Como en el Porfiriato, las tierras y bosques de las comunidades indígenas y campesinas son despojadas mediante concesiones mineras. Cada día, más pueblos y ejidos toman parte de la defensa de sus tierras, bosques, aguas, lagos, playas y manglares.
La décima parte la superficie de México está en manos de empresas extranjeras. Hay 24 millones de hectáreas concesionadas, el territorio de Chihuahua. Casi todas son explotaciones de tajo a cielo abierto, el método minero más destructivo de todos. Al final, sólo quedarán tierras inservibles y aguas contaminadas.
Un caso emblemático es el de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, donde tras10 años de lucha en defensa del patrimonio histórico y natural, el poder judicial anuló el permiso a Minera San Xavier y la condenó a reponer el daño ambiental; pero sigue operando con apoyo federal y del gobernador priista.
En muchas lugares se repite la misma historia. En el sur la represión se deja sentir. El caso más reciente fue el asesinato de Mariano Abarca Roblero, dirigente del movimiento opositor a la explotación minera de la canadiense Black Fire, en Chicomuselo, Chiapas. Su crimen ocurrió el 27 de noviembre. Hay problemas similares en Chiapas, Oaxaca, Guerrero. La disputa por el territorio entre empresas y campesinos, es cada dia más fuerte. Es urgente la defensa de la tierra y los recursos naturales.