Por Jenaro Villamil | homozapping
Primera parte
Regeneración, 20 de julio 2014.-Como en los mejores tiempos de la sumisión del Poder Legislativo al Ejecutivo federal, sin ninguna movilización o acto de protesta en las calles capitalinas, en un prolongado diálogo de sordos entre la oposición minoritaria de las izquierdas y el bloque del PAN, PRI y su socio el Partido Verde, el paquete de 16 leyes secundarias en materia energéticas, divididas en 4 dictámenes, fueron discutidas y aprobadas fast track en el Senado de la República.
La maquinaria funcionó dócilmente. Sólo balbuceos de algunos priistas como el senador petrolero Carlos Romero Deschamps –quien le reprochó en comisiones al PAN que pretendieran volver “productivo ahora” a Pemex-, o la salida de las bancadas del PRD y del PT en las sesiones del lunes 14 y martes 15 en comisiones para que el bipartidismo PRI-PAN aprobaran 15 votos a favor y 0 en contra los cuatro dictámenes.
No se preocuparon mucho por legislar. Los últimos dictámenes se redactaron en la conserjería jurídica de la Presidencia de la República. Así lo confirman dos correos electrónicos provenientes de la cuenta de Sharon María Teresa Cuenca Ayala, directora general de Vinculación y Enlace de la Consejería Jurídica, enviados al Senado de la República el 7 de julio con el Dictamen 1 (Ley de Hidrocarburos) y otro de la misma fecha con el Dictamen 4 (Organos Reguladores y Agencias), cuya copia tiene Proceso.
Como ocurrió en la ley secundaria de telecomunicaciones, el consejero jurídico Humberto Castillejos y su equipo encabezado por Cuenca Ayala, llevó no sólo la “línea” sino la negociación en presidencia de la República con el PAN, tal como lo admitió el propio coordinador de la bancada Jorge Luis Preciado.
Ante la pregunta de cuáles fueron los principales cambios introducidos en las negociaciones con el PAN, Preciado afirmó que lo más importante “tiene que ver los nombramientos de los consejeros independientes de Petróleos Mexicanos para que sean ratificados por el Senado de la República; el tema de los derechos superficiales que es todo un tema que ha generado controversia; se quitó el tema de la expropiación y quedó ocupación temporal y la posibilidad de que haya una buena negociación entre los dueños de la superficie y los que lleguen a explotar el subsuelo”.
La negociación con los panistas con el consejero jurídico de la presidencia de la República estuvo encabezada por los senadores calderonistas, especialmente por Salvador Vega Casillas, ex titular de la Función Pública, por Jorge Lavalle Mauri y por Francisco Domínguez Servién, así como Ernesto Cordero, el ex coordinador de la bancada y contendiente perdedor por la dirigencia nacional del PAN.
La Presión de EU
Sin embargo, la premura no fue marcada por los tiempos del Ejecutivo federal mexicano sino por los intereses del Departamento de Estado norteamericano y la subsecretaría para América del Norte de la cancillería mexicana.
Desde el lunes 14 de julio entró en vigor el Acuerdo sobre Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos entre México y Estados Unidos que prohíbe la explotación unilateral de las reservas energéticas en aguas del Golfo de México y establece los modelos de contratos entre arrendatarios estadounidenses y Petróleos Mexicanos (Pemex).
El acuerdo, firmado en febrero de 2012, entre la cancillería mexicana y el Departamento de Estado norteamericano, fue aprobado el 19 de diciembre del mismo año por el Senado de Estados Unidos, justo la víspera de que se aprobaran las reformas constitucionales en materia energética en el Congreso mexicano.
El Acuerdo propone “fortalecer la seguridad de América del Norte” y practicar una “administración responsable” de ambos países en esta zona de yacimientos donde se considera que existen 172 mil millones de barriles de crudo y 304 mil millones de pies cúbicos de gas natural.
El acuerdo modifica los derechos de propiedad de la explotación petrolera mexicana, quitándole a Pemex el carácter de operador único. Con las nuevas leyes secundarias, Pemex y las empresas norteamericanas firmarían un convenio de “unitización” (unificación de yacimientos) para determinar las dimensiones de cada yacimiento y las reservas que contiene. Pemex participaría con “no menos del 20 por ciento” de los proyectos de explotación, de acuerdo a los artículos 16 y 17 de la nueva Ley de Hidrocarburos, aprobada ya en el Senado.
En declaraciones al periódico El Financiero, el ex subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Mario Gabriel Budebo, el acuerdo es que si se descubre un yacimiento que está 70 por ciento del lado estadounidense y 30 por ciento del lado mexicano “lo que se extraiga de crudo o gas será distribuido en el mismo porcentaje: 70-30 y así para cada caso que se descubra irá caso por caso”.
La prisa por aprobar las leyes secundarias radica en que la Ley de Hidrocarburos establece las nuevas modalidades de contratos, como son los de servicio, los de utilidad compartida, de producción compartida y licencias, con un porcentaje mínimo de participación de Pemex del 30 por ciento.
Del lado norteamericano empresas como Exxon Mobil, British Petroleum y Chevron ya trabajan a 9.2 y 11 kilómetros del límite fronterizo con México. Una vez promulgada la nueva Ley de Hidrocarburos podrán participar con esquemas como el de la “producción compartida”.
La Ley de Hidrocarburos establece que no hay posibilidad de cancelar los contratos cuando así lo considere pertinente el interés nacional (artículo 20) y salvo en los casos de rescisión administrativa, se prevé la solución de controversias por arbitraje internacional (artículo 21).
Las resoluciones sobre el ganador o declaración de licitación desierta sólo se podrán atacar vía juicio de amparo indirecto. Los actos relacionados con el procedimiento de licitación y adjudicación se consideran de orden público e interés social (artículo 25).
Las nuevas figuras de contratos con privados son los servicios, los de utilidad compartida, los de producción compartida y las licencias. Las modalidades de pago quedaron de la siguiente manera en la Ley de Hidrocarburos: en efectivo para la contratación de servicios; con un porcentaje de la utilidad, con un porcentaje de la producción o con la “transmisión onerosa de los hidrocarburos, una vez extraídos del subsuelo para los contratos anteriores”. También se puede dar una combinación de los cuatro anteriores.