportunidades coloca en particular situación de riesgo a los integrantes de pueblos y comunidades indígenas frente al delito de la trata de personas
Los niños indígenas forzados a la mendicidad en las grandes ciudades del país y destinos turísticos
31 de agosto de 2014.-En el problema de la trata de persona los menos visibles son los indígenas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos requirió información a las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de los estados, únicamente enviaron reportes las Procuradurías de Guerrero, Estado de México (triqui) y Tabasco, así como la Procuraduría General de la República (tarahumara y tzotzil).
Incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores documentó casos de víctimas de origen mexicano pertenecientes a los grupos lingüísticos náhuatl, mixteco, huasteco, tlapaneco, triqui, tzotzil y zapoteco en el extranjero.
La Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos documentó dos casos en agravio de personas indígenas pertenecientes a las etnias tzotzil y mame.
Sin embargo, la mayoría de las autoridades respondió no contar con información disponible al respecto. No obstante que este sector de la población se encuentra en particular riesgo frente a este delito, y que un porcentaje significativo de la población nacional pertenece a pueblos y comunidades indígenas, el número de casos registrados es muy pequeño en comparación con el resto de la población.
En el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México se advierte que todo esto resulta un indicativo de la ausencia de mecanismos de este sector para acceder a la justicia, miedo a denunciar, desconocimiento del tema (y del carácter delictuoso de la trata), lejanía de las autoridades, así como tolerancia social hacia diversas prácticas de explotación en perjuicio de pueblos y comunidades indígenas.
A lo largo del estudio, la CNDH evidenció que la pobreza, marginación, desigualdad y falta de oportunidades coloca en particular situación de riesgo a los integrantes de pueblos y comunidades indígenas frente al delito de la trata de personas, porque tienen menos posibilidades de hacer efectivos sus derechos a la alimentación, salud, educación y acceso a la justicia
Y es que en la modalidad de trata con fines de explotación laboral, se han detectado casos de menores de edad tanto nacionales como extranjeros en muy diversas ciudades y sectores. Los niños indígenas forzados a la mendicidad en las grandes ciudades del país y destinos turísticos, así como de los niños extranjeros —principalmente de origen guatemalteco— obligados a pedir limosna o a trabajar en el comercio informal, en fincas agrícolas, en el servicio doméstico, en giros negros y en otros sectores de la economía clandestina.
“La necesidad económica a menudo los obliga a migrar dentro o fuera del territorio nacional, sea en compañía de sus padres o individualmente, así como a aceptar trabajos en condiciones de explotación, lo que incrementa su riesgo de caer víctimas de la trata de personas. Subsiste, asimismo, la práctica del matrimonio forzado, esto es, celebrado bajo coacción física, psicológica, sexual o emocional, o mediante presiones más sutiles, como el miedo, la intimidación, las expectativas sociales y familiares o motivos económicos, en virtud de los cuales una mujer es dada en matrimonio sin derecho a oponerse, y que en ocasiones han derivado en explotación sexual o laboral”.
(información: El Economista)