Regeneración 28 de diciembre de 2014. Montreal, Canadá. El jurado de la primera audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre la industria minera canadiense, estableció responsabilidades del gobierno de Canadá y de cinco empresas mineras en varios casos de destrucción del medio ambiente, violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, asesinatos, criminalización de la oposición y transgresiones a las libertades sindicales, por mencionar algunos.
“Las evidencias que nos fueron presentadas muestran la complicidad y la responsabilidad de distintos organismos del gobierno federal, en particular de su red diplomática y de sus instituciones de cooperación internacional”, deplora Nicole Kirouac, abogada y miembro del jurado del TPP. ”Por sus acciones y omisiones, el gobierno respalda una situación inaceptable que causa devastación ambiental y social en comunidades de muchos países”.
Oscar Morales, afectado por el proyecto Escobal en Guatemala y testigo en la audiencia de Montreal, señaló que “la criminalización y represión de la protesta social, que se vive tanto en Guatemala y en otros países de América Latina se han agudizado con la renovación de los marcos legales, contribuyendo a perpetuar la impunidad de los actos de represión”.
El jurado también emitió varias recomendaciones a todas las entidades pertinentes, tanto de los países de acogida, como del gobierno de Canadá, pasando por las empresas en causa. “El proceso de reparación implica varios pasos, incluido el cese inmediato de las actividades que causan o aumentan los perjuicios, el reconocimiento de los daños y el establecimiento de leyes y mecanismos para prevenir que vuelvan a ocurrir”, dijo Gianni Tognoni, secretario general del Tribunal Permanente de los Pueblos, con sede en Roma, Italia.
“El Día Internacional de los Derechos Humanos es un momento importante para recordar que las actividades mineras son actualmente una de las principales causas de violaciones de derechos en las Américas. Los testigos que comparecieron nos mostraron claramente que los sucesos presentados no son casos aislados, sino que representan una situación generalizada de impactos graves sobre la salud, la vida, el medio ambiente y la participación ciudadana de las poblaciones afectadas, especialmente para las mujeres indígenas”, dijo el pasado 10 de diciembre Viviane Michel, Presidenta de Femmes Autochtones de Québec (Mujeres indígenas de Quebec) y juez durante la audiencia. “La industria minera debe transformar profundamente sus prácticas”.
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, diversos organismos idearon maneras creativas para entregar el veredicto a las entidades concernientes, presentándose en las sedes de las empresas y en las oficinas de los organismos en causa del gobierno federal en Ottawa, Toronto y Vancouver. El veredicto será canalizado al conjunto de partidos políticos y legisladores canadienses, al igual que a los organismos de la Organización de las Naciones Unidas.
