INE aprueba el diseño y la impresión de la papeleta, la plantilla braille y el sello para campo de municipio de la boleta para realizar la consulta popular para enjuiciar a expresidentes.
Regeneración, 2 de junio del 2021. La Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) autorizó el diseño y la impresión de la papeleta, la plantilla braille y el sello para campo de municipio de la boleta para realizar la consulta popular para enjuiciar a expresidentes de México.
La consulta se realizará el próximo 1 de agosto, luego de que el Senado de la República la aprobara a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitó eliminar los nombres de los exmandatarios de la boleta para asegurar la presunción de inocencia, por lo que reformuló la pregunta.
«¿Estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, es el cuestionamiento que aparecerá en la boleta.
¿Quiénes serán los expresidentes juzgados?
Los expresidentes a los que se pretende enjuiciar son: Carlos Salinas de Gortari, que gobernó de 1988 a 1994; Ernesto Zedillo, de 1994 al 2000; Vicente Fox, del año 2000 al 2006; Felipe Calderón, del 2006 al 2012, y Enrique Peña Nieto, durante el sexenio previo al de AMLO.
La consulta costará aproximadamente 890 millones de pesos y será pagada con recursos públicos del INE; los cuales se usarán para pagar la organización, desarrollo, coordinación, difusión, ubicación, conformación e integración de casillas. Además, el organismo desarrollará el escrutinio, cómputo de las boletas y validará los resultados.
Inicialmente, el jefe del Ejecutivo quería realizar la consulta durante las elecciones del
próximo 6 de junio y, en septiembre del año pasado, dio a conocer que las conductas a
juzgar serían la concentración ilícita de riqueza, desfalco del erario público, privatización
de bienes de la nación, corrupción, fraudes electorales, influyentismo que aumentó la violencia; violación de derechos humanos y quiebre del Estado de derecho.