En 2008 Bush comenzó a construir mil kilómetros de muro fronterizo. No pudo expropiar un acre en Cameron, Texas, propiedad de Eloísa Tamez, indígena apache lipan, quien se opone al muro. Tras un largo litigio, Tamez obtuvo un código para abrir una puerta en el muro fronterizo y acceder a la parte sur de sus tierras. Con Trump, un sinnúmero de litigios por las tierras, sobre todo con tribus nativas, podrían retrasar la construcción del muro.
Regeneración, 19 de marzo de 2017. Cada día Eloísa Tamez abre la frontera para visitar sus tierras. Literalmente abre una puerta en el muro fronterizo que está en su patio para acceder a sus tierras ubicadas del otro lado, al sur de la frontera.
Tamez es descendiente de apaches y españoles. Sus tierras ubicadas a las afueras de San Benito, Texas, han pertenecido a su familia desde hace más de tres siglos. “Aquí hemos estados por más de tres siglos”, dice Eloísa Tamez. Esto era parte de México y por unos acuerdos entre México y Estados Unidos quedamos aquí en Estados Unidos. Aquí está enterrado mi ombligo y el de mis antepasados. De uno y otro lado del Río Grande es la misma gente”.
El muro representa una erosión para la democracia en Estados Unidos”, señala en español Eloísa Tamez.
En 2008 Bush comenzó el muro y la lucha de Tamez contra él
En el 2008, la administración de George W. Bush, que había comenzado a construir 670 millas (mil 78 kilómetros) de la cerca fronteriza en su mayoría sobre terrenos que eran propiedad de la Federación en Arizona, California y Nuevo México, en apego a la Ley de la Cerca Segura del 2006, trató de expropiar alrededor de un acre en el Condado de Cameron, Texas, que pertenecía a Eloísa Tamez.
Las cosas no se resolvieron con prontitud.
Tamez luchó contra el Gobierno en una Corte federal. Durante siete años de litigios y negociaciones, ella se hizo famosa por resistirse a la construcción de la cerca fronteriza; eventualmente el Gobierno le pagó 56 mil dólares por un cuarto de acre sobre el cual la cerca fue construida, y le dio un código para abrir la compuerta para que pudiera tener acceso a sus terrenos ubicados al sur de su propiedad.
Imaginen que esto suceda una y otra vez a lo largo de las mil 300 millas (2 mil 92 kilómetros) de frontera que el presidente Trump quiere cubrir con un muro.
‘Pronto comenzaremos la construcción de un gran muro a lo largo de la frontera sur’, según prometió Trump el martes por la noche en su discurso ante el Congreso. ‘Se comenzará a construir antes de lo esperado y, cuando esté terminado, será un arma muy efectiva contra las drogas y el crimen’.
Hacer el muro no es tan sencillo
Pero de hecho, construir un muro, tal como la saga de Tamez lo demuestra, no será tan sencillo como firmar una orden ejecutiva para autorizarlo. El mayor problema no serán los 25 mil millones de dólares que algunos estiman que el muro llegará a costar. La verdadera dificultad para Trump será conseguir el permiso de los propietarios para construirlo —sin importar cuánto dinero se necesite—y las guerras por los terrenos que plagarán sus planes.
Trump, quien dice ser un maestro de la negociación, necesitará coordinar masivas ventas voluntarias de propiedad cerca de la frontera o negociar usufructos de grandes franjas de terreno para la construcción del muro. Eso no será una fácil hazaña. Sólo un tercio de los terrenos donde el muro será erigido son propiedad del Gobierno federal o de tribus nativoamericanas. Y la mayor parte del territorio ya está cercado. El resto de la frontera está controlada por los estados y propietarios privados.
Hacer un estimado de los costos de las ventas negociadas de todo el territorio que está en juego es difícil de concretar en esta primera fase, debido a que la fragmentación ha despertado dudas en torno al valor en el mercado, particularmente para los terrenos en la zona del limbo al sur de donde se planea construir el muro, pero que aún se ubican al norte de la frontera.
Haciendo los costos a un lado, la resistencia está creciendo. Propietarios, tribus nativoamericanas, legisladores republicanos y demócratas se oponen al muro. ¿Qué sucederá si esta resistencia se convierte en un rechazo total a la venta de los terrenos? La única opción de Trump sería la expropiación –lo que podría ser aún más difícil que entablar acuerdos individuales.
Al intentar expropiar los terrenos para el muro, el Gobierno federal se verá enfrascado en procedimientos que toman una gran cantidad de tiempo, en los que se incluyen la consulta y negociación con los bandos afectados —incluyendo propietarios privados, tribus, y gobiernos estatales y locales— antes de tomar cualquier tipo de acción.
La ley federal exige que el gobierno consulte con ‘los propietarios… para minimizar el impacto en el medio ambiente, cultura, comercio, y calidad de vida para las comunidades y habitantes que se ubican cerca de los lugares en los que se construirá este tipo de cercado’.
Luego el Gobierno necesita declarar una expropiación y someterse a los procedimientos de condena.
Los propietarios sujetos a la expropiación de sus terrenos para la construcción del muro tendrán que recibir una compensación por la presencia física de la construcción en sus propiedades. Simplemente determinar esta compensación no es nada fácil en los casos que están en disputa, en los que el terreno y la propiedad en juego son frecuentemente intercambiados en el mercado.
Tal como el caso de Eloísa Tamez lo demuestra, eso es mucha artillería para cientos de propietarios. Estos procesos legales toman tiempo y es poco probable que se lleguen a resolver con prontitud si el Gobierno decide actuar. Si la implementación de la apurada prohibición a los viajeros de Trump nos sirve como indicador, entonces deberíamos esperar una torpe ejecución de los requerimientos y procedimientos estatuarios si la administración intenta condenar los terrenos en la frontera.
