Las controversias constitucionales interpuestas contra la Constitución de la Ciudad de México por la PGR, Presidencia de la República y desde el Senado, tienen como propósito eliminar los avances democráticos y de los derechos de los ciudadanos de la capital. “Es un ataque a la democracia” y “un golpe de Estado jurídico”, denunció el partido Morena que anunció la movilización política y la defensa jurídica de los logros de carta magna de la capital de los mexicanos.
Regeneración, 13 de marzo de 2017. Las controversias contra la Constitución de la Ciudad de México, presentadas por la PGR, Presidencia, la CNDH, el TSJDF y la anunciada unilateralmente por el presidente del Senado (que para ello requerirá la aprobación por mayoría de votos de ese cuerpo colegiado donde el PRI y sus aliados no son mayoría), “pretenden invalidar la esencia y el corazón de la Constitución de la ciudad”, denunció Morena.
“Las controversias presentadas desde los poderes federales, significan una avalancha conservadora para impedir los avances en derechos y libertades consagrados en la constitución de la Ciudad de México”, señaló Clara Brugada, diputada constituyente por Morena y que fuera integrante de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente.
Por su parte, Martí Batres, presidente del partido en la Ciudad de México señaló que los recursos jurídicos representarían un retroceso sin la Suprema Corte los admite. “Llamamos a los capitalinos a defender los avances de la Constitución de la Ciudad de México, la más avanzada del país. A los poderes fácticos quieren eliminar la carta de derechos de la constitución, así como derechos sociales y democráticos como la revocación de mandato.
La postura contra la Constitución de la PGR y Presidencia “entraña una visión centralista, conservadora y autoritaria. Que niega a ciudad su autonomía para dotarse de una constitución que no sólo reconoce los derechos ya establecidos en la carta magna federal, sino que los amplía y desarrolla”.
“Los poderes federales, acuden a la SCJN a cuestionar toda la constitución, quieren invalidarla totalmente o en su defecto retirarle componentes esenciales que la harían inocua e inoperante”, señalan asambleístas, constituyentes y dirigentes de Morena.
Es incongruente la postura de la PGR y de Presidencia, pues participaron en la elaboración de la Constitución. “Se trata de un golpe a los derechos democráticos de los capitalinos. La Procuraduría y Peña Nieto se oponen a los derechos de las mujeres, de la diversidad y democráticos. Incluso la PGR miente cuando argumenta que no se cumplieron los estándares internacionales de la consulta con las comunidades indígenas. La Constitución de la Ciudad de México es la primera que se consulta a los pueblos originarios y que cumple con lo que marca las leyes y tratados internacionales. Con ese pretexto quieren eliminar los derechos indígenas reconocidos de la Constitución, los más avanzados en el país. Es doble moral, si actuara en congruencia tendría que pedir la anulación de la reforma energética, la reforma educativa y la fiscal que sí afectan sus derechos y no fueron consultadas con los pueblos indígenas”, señaló Jesús Ramírez Cuevas, presidente de la Comisión de Pueblo y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Asamblea Constituyente.
Las críticas de la PGR y Presidencia no se sostienen
Según el análisis de Morena, la PGR solicita invalidar el numeral 1 y 2 del artículo 3º y todos los artículos del título segundo de la Constitución de la Ciudad de México porque a su juicio “no se pueden ampliar ni reconocer derechos en este ordenamiento local.”
Con este argumento pretende eliminar de la constitución local toda la Carta de derechos y la supremacía de los derechos humanos.
“Se oponen también a que la Constitución de la Ciudad de México reconozca que toda persona, grupo o comunidad tienen derecho al nombre, a su propia imagen y reputación, así como al reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica”.
“Con argumentos ridículos y frívolos”, dice Morena, impugnan el reconocimiento a todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar. Con ello escoden una visión autoritaria y confesional del concepto de “familia” y dejan fuera a la mayoría de las familias.
