El círculo de poder peñista comenzó a perfilar la salida forzosa del mandatario veracruzano, ante el peligro de perder en las elecciones de la entidad más importante en términos numéricos y simbólicos para el PRI.
Por Jenaro Villamil
Entre el 20 y el 22 de febrero pasados se prendieron los focos rojos en Los Pinos. El reporte de la Auditoría Superior de la Federación señaló a Veracruz, gobernada por Javier Duarte, como la entidad con el peor ejercicio del gasto federal en 2014.
El daño patrimonial ascendió tan sólo ese año a 14 mil 47 millones de pesos. En total, desde que llegó al poder Duarte de Ochoa, el daño suma 35 mil 421 millones de pesos.
Con estas cuentas encima, en el círculo de poder peñista comenzó a perfilarse la salida forzosa del mandatario veracruzano, ante el peligro de perder en las elecciones del 5 de junio próximo la entidad más importante en términos numéricos y simbólicos para el PRI.
En esos mismos círculos se mencionó a Luis Videgaray, el titular de Hacienda y Crédito Público, como el principal interesado en remover a Javier Duarte. Fueron las cuentas del desfalco y no los terribles indicadores de violencia, intolerancia, persecución y desgobierno lo que colmó el vaso contra uno de los mandatarios estatales priistas peor calificados a nivel nacional.
A la operación para remover o forzar la salida de Duarte se sumó el líder priista Manlio Fabio Beltrones e intervino el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, adversario interno de Videgaray en la carrera presidencial por el 2018.
El exgobernador sonorense ya había advertido antes los riesgos de esta operación y propuso que las baterías se dirigieran mejor contra otros políticos, como el exmandatario panista de Sonora, Guillermo Padrés, para dar una muestra de combate a la corrupción. Pero las señales apuntaban a Javier Duarte.
Beltrones declaró el 22 de febrero en Tabasco que “Javier Duarte deberá estar presentando, obviamente, cuentas concretas y verdaderas a los veracruzanos”. El inédito mensaje del líder nacional del PRI prendió los focos rojos en Veracruz.
Al día siguiente, el miércoles 23 de febrero, el mismo Beltrones matizó sus declaraciones señalando que “Duarte y cualquier gobernador, cualquier funcionario público” deberá rendir cuentas.
Mientras, en las calles de Xalapa y del puerto de Veracruz se movilizaron decenas de universitarios para reclamar el adeudo de dos mil millones de pesos a la Universidad Veracruzana por parte del gobierno duartista. Al mismo tiempo, el mandatario se movilizó en redes sociales y en Bucareli para ganar tiempo e impunidad.
Su “inminente” salida se pospuso. La anunciada conferencia de prensa de Osorio Chong en la Ciudad de México se canceló. ¿Qué negociaron? ¿Cuál fue el último tanque de oxígeno que se le entregó desde Gobernación a Duarte? No se ha dicho con claridad.
El jueves 24, el mandatario se envolvió en la bandera de víctima de los “tiempos electorales” de su entidad y comenzó a organizar ceremonias de autoelogio, tan grotescas como la realizada el lunes 29 de febrero, utilizando a sus propios hijos y principales colaboradores para decir “tengo las manos limpias y la frente en alto”.
En el patio central de Palacio de Gobierno, reunió a diputados locales y federales, así como a integrantes de su gabinete para “aclarar” que han sido solventadas las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación “de acuerdo con los tiempos legales” y, con ello, negar que existieran irregularidades.
Por el contrario, el auditor superior Juan Manuel Portal ha declarado que Javier Duarte “no tiene forma de demostrar que no los desvió (los recursos). Quiere demostrar con documentación, que no sustenta nada, que ya lo está comprobando. Y no es así. Yo lo que quisiera es pedirle que veamos en qué gastó todo ese dinero. No hay respuesta”.
El pasivo político
Si en términos financieros, el Veracruz gobernado por Javier Duarte ha resultado un desastre, en el plano electoral el mandatario estatal se ha vuelto un “pasivo político”, según declaró este martes 1 de marzo el propio candidato priista a gobernador, Héctor Yunes Landa.
El otro Yunes, Miguel Ángel, lanzó desde su cuenta de Twitter varios mensajes contra Javier Duarte para reclamar su salida del gobierno. Todo parece indicar que su adversario hace seis años, expriista y exaliado de Elba Esther Gordillo, podría ganar la gubernatura de Veracruz.
Yunes Landa, su primo, le respondió también en su cuenta de Twitter, el pasado 24 de febrero:
“Es muy fácil desde la oposición ser crítico, pero ser oposición dentro de tu partido tiene riesgos, costos y yo los he pagado”.
A la guerra de mensajes en las redes sociales se sumó el propio Javier Duarte presentándose como víctima de una conjura:
“Ayer lo de la Parroquia, hoy lo de la violencia, a ver mañana con qué nuevo invento salen. #Tiemposelectorales”, afirmó el mandatario.
Duarte se refería al video ampliamente difundido donde decenas de comensales del legendario café La Parroquia del puerto de Veracruz le gritaban “¡Fuera Duarte, Fuera Duarte!”. El mandatario afirmó que se trataba de un montaje porque él nunca estuvo en ese lugar.
Lo que no es ningún teatro es el repudio creciente contra él, ya no de las víctimas de sus excesos y de su estilo criminógeno de gobernar, sino de los propios burócratas, priistas y exaliados que lo ven como una amenaza para la continuidad del sistema priista en la entidad.
Arturo Bermúdez, el represor
El hundimiento irrefrenable de Javier Duarte también tiene otro nombre y apellido: el jefe de la policía estatal Arturo Bermúdez Zurita, señalado una y otra vez como el artífice de una política represiva que llegó a su punto de mayor escándalo nacional e internacional con la participación de elementos de su corporación en la desaparición de los cinco jóvenes de Tierra Blanca, el pasado 11 de enero.
El octavo policía estatal de Veracruz detenido como presunto responsable de estos hechos, Rubén Pérez Andrade, declaró este 1 de marzo que los jóvenes de Tierra Blanca fueron “quemados, metidos en un molino de caña y tirados en un pequeño río del rancho El Limón”.
Como una réplica de la tragedia de Iguala, en Tierra Blanca pretenden lavarse las manos de la responsabilidad tanto el jefe de la policía como el mismo Duarte.
Es el mismo guión que han ensayado a lo largo de cinco años para justificar la impunidad en todos los 17 asesinatos de periodistas y comunicadores en esta entidad. Como si ocurriera en otro estado y él no fuera el responsable último de la seguridad ciudadana veracruzana, el gobernador priista ha llevado al extremo mayúsculo su cinismo para criminalizar a los periodistas asesinados y deslindarse.
Para esta estrategia criminal ha contado con la eficiente labor de Bermúdez Zurita, cuyos tentáculos llegaron hasta el caso de las cinco personas asesinadas en el departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México el 31 de julio de 2015.
Hasta ahora, ya se comienza a ventilar en algunos medios nacionales, como La Jornada, la responsabilidad de Bermúdez Zurita en la desaparición a manos de agentes de la policía estatal, del cantante de La Voz México, Gibrán Martiz Díaz, y dos jóvenes más que lo acompañaban el 7 de enero de 2014.
El caso ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero Javier Duarte sigue organizando sus ceremonias de autoapoyo en medio de la pesadilla más siniestra que haya vivido Veracruz.
Vía Proceso