Durante más de 20 años, el profesor Aciel empezó a dar clases, luego de una carrera intachable, fue aprendido por no aceptar la reforma educativa, hoy está al lado de asesinos, ladrones y estafadores.
Por Luis Hernández Navarro
Aciel Sibaja Mendoza comenzó a dar clases en Oaxaca en 1994. Enseñaba simultáneamente los seis grados de la primaria unitaria en la comunidad de Santa Catarina Tlaxica. Para llegar allí viajaba en tren más de seis horas, saltaba a una brecha con su equipaje con el ferrocarril en movimiento y caminaba por el monte tres o cuatro horas.
La escuela Niños Héroes de Chapultepec, de Santa Catarina Tlaxica, contaba con un aula para los estudiantes de los distintos grados. Como se encontraba en pésimo estado, Aciel emprendió la realización de tequios para restaurarla, junto con padres de familia y autoridades municipales. Preocupado por la salud de la población, impulsó con un médico pasante, que hacía su servicio social, diversas actividades de prevención. Simultáneamente gestionó material didáctico y uniformes escolares y deportivos para los alumnos. De paso organizó pequeños torneos de basquetbol y atletismo con los niños.
En 1997 se trasladó a San Lorenzo Papalo Bautista, municipio que actualmente tiene menos de 3 mil habitantes. Allí repitió con éxito la experiencia de Tlaxica para mejorar la escuela, promover la sanidad y estimular el deporte. Y lo mismo hizo un año más tarde en Santa María Alomoloyas, y dos después en San Pedro Jaltepetongo Cuicatlán.
Ese compromiso con la comunidad dio frutos y reconocimientos. Ya como maestro de la primaria Artículo 23 Constitucional, de San José del Chilar, su grupo obtuvo, por tres años seguidos, el primer lugar de conocimiento de usos y costumbres y lenguas originarias (cuicateca, chinanteca, mixteca y mazateca).
Esta vocación misionera del profesor no es accidente. Le viene de familia. Nacido en Jalapa de Marqués en 1974, en el seno de una familia campesina, estudió primero la licenciatura en educación primaria en la Universidad Pedagógica Nacional y luego una serie interminable de diplomados y cursos de actualización. Todos su hermanos son médicos o maestros.
Su compromiso con los niños, los padres de familia, la educación y las autoridades municipales no es un hecho aislado. Por el contrario, es común entre los maestros de la entidad. Su sindicato lo promueve como orientación a seguir. Y por eso reivindica la necesidad de que cualquier política educativa en Oaxaca parta de reconocer sus especificidades culturales, económicas, sociales y orográficas.
Esta trayectoria pedagógica llevó a que Aciel fuera escogido el 26 de septiembre de 2012 como secretario de finanzas de la sección 22. Fiel al mandato de sus bases, rechazó una reforma educativa ajena a la realidad oaxaqueña y cumplió con los acuerdos de la asamblea estatal.
Esta lealtad al movimiento magisterial y a las comunidades lo tiene hoy en el Centro de Readaptación Social de Hermosillo, Sonora, junto con secuestradores, narcotraficantes y reos de alta peligrosidad. Aciel fue detenido el pasado 14 de abril con lujo de violencia, sin presentarle orden de aprehensión alguna, por personas vestidas de civil que viajaban en automóviles sin placas, y fue prácticamente desaparecido y trasladado ilegalmente a miles de kilómetros de su domicilio.
En el oficio con que se busca justificar su envío a Sonora desde Oaxaca, Heriberto Antonio García, uno de los cómplices del ex gobernador Ulises Ruiz en la represión a la APPO en 2006, dice que la presencia de Aciel en un penal oaxaqueño pone en grave riesgo la seguridad del centro, debido a que pertenece a la sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Contra Aciel se desató, a partir de ese momento, una inescrupulosa campaña de estigmatización. Diversos medios lo presentaron como el rey Midas del magisterio oaxaqueño, “el operador financiero del cártel de la sección 22” y lavador de recursos de procedencia ilícita.
Es falso que Sibaja Mendoza sea delincuente. Su detención busca debilitar al magisterio oaxaqueño, que junto con miles de maestros de todo el país acordó irse el próximo 15 de mayo a un paro indefinido.
El secretario de Educación, Aurelio Nuño, está desesperado. Las medidas de fuerza que ha tomado en contra de los profes de Oaxaca no han sido eficaces. A pesar de que desde el 21 de julio del año pasado las autoridades congelaron ilegalmente las cuentas de la sección 22 y las personales de varios de sus dirigentes, y se dejó de pagar a los comisionados sindicales, las protestas no cesan. Los maestros de base han seguido cotizando solidariamente, y Aciel, como secretario de finanzas, ha sido el responsable de manejar ese dinero. A esas cooperaciones (absolutamente legales) el gobierno las llama fondos de procedencia ilícita.
Aciel Sibaja Mendoza no es el único responsable de la estructura sindical oaxaqueña que se encuentra tras las rejas para tratar de doblar la resistencia de los docentes oaxaqueños a la reforma educativa. Entre el 28 y 29 de octubre pasados fueron injustamente encarcelados cuatro maestros más: Roberto Abel Jiménez, Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez y Juan Carlos Orozco Matus. Todos tienen trayectorias profesionales intachables y compromiso con sus estudiantes y padres de familia.
Los cinco dirigentes de la sección 22 presos son rehenes del gobierno federal. Su detención es, simultáneamente, una advertencia de lo que puede suceder a otros maestros de mantener su rechazo a la reforma educativa y moneda de cambio con el movimiento para que se desmovilice.
La táctica de tomar rehenes para golpear movimientos sociales forma parte del arsenal favorito del Grupo Atlacomulco –al que pertenecen el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario Nuño Mayer– para lidiar con la inconformidad social. Así lo hizo el mandatario con los campesinos de Atenco hace 10 años.
Los maestros Aciel Sibaja Mendoza, Roberto Abel Jiménez, Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez y Juan Carlos Orozco Matus son presos políticos. En lugar de frenar la participación de sus compañeros, la detención de los cinco ha encendido aún más la llama de la indignación en el estado.
Vía La Jornada.