La PGR atenta contra los derechos de las mujeres
El Procurador de la Nación sostiene ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación “que establecer los derechos sexuales y reproductivos de las personas, violenta las atribuciones federales en materia de “planificación familiar”. Sin duda este argumento denota con mucha claridad el tufo conservador de las controversias constitucionales.
Pretenden invalidar el derecho de toda persona a la muerte digna”, señala Morena.
Con el argumento de que faltó agregar otras profesiones, pretenden anular el derecho de los periodistas al secreto profesional.
En su cuestionamiento a la controversia presentada por la PGR, Morena afirma que “busca suprimir lo relativo al apartado de Ciencia y Tecnología, como derecho universal y elemento fundamental para el bienestar individual y social de los habitantes de la ciudad de México; y la obligación de dotar de internet gratuito y el apoyo a la investigación científica”.
Impugnan el apartado concerniente a los derechos de los trabajadores, que reconoce la libertad sindical, libre asociación y la justicia laboral.
La PGR cuestiona que se limite la reelección de legisladores a un solo periodo consecutivo, cuando en ocho estados de la república sus constituciones fijaron posibilidades de reelección por debajo del máximo establecido en la Constitución Federal y no hay controversia al respecto.
Dice que la Constitución contraviene el uso médico de la marihuana, “el cual se ajusta a lo dispuesto por la legislación federal”.
Hay una intención privatizadora de Peña Nieto y su gobierno al eliminar lo dispuesto por la Constitución que señala que el agua “es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro”. Quieren eliminar esta mención para privatizar el servicio del agua. “Quieren retirar uno de los candados establecidos para evitar la privatización del agua que promueve Peña Nieto a nivel federal y Ramón Aguirre del SACMEX a nivel local”, denuncia Morena.
El gobierno federal y el PRI “se oponen a establecer la figura de la Revocación de mandato, porque le tienen miedo a los efectos multiplicadores que tendría en el país y al empoderamiento de los ciudadanos para retirar gobiernos ineficientes y corruptos como el de EPN”.
Detrás de estos ataques de los poderes federales está el “mantener un modelo de organización del poder judicial de la ciudad que perpetua la corrupción y la desviación de la justicia. Se oponen a la apertura, transparencia, inclusión del componente ciudadano, a la prohibición de la reelección y a que el presidente del Tribunal sea el dueño de los recursos públicos, las promociones, nombramientos y con ello genere asociaciones mafiosas que conspiran en contra de la justicia”.
Para el gobierno federal, pero también para los abogados asociados con los ahora funcionarios públicos de la presidencia. El TSJDF, es una fuente de poder y de dinero. Por ahí pasan los asuntos civiles y mercantiles más importantes del país, por ello protegen el modelo que les ayuda a preservar y ampliar sus negocios.
Impugnan la integración de la sala constitucional como órgano y sus atribuciones para resolver controversias entre los poderes locales y garantizar la justiciablidad de los derechos establecidos en la constitución. Y se oponen a una defensoría pública autónoma y gratuita.
Aquellos que invariablemente se han opuesto a todo tipo de consulta y han desconocido los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ahora pretende invalidar 18 artículos de la Constitución con el argumento que no se sometieron a consulta con los interesados, lo cual es falso y está fehacientemente demostrado en la opinión pública.
Para finalizar, la PGR, solicita invalidar TODOS Y CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por adolecer de irregularidades en el proceso legislativo, lo cual es un despropósito puesto que el propio procurador, como constituyente, aprobó el reglamento que sirvió para el funcionamiento de la Constitución.
Sin duda es incompresible y contradictoria la actitud Peña Nieto, quien participó y fue parte de la Asamblea Constituyente. Sobre representó a su partido con constituyentes designados por el Congreso de la Unión y por el mismo y se constituyó en un freno a la constitución, que a fuerza de vetos se impusieron a los votos de los ciudadanos.
“Esta constitución se logró y logró a avances a pesar del PRI y de las fuerzas conservadoras que de forma ilegítima estuvieron sobre representadas”, señaló Morena que llamó a la ciudadanía a defender la Constitución de la Ciudad de México, la más avanzada del país y ejemplo para todos los estados.