Regeneración, 8 de mayo del 2015. “No libre”. Así fue clasificado México en el informe Libertad de Prensa 2015, presentado ayer por la organización Freedom House. El documento advierte que la escalada de ataques violentos contra periodistas, efectuados tanto por el gobierno como por criminales, tiene a nuestro país en el punto más bajo en cuanto a la libertad de informar en una década.
Mariclaire Acosta, directora de Freedom House, explicó que de 190 países, 63 fueron clasificados como libres, 71 como parcialmente libres y 65 como no libres, entre los cuales se encuentra México.
En el informe se resalta que los medios de comunicación mexicanos y sus trabajadores enfrentan presiones de diversos actores que pretenden manipular el contenido noticioso o impedir su publicación, entre ellos los dueños de agencias que defienden agendas políticas o de negocios, publicistas que buscan recibir cobertura positiva o neutral y funcionarios gubernamentales. Además, numerosos periodistas han sido agredidos por la policía al documentar protestas sociales, lo que genera autocensura. La organización señala que al menos 31 reporteros y cuatro trabajadores de medios han sido asesinados por motivos relacionados con su labor desde 1992 y 13 más han desaparecido desde 2005.
Freedom House expone que la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias informó que funcionarios del gobierno de México aplican criterios discrecionales para la erogación federal y estatal de unos 12 mil millones de pesos en publicidad oficial. “Dichos fondos han sido utilizados para configurar políticas editoriales y promover agendas partidistas y personales. La asociación descubrió que muchos de los medios de comunicación manipulaban la cobertura para obtener contratos de publicidad más favorables de parte del gobierno”, señala la organización.
“Año con año, México es testigo de cientos de ataques a periodistas y medios de comunicación. Y aunque no todos terminan en homicidio, muchos de ellos son aparente resultado de actos de funcionarios corruptos o que abusan de su poder”, plantea el documento.
El informe critica la nueva Ley de Telecomunicaciones, pues considera que si bien permite mayor competencia también permite al gobierno federal el rastreo de los usuarios mediante el uso de sus celulares, además de monitorear y cortar las comunicaciones durante las protestas, a lo que se suma la dificultad de registro para otorgar licencias a las radios comunitarias.
La periodista Carmen Aristegui, una de las presentadoras del informe, informó que seguirá con el proceso jurídico para evitar que se concrete “la aniquilación” de un grupo de 19 periodistas, de un espacio radiofónico y el derecho de una audiencia.
Información proporcionada por el Sididh