Organizaciones de la sociedad civil presentan una propuesta de visa para que las personas migrantes puedan contar con un estatus de protección mientras atraviesan México
El día de ayer en el Auditorio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez se llevó a cabo la presentación de la propuesta civil de visa para transmigrantes en su paso por México.
Las organizaciones e individuos que apoyamos esta iniciativa acudimos al Congreso y a la administración pública para que garanticen que las próximas leyes y políticas correspondientes en el tema de migración respondan a la realidad mexicana actual y omitan propuestas ilusorias e inefectivas (como tratar de imponer límites a la migración entre Centroamérica y Estados Unidos). México debe ser fiel a sus acciones y objetivos internacionales en lo que respecta a los migrantes y debe superar el desafío que enfrenta la población transmigrante, al permitirle a este grupo vulnerable contar con un estatus de protección temporal para atravesar el territorio nacional.
Luis Arriaga, director del Centro Prodh, resaltó que “los datos de la CNDH son retomados de las organizaciones que tienen un trabajo directo con las y los migrantes. No se debe deslindar al estado de la responsabilidad para enfrentar adecuadamente esta problemática. Por eso pensamos que como grupo de organizaciones que está impulsando esta propuesta, el estado debe tomar con seriedad esta inciativa”.
Alejandro Anaya, de la División de Estudios Internacionales del CENTRO de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) expuso sobre la pertinencia de la propuesta de visa ante la problemática que implicaría esperar un proceso de investigación: “Los órganos internacionales se han quedado muy cortos y recomiendan la investigación. Si esperamos a que haya un proceso el cual genere que los delincuentes digan: “no pues mejor ya no lo vamos a hacer porque hay posibilidades de que nos metan en la cárcel” pues vamos a esperar varios años sentados”.
Raúl Vera, Obispo de Saltillo, resaltó que la emisión de la visa debe tramitarse “antes o en el momento de entrar en territorio mexicano” y que en los casos en que las personas transmigrantes entren a México sin documentación “podrám solicitar la regularización de su status y obtener la visa transmigrante en cualquier momento, sea a inicitativa propia o cuando se interroga respecto de su status migratorio por autoridades mexicanas quienes tienen la obligación de informar a las personas sobre la disponibilidad y objetivo de esta visa”.
La respuesta más efectiva para los secuestros de migrantes, por mucho, es otorgarles un estatus de estancia regular de corto plazo durante su tránsito por México. Las ganancias en términos de protección humanitaria, de combate al crimen organizado y de autoridad moral para exigir a Estados Unidos que respete los derechos de los migrantes mexicanos son indisputables.
Terminar con los secuestros de migrantes en México
México es conocido por su activismo en diversos foros internacionales a favor de la defensa de los derechos de los migrantes. En efecto, México ha conducido tanto en la Organización de las Naciones Unidas como en el sistema interamericano de derechos humanos los esfuerzos para incrementar el número de instrumentos legales diseñados para la protección de los migrantes en contra de los abusos, la discriminación y las violaciones a derechos humanos. Sin embargo en los últimos años México se ha convertido en el origen de uno de los patrones más brutales en el mundo moderno de violaciones a derechos humanos de migrantes: aproximadamente 22 mil transmigrantes al año son secuestrados y sometidos a extorsiones, abusos sexuales y/o asesinados por los grupos de la delincuencia organizada, que ganan hasta 50 millones de dólares anuales por medio de la industria del secuestro de migrantes. Las serias dimensiones del problema colocan esta situación dentro de la categoría de tragedia humanitaria, así reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si bien la terrible realidad de abusos y secuestros contra migrantes ha adquirido una creciente atención por parte del gobierno mexicano, sus propuestas aún mantienen un enfoque reactivo basado en la investigación de los secuestros y el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional en este asunto. Aunque la investigación de los secuestros es una obligación legal del Estado, esta respuesta no ataca el origen de los secuestros: la gran mayoría de las personas transmigrantes secuestradas no tiene visa y por tanto son obligadas a viajar a través de un número limitado de rutas clandestinas hacia el Norte (que los grupos criminales conocen, posibilitando que embosquen a diario a las y los migrantes). Más que un enfoque reactivo con respecto a los secuestros de migrantes, sería más eficiente y efectivo un enfoque preventivo que rompa con el círculo de la clandestinidad y la vulnerabilidad de los transmigrantes por medio del otorgamiento de una visa temporal que permita a este sector de la población atravesar el territorio mexicano por un período de tiempo determinado; por ejemplo, dos meses.
Con una visa así, los transmigrantes podrían utilizar el sistema de transporte para viajar al Norte en condiciones dignas. Es difícil imaginar otra reforma legal que por sí misma y de forma automática pueda golpear significativamente a la delincuencia organizada, tanto en términos de las pérdidas económicas que sufrirían como en la protección de las decenas de miles de víctimas en contra de los secuestros y otros abusos.
Esta medida, que ha sido discutida en el Congreso de la Unión, donde se han considerado nuevas leyes relacionadas con los migrantes y su protección, requiere menores costos para su implementación y sería una forma legalmente sencilla para reducir dramáticamente la tragedia humanitaria a gran escala que ocurre en el territorio mexicano; además, reforzaría la autoridad moral del Estado mexicano para defender los derechos de los migrantes mexicanos en el exterior. Adicionalmente, esta respuesta podría liberar importantes recursos humanos de los organismos gubernamentales involucrados en el tema de la migración, lo cual les permitiría orientar su acción para favorecer la integración de los migrantes que buscan vivir en México, en lugar de activar numerosas y costosas operaciones en contra de aquellos que simplemente transitan por México. En cuanto a la seguridad y a la aplicación de la ley, la disminución de los secuestros de migrantes permitiría a la policía redirigir sus esfuerzos humanos y económicos hacia la lucha contra otros delitos.
Las organizaciones e individuos que apoyamos esta iniciativa acudimos al Congreso y a la administración pública para que garanticen que las próximas leyes y políticas correspondientes en el tema de migración respondan a la realidad mexicana actual y omitan propuestas ilusorias e inefectivas (como tratar de imponer límites a la migración entre Centroamérica y Estados Unidos). México debe ser fiel a sus acciones y objetivos internacionales en lo que respecta a los migrantes y debe superar el desafío que enfrenta la población transmigrante, al permitirle a este grupo vulnerable contar con un estatus de protección temporal para atravesar el territorio nacional.