En Chiapas la tortura sigue usándose como método de castigo para inculpar a hombres y mujeres por crímenes que no cometieron. El Frayba asegura que las autoridades gubernamentales abonan a que la situación no avance hacia un mejor sistema de justicia donde cese la violación a los derechos humanos.
Regeneración, 4 de julio de 2016.- De enero a junio de 2016, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. registró 17 nuevos eventos de tortura en los municipios de Palenque, Comitán de Domínguez, Villa Comaltitlán, San Cristóbal de Las Casas, La Concordia y Tuxtla Gutiérrez.
Esta información agregada a los datos acumulados de años anteriores indica que en Chiapas la Tortura se ha incrementado y continúa siendo una práctica “sistémica y sistemática”, que es usada como método de castigo arraigado en las fuerzas de seguridad. Siendo la detención y los traslados de las personas, los momentos elegidos para la aplicación de algún método de tortura.
Cabe mencionar que en este estado del sureste mexicano, el gobernador Manuel Velasco Coello, mantiene a Jorge Luis Llaven Abarca como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a pesar de sus antecedentes como perpetrador de tortura, así como a Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia de Chiapas, mismo que desde el sexenio pasado ha sido denunciado y cuestionado por la utilización de la tortura dentro de la Procuraduría local, por ello, asegura el Frayba, “la prevención y erradicación de la tortura en Chiapas, está lejos de ser una realidad”.
El Frayba expone el caso de Vidal Pivaral Matul detenido de forma arbitraria sin orden de aprehensión, víctima de tortura en forma de golpes, patadas, asfixia, amenazas y humillación, que resultó en la autoinculpación del delito de secuestro y permanece detenido en el CERSS No. 14 “El Amate” desde hace 4 años sin haber sido sentenciado, presentando todavía signos físicos visibles de la tortura.
La práctica de la tortura, dice el Centro de Derechos Humanos, “está de tal manera arraigada y generalizada en nuestro país, que existe la desconfianza que aún con la entrada en vigor del nuevo sistema penal, los funcionarios encargados de la procuración de justicia y los diferentes cuerpos policiales, continuarán con los métodos de tortura como parte de su práctica de investigación”.
En el boletín, se retoman los casos de tortura “tolerados y justificados” en las estaciones migratorias, hospitales psiquiátricos, cárceles, entre otros espacios, donde el Estado mexicano no exige el más mínimo respeto ni la protección y garantía de los derechos humanos.
El Frayba reafirmó “su compromiso y prioridad en acompañar a las y los sobrevivientes de tortura, sus familiares y colectivos a los que pertenecen. Manifestamos que bajo ninguna circunstancia se justifica la tortura, ya que significa un ataque a la dignidad, a lo más profundo de las personas, independientemente de su edad, condición social, cultura, sexo, y/o religión, teniendo como uno de sus fines generar sufrimiento físico y psicológico a las víctimas y la desintegración total de una comunidad”.