En el año 2000, el gobierno boliviano no tuvo otra que aceptar las demandas del movimiento contra la privatización del agua o tener una ciudad en permanente estado de levantamiento hasta que se fuera Aguas del Tunari. Y así pasó. Dieron marcha atrás al contrato y devolvieron el agua al municipio de Cochabamba
Por Rebeca Jasso-Aguilar
Regeneración, 9 de septiembre de 2015. Los antecedentes de este movimiento que se empezó a visibilizar en enero del 2000 fueron la firma del contrato de privatización de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado, SEMAPA, y la aprobación de una nueva ley de agua potable y saneamiento, Ley 2029. El contrato fue firmado en septiembre de 1999, a puerta cerrada y con un solo licitador, Aguas del Tunari, que era en realidad la corporación estadounidense Bechtel. La nueva ley legitimó el contrato y otorgó licencia por 40 años para explotar/usufructuar todas las fuentes de agua, incluida el agua utilizada para fines agrícolas, el agua de lluvia y el agua de pozos comunitarios.
El movimiento empezó como una protesta de los de usuarios de SEMAPA, quienes fueron inmediatamente afectados con un alza en la tarifa del agua que alcanzo hasta 300 por ciento. Este incremento, conocido como “el tarifazo”, se debió a que la empresa decidió subir la tarifa con el fin de reunir los fondos necesarios para invertir en las mejoras de SEMAPA. Es decir, la empresa no tenía intenciones de invertir un solo peso de su capital.
La Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida aglutinó a campesinos e indígenas, obreros, profesionistas, asociaciones vecinales, maestros, jubilados, desempleados y estudiantes universitarios en protestas y acciones contra la privatización de SEMAPA. Dada la secrecía de la licitación y de los términos del contrato, la Coordinadora se dió a la tarea de indagar y publicitar la naturaleza del contrato. El gobierno aseguraba que no se trataba de una privatización, y que no afectaría mas que a los usuarios de SEMAPA. Sin embargo otros aspectos del contrato implicaban un peligro para otros grupos aún no movilizados. Por ejemplo, el contrato permitía a la compañía poner medidores de agua y cobrar por el líquido extraído en pozos comunitarios construídos con recursos de la comunidad. Cuando esta información se hizo pública, las organizaciones aglutinadas en comités de agua se unieron a las protestas. Para febrero del 2000 se contaba con la participación de varios grupos como los regantes, los comités de agua, y los trabajadores fabriles. Hay que notar que estos grupos existían ya como grupos fuertemente organizados y con tradición de lucha, es decir, no se organizaron en ese momento para luchar contra la privatización del agua. Los cocaleros se unieron a la lucha un poco mas tarde, impulsados no solo por la solidaridad sino porque también leyeron el peligro que la ley 2029 implicaba: la obligación de pagar por el agua que los animales bebían en ríos y lagunas, así como del pescado capturado en las mismas.
Cuando el tarifazo golpeó a los usuarios, la demanda principal de la coordinadora era meramente la disminución del incremento a la tarifa y renegociación del contrato. Sin embargo, ante la negativa del gobierno y sus acciones represivas, las acciones colectivas y las demandas escalaron hasta llegar a la exigencia de que se cancelara el contrato/licitación, se derogara la ley 2029, y que se expulsara a Aguas del Tunari/Bechtel de Bolivia.
Una de las razones del éxito de este movimiento fue su capacidad para lograr la solidaridad y apoyo de la mayoría de la población de la ciudad de Cochabamba. Esto se dió en gran medida gracias a la labor de información y concientización que la Coordinadora llevó a cabo, por medio de mesas informativas y tendederos políticos en la plaza principal, y perifoneo en los barrios. La labor investigativa y la socialización de esta información por parte de la Coordinadora permitió que la gente de clase media y media alta (fuera de los grupos organizados que ya mencioné arriba) percibiera el problema como un asunto de injusticia y considerara la protesta como un asunto legítimo. Esta solidaridad se tradujo en apoyo físico a los manifestantes, especialmente al final del conflicto, en la “batalla final” de los primeros días de abril del 2000. La mayoría de la gente, excepto aquellos pertenecientes a la clase muy alta, salió a las calles a unirse a las manifestaciones, a participar en los bloqueos, a alimentar a los jóvenes que habían estado resguardando la plaza y enfrentándose con los policías. Al final, como expresó uno de mis entrevistados, “el gobierno no tuvo otra que aceptar nuestras demandas o tener una ciudad en permanente estado de levantamiento hasta que se fuera Aguas del Tunari”. Y así lo hicieron. Dieron marcha atrás al contrato y devolvieron SEMAPA al municipio de Cochabamba, y derogaron también la Ley 2029.
Lo que hay que resaltar:
- Que una decisión legislativa abrió la puerta para llevar a cabo acciones privatizadoras que tendrían consecuencias muy negativas hacia la población. Esto nos indica la importancia de tener legisladores que presenten la pelea en las cámaras y eviten la aprobación de leyes que van en detrimento de la población, y por el contrario, propongan o apoyen leyes que beneficien al grueso de la gente. Tener legisladores del movimiento que trabajen en tándem con las bases en las protestas en las calles maximiza el efecto de las acciones de oposición en las cámaras de diputados y senadores
- La importancia de la información: descubrir verdades que están ocultas, o ver más allá de lo que se incluye en los contratos, así como la de socializar esta información haciéndola llegar al mayor número posible de personas
- La importancia de extender el marco en el que se encuadra la protesta al mayor número de personas posible, para motivarlas a involucrarse. Visualicemos esto como un paraguas bajo el cual cabe un cierto número de personas, las que son afectadas por el problema: mientras más grande es el paraguas, más gente cabe dentro de él, y más gente es susceptible de movilizar. Nosotros podemos agrandar el paraguas por medio del uso adecuado del lenguaje (la manera como presentamos el problema), y la información (haciéndola llegar a toda la sociedad)