Dos expertos de la ONU en el tema indígena reportaron hoy un alza en los conflictos entre pueblos originarios y mineras en América Latina, debido a la frecuente falta de respeto a los derechos de consulta y al territorio de las etnias.
Mirna Cunningham, miembro del Foro Permanente de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, indicó que en los años recientes, han aumentado las concesiones otorgadas a las industrias extractivas y de hidrocarburos en los territorios indígenas de América Latina.
“Esto, lejos de facilitar un modelo de gobernanza y respeto entre gobiernos y pueblos indígenas, lo que ha hecho es facilitar los conflictos”, apuntó Cunningham, en entrevista con Notimex, tras ofrecer una conferencia de prensa en la sede de la ONU.
Explicó que un informe publicado por el Pacto Global de la ONU (Global Compact) estableció que 30 por ciento de las concesiones a industrias privadas en el mundo se sitúa en territorios indígenas.
Destacó que aunque existe un reconocimiento formal en América Latina al derecho de los pueblos indígenas a la tierra, en la realidad sólo hay avances concretos en la demarcación de territorios para etnias originarias en Nicaragua, Bolivia y Brasil.
“No vemos en América Latina una coherencia entre reconocimiento de los derechos y las decisiones de los gobiernos de asignar concesiones sobre recursos naturales. Muchas veces estas concesiones son unilaterales y violan los derechos territoriales reconocidos en otros instrumentos legales”, afirmó.
Cunningham aseguró que hay avances en institucionalizar mecanismos de consulta en territorios indígenas en Perú y Chile, y que el tema está pendiente en Guatemala y México.
La experta alertó sobre el poder de cabildeo de compañías extractivas en los gobiernos de América Latina, en especial de aquellas que no forman parte de asociaciones internacionales, que agrupan a los mayores jugadores del sector y que cuentan con códigos de conducta.
Por su parte, el relator especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, manifestó que el relativo escaso avance del reconocimiento a los derechos de la tierra de las etnias originarias se debe en buena medida a la presión de las industrias extractivas.
“Incluso cuando hay demarcación de los territorios indígenas, a menudo existe esa presión de las mineras, porque no hay suficiente integración entre las regulaciones de las industrias extractivas y las regulaciones para proteger los derechos de los indígenas”, dijo.
Señaló que es preciso desarrollar un nuevo modelo de negocios en la industria minera, así como adoptar un enfoque integral y holístico en las legislaciones y regulaciones nacionales que conciernen a los pueblos originarios.
“Vemos a menudo cómo las industrias extractivas avanzan sin ofrecer un respeto adecuado a los derechos de los indígenas”, enfatizó Anaya.