La FGR buscará que el juez también dicte prisión preventiva contra Lozoya por la compra de Agronitrogenados. Mientras que sus abogados solicitarán que se extinga la acción penal.
Regeneración, 10 de noviembre del 2021. El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, tendrá su segunda audiencia en los juzgados del Reclusorio Norte, donde se encuentra preso. Ahora es por la adquisición de la planta de Agronitrogenados durante su administración en la paraestatal.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará que un juez de control cambiar la medida cautelar que le impuso por este caso y le dicte prisión preventiva justificada. Por ello, el exfuncionario será acusado de ser presunto responsable de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Lozoya fue encarcelado como medida preventiva la semana pasada por el caso Odebrecht; pues el juez Artemio Zúñiga consideró que existía la posibilidad de que huyera del país.
En esta ocasión se prevé que la FGR presente argumentos similares, es decir, que pidan prisión preventiva para el exdirector. De esa forma se garantizará la continuidad del proceso.
La audiencia está programada para las 13:00 horas y fue convocada por el mismo juez, a petición de los fiscales que solicitaron revisar la medida cautelar.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019, Lozoya recibió casi 3.5 millones de dólares en sobornos de la empresa Altos Hornos de México para que comprara la planta de Agronitrogenados.
Esa adquisición resultó perjudicial para Pemex, ya que se realizó a un sobreprecio mayor a 200 millones de dólares.
Defensa de Lozoya buscará extinguir la acción penal
Los abogados de Emilio Lozoya informaron que durante la audiencia de hoy manifestarán la prisión preventiva justificada resulta ilegítima. Además, solicitarán que se extinga la acción penal y se repare el daño causado al exfuncionario, en el marco de un acuerdo reparatorio.
Aunado a ello, informaron que ratificarán la denuncia del exdirector de Pemex para colaborar con las instituciones del Estado, a través del criterio de oportunidad.
«Lo anterior, con el objeto de evidenciar la estructura de un aparato organizado de poder que, verificado en el pasado, implementó una política de corrupción a escala nacional con impacto trasnacional», expusieron en un comunicado.
