Ecuador: Homicidios aumentaron 574 % entre 2019 y 2023, Bandas principales Los Choneros y Los Lobos aliados con narcos colombianos, mexicanos y albaneses
Regeneración, 22 de mayo de 2024. El Gobierno de Ecuador ha decretado este miércoles un nuevo estado de excepción durante 60 días en siete provincias del país ante la violencia armada.
Y es que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dispuso el estado de excepción en las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos, Orellana.
Así como en el cantón Ponce Enríquez en Azuay, según reza un comunicado de la Presidencia.
Ecuador, trinchera
«Los grupos narcoterroristas se han atrincherado y han concentrado sus acciones criminales principalmente en estas zonas».
Por lo que «la medida presidencial marcará el inicio de la ‘fase 2’ en esta lucha, fortaleciendo las acciones de seguridad mediante el estado de excepción».
Por último, las autoridades dicen que «la seguridad de todos es prioridad para el Gobierno de Noboa».
E incluso señala, bravucón:
El nuevo Ecuador no retrocederá en su plan de erradicar la violencia terrorista en todo el país, no podemos perder lo que hemos ganado. Por ello, continuará con operativos que permitan desmantelar estas redes criminales».
Noboa, acusado
Por otra parte, la organización Human Rights Watch (HRW) alerta que las fuerzas de seguridad ecuatorianas han incurrido en graves violaciones de los Derechos Humanos.
Esto en el marco de la lucha contra las pandillas, señalando que estas acciones incluyen, al menos, una posible «ejecución extrajudicial».
Así como «múltiples casos de detenciones arbitrarias y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos del Estado.
A pesar de que los homicidios han ido disminuyendo, las extorsiones y los secuestros han aumentado y la situación de seguridad «sigue siendo grave», según una carta enviada por la ONG al presidente ecuatoriano.
Así, ha señalado que, «en lugar de anunciar sin fundamento la existencia de un ‘conflicto armado’, el Gobierno debe responder a la violencia con una política de seguridad efectiva» que proteja a los ciudadanos y sea respetuosa con los Derechos Humanos.
Cifras del horror
Por otra parte, en redes se destaca que los homicidios en Ecuador aumentaron un 574 por ciento entre 2019 y 2023, elevando la tasa de homicidios de poco más de 7 a más de 47 por cada 100.000 habitantes.
Lo anterior, según cifras del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. E incluso se habla de dos bandas principales, Los Choneros y Los Lobos.
Mismos que actúan aliados con narcotraficantes colombianos, mexicanos y albaneses, y luchan por el control del territorio y de las rutas del narcotráfico en el país.
Al tiempo que se recuerda que el anuncio de un «conflicto armado» ocurrió tras el violento asedio a la sede del canal estatal TC Televisión por parte de hombres armados.
Así como la fuga de prisión de José Adolfo ‘Fito’ Macías Villamar, líder de Los Choneros.
Situaciones por las que Noboa le declaró la guerra a más de una veintena de grupos del crimen organizado, a los que calificó de «terroristas».
Sin sustento
Por otra parte, se destaca que Human Rights Watch (HRW) envió este miércoles (22.05.2024) una carta al presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
Y, advirtiendo que su decisión de elevar la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado internacional» carece de sustento.
Y que como se indica, ha contribuido a «serias violaciones de derechos humanos» por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
«Según el derecho internacional, la existencia de un conflicto armado depende de un análisis objetivo de criterios sobre el nivel de organización de los grupos armados y la intensidad de las hostilidades».
Lo anterior, explicó HRW. Para la ONG, el Gobierno de Noboa «no ha presentado evidencias suficientes de que los enfrentamientos con los grupos criminales constituyan un conflicto armado no internacional«.
Posible ejecución extrajudicial, decena de abusos
Tras entrevistar a una docena de víctimas de abusos, solicitar informaciones a instituciones del Estado, analizar 33 fotografías y videos y revisar expedientes de casos judiciales.
Así, HRW señaló que «las violaciones incluyen múltiples casos de detenciones arbitrarias y al menos una aparente ejecución extrajudicial».
Esto, refiriéndose a un caso que tuvo lugar el 2 de febrero en Guayaquil, en el que dos soldados mataron a Carlos Javier Vega, de 19 años, e hirieron a su primo Eduardo Velasco.
Y, a quienes las Fuerzas Armadas calificaron de «terroristas», acusándolos de haber supuestamente intentado «evadir el control, embistiendo a personal militar”.
Las entrevistas de Human Rights Watch con testigos, familiares y abogados de las víctimas, junto con videos y fotografías que fueron verificados, y documentos judiciales, contradicen la versión del Ejército.
Casos de tortura en prisión
«El Gobierno debe responder a la violencia con una política de seguridad efectiva que proteja a los ecuatorianos y sea respetuosa de los derechos humanos», señaló la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.
HRW también denunció que «los militares, que controlan las cárceles ecuatorianas desde enero, han mantenido incomunicados a los detenidos».
Esto es, «obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica».
La organización agregó que «los soldados parecen ser responsables de algunos casos de tortura en prisión».
Finalmente, otras versiones señalan que la Fiscalía General de Ecuador está investigando ocho presuntos casos de ejecución extrajudicial que habrían tenido lugar en el más reciente estado de excepción.
Miles en Ecuador
En virtud de la medida, el mandatario desplegó a miles soldados y policías en las calles y prisiones, y las fuerzas de seguridad realizaron más de 18 mil arrestos, según datos oficiales.
La represión en Ecuador refleja estrategias desplegadas en otros lugares, particularmente en El Salvador.
Y, donde las tácticas de mano dura bajo el presidente Nayib Bukele han llevado a una «regresión alarmante» en materia de derechos humanos.
Lo anterior, según Amnistía Internacional, aunque Bukele ha negado los abusos.
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