Luego de la acusaciones contra el Fideicomiso ‘Por los Demás’, Pedro Miguel reflexiona sobre las intenciones políticas de la persecución.
Por Pedro Miguel | La Jornada
Regeneración, 27 de julio de 2018.- El pasado 24 de julio, horas antes de que el Instituto Nacional Electoral (INE) enviara a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales la resolución en la que sanciona a Morena con una multa de 197 millones de pesos y ordena al fideicomiso Por los Demás que suspenda sus actividades, a pesar de que no acredita la comisión de ningún delito electoral, Lorenzo Córdova Vianello, presidente de ese instituto, aseguró que la jornada electoral del pasado primero de julio “fue una auténtica fiesta cívica en la que las y los ciudadanos pudieron expresarse y votar en todo el país con plena libertad por la opción política de su preferencia. Más de 56 millones y medio de mexicanos acudieron ese día a emitir su sufragio en libertad. Eso fue posible porque a lo largo del año pasado el INE ha venido construyendo las condiciones con apego a los principios constitucionales para que el día de la elección las y los ciudadanos pudieran ejercer su voto de manera autónoma”.
Tal vez nadie le informó al consejero presidente Córdova Vianello que para ese día más de una treintena de candidatos y dirigentes de distintos partidos habían sido asesinados en el contexto del proceso electoral y acaso no se enteró de que la elección en Puebla se saldó con cinco muertos, balaceras en varias casillas, robo de urnas, incendios de papelería electoral; que en Coyoacán el grupo perredista que controla esa demarcación se empeñó a fondo en la violencia y la intimidación; que en una región de Guerrero muchos ciudadanos fueron compelidos a mano armada a votar por el PRI o por el PRD. Parece que hasta el escritorio del funcionario no llegaron las decenas de videos que dieron cuenta de los operativos de compra de votos. Al INE le pasaron de noche las simulaciones de tarjetas bancarias que repartieron Anaya y Meade con la promesa de que serían provistas de fondos cuando ganara el candidato que las expidió, y en los teléfonos de Periférico y Viaducto Tlalpan no se recibió ni una sola de las llamadas que difamaron de manera orquestada y masiva a López Obrador.
En suma, hay que hacer acopio de frivolidad y de ausencia para llamar a eso “una auténtica fiesta cívica”. En lo referente a la actuación de la autoridad electoral, el proceso que aún no culmina es, en realidad, un festival de impunidad, omisión e insensibilidad, y la diferencia entre esta elección y otras anteriores reside en primer término en una sociedad insurrecta que decidió sepultar al régimen neoliberal y oligárquico –incluido su órgano legitimador– bajo un alud de sufragios. No entienden que no entienden: lo abultado e inédito de la votación obtenida por el ganador y de la participación ciudadana en funciones electorales no se explica por la confianza de la ciudadanía en el INE sino por lo contrario: la certeza social de que una victoria menos nítida habría podido ser revertida a la mala con la anuencia del árbitro.
Este es el contexto y estos los antecedentes de la resolución aprobada el 18 de julio por 10 de los 11 consejeros electorales que habla de “dolo, fraude a la ley”, insinúa compra de votos y lavado de dinero e impone una sanción desmesurada a la “conducta intolerable” de los morenistas que, para no contravenir la prohibición expresa del propio INE, optaron por dar curso a un impulso solidario de manera privada, al margen del partido y en pleno apego a la legalidad. Sí, la institución había “propuesto” (esa palabra usó Córdova Vianello) un camino: entregar parte o la totalidad del dinero público destinado a campañas a una partida de la Secretaría de Hacienda. Y, al igual que lo ocurrido con la ayuda monetaria que centralizó el gobierno capitalino, ese dinero ha sido manejado con total opacidad y hasta la fecha nadie sabe qué pasó con él. En contraste, las ayudas en efectivo entregadas por el fideicomiso Por los demás a más de 27 mil damnificados están rigurosamente registradas y a disposición de las autoridades facultadas. La oficina de Fiscalización del INE tuvo en sus manos los listados de todos los destinatarios de la ayuda –se los entregaron la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Sistema de Administración Tributaria, como lo admitió la propia Secretaría de Hacienda– y no quiso verlos, aunque actuó de manera perversa asegurando que no los conocía.
El problema no son los 197 millones de pesos de la multa y la base del reclamo no son los 30 millones de sufragios obtenidos por Morena. Si la sanción fuera de 100 pesos y si sólo se hubieran obtenido 30 mil votos, seguiría siendo válida la conclusión de que 10 de los 11 consejeros electorales del INE tomaron una sospecha, la metieron 10 segundos al horno de microondas y sacaron una calumnia. Es imposible no ver parcialidad, mala fe y perversidad en ese acto de prestidigitación que daña en primer lugar a la institución a la que debieran honrar. El país no los merece. Si su arrogancia se los permitiera, deberían disculparse.
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