El representante adjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, informó a la Cámara de Diputados que en las primeras 72 horas de la agresión armada contra estudiantes de Ayotzinapa se configuraron los elementos suficientes para determinar la desaparición forzada de los normalistas, pero el Estado mexicano no aplicó los protocolos para su búsqueda.
20 de octubre de 2014.-Durante una reunión esta noche con la comisión especial que investiga el asesinato y desaparición de la Normal de esa población, ocurrida en Iguala entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, Peña Palacios explicó que para determinar la desaparición forzada se deben cumplir tres elementos: la privación de la libertad; que ésta ocurra a manos de una autoridad, y en este caso se presume que la policía municipal participó; y la negación del paradero de las víctimas.
Los diputados federales explicaron que Peña Palacios refirió que estos tres elementos ya se habían cumplido en las primeras 72 horas de la desaparición de los 43 normalistas y que «la autoridad no actuó con celeridad».
Al respecto, el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano e integrante de la comisión especial, Ricardo Mejía, resaltó que la definición del relator adjunto contrasta con la conclusión que la semana pasada les presentó el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien les habló de una privación ilegal de la libertad.
Señaló que al constituirse la figura de desaparición forzada, se trata de un delito de carácter federal, además de otros que se cometieron durante el asesinato de normalistas y civiles y la participación en estos hechos de elementos del Estado mexicano, en este caso los policías municipales de Iguala, que estaban bajo el mando del alcalde prófugo, José Luis Abarca.
Refirió que durante la reunión, que fue de carácter privado, a petición expresa del relator adjunto, también se abordó la posible omisión por parte del Ejército mexicano para evitar la agresión contra los jóvenes.
En pleno centro de Iguala, explicó, se encuentran las instalaciones del batallón número 27, cuyos elementos no intervinieron, a pesar de que algunos normalistas llegaron hasta ese lugar para solicitar auxilio.
La diputada Lilia Aguilar (PT), integrante de la comisión especial, resaltó el hecho de que hasta el momento la búsqueda de los estudiantes ha sido encabezada por familiares y policías comunitarios, pero no por el Estado mexicano, como exigen los estados de otros países en casos de desaparición forzada, cuyos protocolos demandan la actuación de los gobiernos en las primeras 72 horas.