Las tierras ancestrales de las tribus el obstáculo más grande
Los terrenos que pertenecen a las tribus nativoamericanas serán un obstáculo aún más grande. La mayoría de los terrenos ubicados a lo largo de donde el muro será construido pertenecen a la Nación Tohono O’odham, incluyendo una reservación que se extiende por 62 millas (99.2 kilómetros) de la frontera en Arizona. Las tribus gozan de ciertos derechos de propiedad en apego a la Constitución y estatutos federales. Muchos de sus terrenos están asegurados por fideicomisos, los que la ley federal reconoce como entidades políticas independientes. Trump necesitará un proyecto de ley del Congreso para adquirir los terrenos tribales, los cuales están protegidos por tratados y otros equivalentes estatuarios.
¿Cuál es el resultado de todo esto? Años y años de litigios antes de la ‘inmediata construcción’ del muro.
Eloísa demandó al secretario Seguridad Interna por el muro
Eloísa Tamez no está acostumbrada a tanta atención. Cuando los reporteros le piden una entrevista todavía se sorprende un poco. “Quiero saber, ¿por qué le interesa mi historia?”, me preguntó cuando la contacté por teléfono para hacer una cita con ella. La respuesta era obvia: “Porque usted es la única persona que ha demandado al secretario Chertoff debido al muro en la frontera”.
Desde que el Congreso de Estados Unidos aprobó el proyecto de construir un muro fronterizo, la vida de quienes viven en el Valle del Río Grande, en Texas, se ha visto radicalmente alterada. Las ciudades ubicadas en ambos lados del río, que marca una frontera natural entre México y Estados Unidos, tienen una relación de amistad y cooperación que data de siglos. Actualmente no se podría entender el desarrollo económico de El Paso, en el lado norte del río, sin Ciudad Juárez, su contraparte en el sur; ni la de Brownsville sin Matamoros, la de Reynosa sin McAllen o la de Eagle Pass sin Piedras Negras. Los habitantes de un lado pasan al otro a trabajar, a comprar, a comer, a veces sólo a pasar la tarde. En los primeros meses del año, algunas de estas ciudades hermanas celebran la tradicional ceremonia del abrazo: los habitantes de un lado y los del otro, encabezados por sus respectivos alcaldes, se dirigen hacia el puente fronterizo. Justo a la mitad, ambos pueblos se encuentran y los alcaldes se dan un abrazo que simboliza la amistad entre ciudades.
En medio de esta vecindad centenaria, al secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Michael Chertoff, se le ocurrió poner un muro. Y el muro tal, según el proyecto, pasará justo por en medio de la casa de Eloísa Tamez.
La casa de Eloísa, quien cuenta con 72 años y es académica de la Universidad de Brownsville, se encuentra en un terreno de tres acres ubicado en el área fronteriza. Descendiente de españoles y apaches, Eloísa asegura que esas tierras han pertenecido a su familia desde hace más de tres siglos. En octubre pasado recibió una llamada del Departamento de Seguridad Interna (DHS) pidiéndole que permitiera la entrada de agentes a su terreno. “Cuando me explicaron lo que era yo les dije que no podía hacer un negocio tan crítico por teléfono”, relata. Días después Eloísa recibió la visita de un ingeniero y un capitán de la Patrulla Fronteriza, quienes le presentaron un documento que pretendían que firmara: un permiso para permanecer en su propiedad haciendo estudios durante un año, en el que especificaban que el DHS no asumía la responsabilidad por los daños que el proyecto pudiera causar al terreno o al inmueble.
Eloísa se negó a firmar y los visitantes le explicaron que, de no hacerlo, enfrentaría una demanda que podía terminar en la expropiación de la tierra. Y la demanda llegó, pero para entonces Eloísa ya contaba con la asesoría legal de Peter Schey, abogado especialista en temas de inmigración. Antes de que llegara la fecha de su audiencia ante un juez, Eloísa presentó una demanda en contra de Chertoff, argumentando que la manera en la que pretendían entrar a su terreno, sin buscar una negociación previa, violaba la Ley de Declaración de Incautación.
Para sorpresa de todos, un mes después, el 7 de marzo, el juez Andrew Hanen emitió un primer fallo judicial a favor de Eloísa y de cualquier otra persona que pueda ser afectada en sus propiedades por la edificación del muro a lo largo de la frontera, asentando que el DHS debe agotar el procedimiento de negociación antes de proceder a la expropiación. En el caso particular de Eloísa, el juez no encontró evidencia suficiente de que se hubiera buscado dicha negociación.
“Yo veo esta decisión del juez como un triunfo”, me dijo Eloísa tímidamente. “Nosotros dijimos que el secretario Chertoff no estaba siguiendo la ley y el juez dice que estamos en lo correcto. No pueden sólo entrar y tomar mi tierra; primero tengo que ser consultada”.
Esta primera victoria, sin embargo, es el inicio de una guerra mucho más larga que aún está por librarse. Tras conocerse el caso Tamez vs. Chertoff, cerca de cien propietarios de tierras que ya habían firmado permisos al DHS decidieron buscar asesoría legal, por lo que es posible que la demanda inicial se convierta en una demanda de clase. Y Eloísa, por su parte, está firme en su postura de que ella no va a vender.
“Aunque sean sólo tres acres, es todo lo que tengo”, dice con firmeza. “Al principio sí me daba miedo, pero cuando se comenzó a acercar la gente tuve fe en que estábamos en lo correcto. Yo ya lo veo como un triunfo, porque nunca se había visto que una persona del campo buscara una meta tan grande como enfrentarse a un secretario. Pero yo exijo que él siga la ley, porque él más que nadie debe respetarla”.
Con información de The Washington Post y El Diario.mx