Según un informe de la ASF, la administración actual desvió recursos con su esquema de triangulación entre dependencias.
Regeneración, 21 de febrero de 2018.- La actual administración ha robado en serio, entre 2012 y 2016 (es decir falta 2017 y 2018), los desvíos suman 6 mil 879 millones de pesos (mdp), mediante la triangulación de recursos vía contratos entre dependencias, informó Reforma.
De acuerdo con la información, la Auditoría Superior de la Federación, detectó el modus operandi del gobierno Federal y alertó, a través de su Informe de la Cuenta Pública 2016, que el riesgo de fraude y corrupción al registrarse un abuso del esquema de excepción de contratos entre entidades públicas.
Las dependencias involucradas en estos fraudes, son Sedesol, la Sedatu y la Sagarpa, así como la Conagua, el ISSSTE, Diconsa, la Conapesca, la CFE y los institutos nacionales de Desarrollo Social y para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural.
“En estas contrataciones se genera un ambiente de discrecionalidad que, a su vez, propicia situaciones de riesgo de fraude y corrupción, ya que no se cuenta con los controles contemplados en los procesos de licitaciones públicas.
“La cadena de subcontrataciones que se ha identificado en estas operaciones complica la trazabilidad de los recursos erogados por la entidad pública contratante”, cita la ASF en su informe.
En la revisión de 2016, la ASF identificó 12 auditorías en las que las empresas simularon la realización de servicios, sobre todo en consultorías, así como la realización de estudios técnicos y ejecución de tareas de supervisión.
Para el órgano fiscalizador, la gran cantidad de fraudes se realizó al amparo de la excepción permitida por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico para realizar asignaciones directas entre dependencias públicas.
“Las auditorías forenses han documentado la participación de varias empresas en una misma transacción, lo que origina que el esquema de subcontratación se emplee para dispersar los recursos entre varios entes.
“En numerosos casos, se constató la ausencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante con una patente desviación de recursos”, alertó el organismo.
Ante este “modus operandi”, la ASF propuso obligar a los titulares de las dependencias a firmar los contratos.
Vía Reforma.