De entre los 50 lineamientos de AMLO en la política, hay un grupo de reglas que podrían tener limitaciones a la hora de implementarse.
Por Antonio Gershenson La Jornada
Regeneración, 22 de julio de 2018.- En los 50 lineamientos de austeridad de AMLO, hay elementos positivos, de los que vamos a resumir algunos importantes. Pero también debemos señalar, luego, las limitaciones de su política económica anunciada.
En el primer párrafo plantea cambiar la Constitución para que el Presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos electorales, y por los relacionados con actos de corrupción.
Luego, se cambiará la ley para considerar delitos graves el tráfico de influencias, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la Hacienda Pública, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades. Las penas no permitirán al inculpado la obtención de la libertad bajo fianza.
El párrafo 5 dice que la Fiscalía Electoral garantizará que las elecciones sean limpias y libres. Prevendrá, investigará la compra del voto, la coacción, la amenaza, el uso del presupuesto público o de bienes para favorecer a partidos y candidatos. Perseguirá cualquier tipo de fraude electoral.
El número 8: el Presidente ganará menos de la mitad de lo que recibe el presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de compensaciones.
Se abordan con esta misma lógica varios casos parciales o específicos. El número 26 tiene prohibido la contratación de familiares.
El número 40 es importante: Se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecte el derecho de la privacidad de las personas. El sistema de inteligencia del Gobierno estará exclusivamente dedicado a la prevención de delitos, al combate a la delincuencia y a la prevención de la seguridad nacional.
El 44: Las compras del Gobierno se harán de manera consolidada, mediante convocatoria, con observación ciudadana, y de la oficina de Transparencia de la ONU.
Y el 45: Lo mismo los contratos de obra del Gobierno se llevarán a cabo mediante licitación pública con la participación de ciudadanos y observadores de la ONU.
El 49: En las relaciones comerciales, financieras con empresas internacionales se dará preferencia a las originarias de países cuyos gobiernos se caractericen por su honestidad y castiguen de manera consistente las prácticas de sobornos o de corrupción.
Y el 50: “Se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales y extranjeras que hayan sido otorgados mediante el influyentismo, la corrupción y que causen daño a la Hacienda Pública. En caso de anomalías que afecten el interés, se acudirá al Congreso de la Unión y a tribunales nacionales e internacionales”.
Muy bien, hasta aquí. Pero vemos una falla: en la política económica. Especialmente en la subsistencia de la política energética. Hay coincidencia de los que tienen relación con el asunto energético, en la necesidad de superarla, es una parte importante de la venta del patrimonio nacional.
Debe haber una verdadera política de la energía, especialmente la de funciones petrolera y de energía eléctrica en gran escala, ambas de carácter público. Si no, esto sería una verdadera entrega de los principales bienes de la Nación, a empresas privadas, especialmente trasnacionales.
Los organismos de trabajadores públicos, incluyendo los profesionales, son en muy buena parte partidarios de la recuperación de los grandes bienes de la nación. Ya los charros controlan a una parte menor, y cada vez menos, de este sector público.
Ya hemos visto actos importantes, y éstos pueden continuar.
Me refiero a un antecedente, ocurrido hace 36 años, y publicado en mi artículo del 24 de junio pasado. Transfiero esta parte:
“En 1982, hubo una radicalización, incluso sindical. Me tocó vivirla como un representante del Sutin nuclear. Se dio una alianza entre éste y otros sindicatos, principalmente del sector público, especialmente SME, telefonistas, petroleros y otros. Uno de los acuerdos en común era solicitar la nacionalización de los bancos.”
Luego, “el primero de septiembre de 1982, con el presidente saliente López Portillo, tuvimos la nacionalización de la banca. Era también mi primer día como diputado, así que viví yo el anuncio de la medida ante la Cámara”.
Estamos ante un periodo en el que pueden ocurrir cosas, sobre todo en los medios de trabajadores organizados por su voluntad. Pueden influir en el gobierno entrante, pero también otros sectores populares como los campesinos organizados democráticamente.