Por Magdalena Gómez*/La Jornada*
Los pasados 22, 23 y 25 de junio el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó y debatió el proyecto de resolución sobre el amparo en revisión 295/2014 y citó de nueva cuenta para el 29 de junio (cuya versión taquigráfica no conozco al momento de entregar esta colaboración). Sin embargo, la no conclusión formal del proceso para que se emita una resolución firme no impidió el despliegue de una intensa campaña mediática contra la CNTE, (a pesar de que dicho amparo fue promovido por el comité ejecutivo nacional democrático) decretando el fin de la vía legal y su derrota total frente a la mal llamada reforma educativa. Ello a partir de las conclusiones del proyecto, que en efecto son contrarias a la postura de integrantes del magisterio que promovieron el amparo, al considerar a la evaluación que regula la ley del servicio profesional docente es violatoria a su derecho a la estabilidad en el empleo, entre otros.
El eje del proyecto es que no se ampara ni protege a los quejosos y muy probablemente tal postura, a estas horas, ha sido avalada por el pleno. El debate en la SCJN sirve bien para que el Ejecutivo considere que tiene un aval a la reforma proclamada como la más importante. Sin embargo, reproduce sin cuestionar que la evaluación impugnada forma parte de un nuevo diseño del sistema de educación en nuestro país, como señalaron las autoridades en sus informes, cuyo discurso no merece mayor cuestionamiento, simplemente se da por hecho que la evaluación se vincula a la calidad educativa y, por tanto, al logro del interés superior de los educandos.
La evaluación, sostuvieron, garantiza que quienes estén al frente de un aula cuenten con los conocimientos actualizados y las aptitudes necesarias para desempeñar la labor. Para dejar esto asentado no requirieron por lo menos de un peritaje calificado de profesionales de la educación independientes, que dieran cuenta de la inexistencia de tal nuevo modelo, de los elementos que deberían integrarlo y del diagnóstico sobre el estado actual del campo educativo y, en todo caso, de la falacia de que la evaluación por sí misma representa al nuevo modelo. Para ello se ubicaron en responder al planteamiento de los quejosos, que ciertamente colocaron el énfasis en la afectación laboral. Habrá que ver cómo plantean el engrose. Por lo pronto se perfilan cuestiones que no favorecen al magisterio. Por ejemplo, se preguntaron si la evaluación afecta la estabilidad laboral contenida en el artículo 123 constitucional y concluyeron que no, porque en él se establece la posibilidad de retirar el empleo por causa justificada y el artículo 3º reformado, así como la ley general de servicio profesional docente refiere los escenarios tanto para quienes tienen nombramiento definitivo como para los de ingreso reciente, advirtiendo que no es importante que tales disposiciones estén en un artículo distinto al laboral. Fue motivo de amplio debate y división de posturas si el artículo 3º constitucional reformado define una restricción respecto al 123 o un régimen especial; incluso retomando la posibilidad de considerar la aplicación de tratados internacionales, reiteraron que no implica mayor afectación el hecho de que se les suspenda a los primeros de funciones docentes y se les reubique en otras funciones, como tampoco para quienes pierdan el empleo después de tres intentos fallidos y cursos de regularización intermedios. No es derecho absoluto el de estabilidad en el empleo, anotaron. Un elemento que no ayuda a la causa de la CNTE fue que la SCJN se apoya en que se trata de un amparo contra leyes secundarias del mismo nivel y no contra la Constitución, y que no se cuestionaron desde los quejosos los rasgos del supuesto nuevo modelo, no obstante que se impugnaron las leyes general de educación y la relativa al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Si se ha señalado que se trata de una reforma laboral y no educativa, los quejosos colocaron ese énfasis dejando fuera la multiplicidad de factores que inciden en el resultado del proceso educativo.
Si se concreta la búsqueda de espacios como el interamericano y el de la propia Organización Internacional del Trabajo, tendrían que incorporarse los factores que entrañan la defensa de la educación junto a la de los derechos adquiridos, ello considerando que no serán de respuesta inmediata. En los hechos, se perfila la carta de naturalización del magisterio como el villano favorito de la crisis en el sistema educativo. Y ese terreno tendrá que ser abordado por la CNTE de forma más sistemática y consistente, junto a las movilizaciones. No se puede desestimar que se está colocando en amplios sectores sociales la deslegitimación de su protesta y de su función. El escenario de la decisión de la SCJN, la realización de evaluaciones de última hora y casi a escondidas en Oaxaca y Michoacán, el intento de modificar el marco de la descentralización educativa con la petición al Congreso de legislar para definir quién es el patrón sustituto de los maestros en los estados, el activismo de la iniciativa privada mediante Mexicanos Primero, son piezas fuertes que reposicionan al peñanietismo. Desde la titularidad de la SEP se denuncian las corruptelas que los gobiernos del propio PRI impulsaron en contubernio con el SNTE por varias décadas y que le han sido funcionales. Incluso su combate motivó la creación de la CNTE. Y, como paradoja, hoy todo ello se atribuye a la propia CNTE y se clama por la criminalización de sus liderazgos, mientras el SNTE se mantiene con más pena que gloria organizando servicios electorales y en el disfrute de sus privilegios malhabidos. Si se consolida el avance contra el magisterio democrático el gobierno cobrará nuevos bríos contra otros sectores que serán afectados con la aplicación de las otras reformas estructurales ya aprobadas. Era impensable que un secretario de Defensa saliera a impulsar la reforma educativa. Esa es la medida y el color del mensaje; no nos quedemos en las anécdotas sobre las debilidades meteorológicas del secretario de Educación y los movimientos coyunturales de apertura o cierre en la Secretaría de Gobernación.
Fuente: La Jornada
Foto: http://komanilel.org/