Abogados del caso habrían engañado a la mujer para firmar documentos en los que otorgaba el perdón a autoridades poblanas por su participación en los hechos.
Regeneración, 13 de febrero de 2017.- Luego de casi tres años desde la muerte del niño José Luis Tehuitlie Tamayo, herido con una bala de goma durante el operativo para desalojarlos de la carretera Puebla-Atlixco donde mantenían una protesta, trasciende que los abogados del caso habrían intimidado a su madre para «otorgar el perdón».
Según un reporte de la Jornada de Oriente, los abogados Arturo Rivera Pineda y Alejandro del Castillo obligaron a la señora Elia Tamayo a firmar un documento que otorga el perdón al gobierno del estado, por el asesinato de su hijo José Luis Tehuatlie Tamayo, en un operativo policíaco efectuado en San Bernardino Chalchihuapan en 2014.
Lo anterios fue dado a conocer por Araceli Bautista, madre del ex alcalde de la demarcación, Javier Montes Bautista, quien fue preso político y una de las figuras más importantes en el movimiento ciuddano que se gestó en defensa de los derechos del pueblo.
Informó que el documento firmado por Elia Tamayo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue la base para dar cumplimiento a los 11 puntos de la recomendación 2VG/2014 emitida contra el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, por las graves violaciones a las garantías de los pobladores de Chalchihuapan.
En entrevista, precisó que con la misma firma, la madre de José Luis exoneró de toda culpa al ex secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas.
Según Bautista, Elia tiene mucha dificultad para leer y escribir, y sin embargo, en la documentación que supuestamente firmó a la CNDH aparece su rúbrica con motricidad fina y letra legible, lo que le hace sospechar que la firma es falsa.
Además, la propia Elia Tamayo narró lo sucedido a Bautista, indicando que los abogados le dijeron que podía firmar con entera confianza el documento del organismo federal, para absolver a los policías estatales que participaron en los hechos violentos del 9 de julio de 2014.
Luego de las presiones a Elia, comentó que finalmente les dijo que firmó toda la documentación entre los meses de noviembre y diciembre del año pasado, cuando ambos abogados la trasladaron a escondidas a las oficinas del fiscal en Derechos Humanos, Enrique Flota.
Dedujo que por eso la Comisión Nacional de Derechos Humanos notificó al mes y un día después de la Navidad, el cumplimiento de la recomendación.
De esta manera, el abogado Arturo Rivera Pineda habría intimidado en varias ocasiones a la madre de José Luis diciéndole que su firma ya no valía, y por lo tanto él podía tomar las decisiones por tener el control jurídico del caso.
Informó que Rivera Pineda no sólo defendía a Elia Tamayo, sino también es apoderado legal de cuatro pobladores más de Chalchihuapan que sufrieron severas lesiones en el ataque de los policías a la comunidad.
Por si fuera poco, Arturo Rivera Pineda, quien es académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), nunca denunciaron al gobierno como se esperaba.
Para Bautista, Pineda Rivera pudo haber convencer a Alejandro del Castillo para no seguir con el caso, ya que Castillo no logró la representación de los casos por no contar con título ni cédula profesional como abogado.
“No sabemos si recibieron dinero, pero después de estos años hemos llegado a la conclusión que si pasó y fue mucho”, comentó.
La madre del ex alcalde de Chalchihuapan expuso que a raíz de esta situación vino el rompimiento entre Elia Tamayo y sus abogados.
Refirió que Elia se rehusó de manera rotunda a escuchar las disculpas públicas por parte del gobierno del estado, que se llevó a cabo en la escuela secundaria donde estudiaba su hijo.
Luego de escuchar la arenga por parte de la autoridad, reveló que la madre de José Luis Tehuatlie dijo en el acto que no iba a firmar ni aceptar la disculpa, porque el asesinato de su hijo no tiene precio.
Fue entonces –narró- que el abogado Arturo Rivera le contestó por segunda ocasión a Elia: “no importa que firmes o no, al cabo que yo puedo hacerlo por ti”.
Durante este tiempo, destacó que la lucha de Elia Tamayo se dio hasta en ámbitos internacionales, pues su caso fue analizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero reveló que los abogados de Elia nunca demandaron ni interpusieron un juicio contra el gobierno de Rafael Moreno Valle.
La entrevistada explicó que esto pudieron comprobarlo el 6 de diciembre pasado, cuando un grupo de pobladores de Chalchihuapan se trasladaron a las oficinas de la CNDH en la capital del país, para escuchar los argumentos del organismo federal.
“Ahí nos enteramos que nunca denunciaron al gobierno; el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, sexto Visitador de la CNDH, nos dijo que el caso iba a ser cerrado porque nadie metió ni siquiera un amparo o una queja”, reveló Bautista.
La integrante del Centro de Defensa y Difusión de los Derechos Humanos “José Luis Tehuatlie” relató que el visitador les dijo “si ustedes no hicieron nada y por el contrario le otorgan el perdón al Estado, entonces como los defiendo”.
Recordó que la supuesta denuncia que los abogados interpusieron contra Facundo Rosas en la Procuraduría General de la República (PGR) tampoco procedió.
De manera deliberada, acusó que la denuncia la presentaron de manera inconsistente para que fuera desechada.
Araceli Bautista encima indicó que ambos abogados no sólo dividieron y entregaron el caso Chalchihuapan a las autoridades, sino que se dedican a infiltrarse en movimientos sociales.
Al respecto, incluso refirió que existe una versión extraoficial que por esta labor, Arturo Rivera y Alejandro del Castillo cobran alrededor de 17 mil pesos mensuales al gobierno del estado.
A raíz de todo el desaseo jurídico en el caso, finalmente comentó que Elia Tamayo decidió quedarse sin defensa legal, aunque en los próximos días buscarán reabrir la recomendación 2VG/2014 ante instancias internacionales.
Bautista, quien inició a estudiar la Licenciatura en Derecho, señaló que la CNDH siempre estuvo coludida con el gobierno de Moreno Valle para librar el caso Chalchihuapan.
Por esta razón, concluyó, exigirán se verifique si la autoridad cumplió cada uno de los 11 puntos de la recomendación, con la inspección de la evidencia y los cambios propuestos a la autoridad.
Esto debido a que el organismo federal liberó al gobierno de Puebla del caso Chalchihuapan, sólo a través de la lectura de documentos que la propia autoridad presentó como evidencia a la CNDH, sin ser inspeccionados.
Vía La Jornada de Oriente.