En una resolución sin precedentes, tribunal ordena a los gobiernos de EPN y Alejandro Murat emprender acciones inmediatas, «sin obstáculos ni discriminación», a favor de la comunidad de Jaltepec, en Oaxaca. El incumplimiento podría desencadenar, incluso, la destitución de los funcionarios responsables
Regeneración, 13 de agosto de 2018.- El gobierno federal a cargo de Enrique Peña Nieto, y estatal de Oaxaca, cuyo responsable es Alejandro Murat Hinojosa, deben proveer de inmediato lo necesario para garantizar “el ejercicio efectivo al acceso a una salud de calidad, sin obstáculos ni discriminación de ningún tipo”, a las personas residentes de la comunidad mixe de Jaltepec de Candayoc.
Así lo determinó el Juzgado Tercero de Distrito luego de conceder un amparo a esta comunidad que pertenece al municipio de San Juan Cotzocón, en el estado de Oaxaca.
Lo anterior fue dado a conocer por Sofía Robles Hernández, presidenta de Servicios del Pueblo Mixe (SER), y por el responsable jurídico de la misma organización, Juan de Dios Ortiz Cocha.
Afirmaron que la comunidad indígena mixe de Jaltepec de Candayoc tuvo que recurrir a tribunales ante la omisión y el abandono de los gobiernos federal y estatal, que no les han garantizado el derecho constitucional a servicios de salud pública gratuitos y de calidad. Cinco años después, obtuvieron la garantía.
Se trata de una resolución judicial sin precedentes, a decir de Robles y Ortiz, ya que es la primera de su tipo en México.
“Es fundamental mejorar los presupuestos para las clínicas y unidades médicas, de tal forma que brinden atención y no sólo extiendan recetas de medicamentos que no pueden ser surtidos en las farmacias», señaló Ortiz.
Expresaron que lo sucedido debería marcar la pauta al nuevo gobierno federal en coordinación con los estatales para garantizar el derecho a la salud, sin tener que esperar años o recurrir a los tribunales, “especialmente a las mujeres y comunidades indígenas el derecho a la salud, sin esperar a que cada comunidad cuente con condiciones para litigar durante más de cinco años para lograr una sentencia”, expresó Robles Hernández.
La resolución judicial obliga a ambos órdenes de gobierno a tomar las siguientes acciones inmediatas:
- Convertir el centro de salud de Jaltepec en un espacio de primer nivel. Esto implica incrementar el personal y los servicios de la clínica con los que cuenta actualmente, además de incluir la sala de atención de partos.
- Dicho espacio deberá contar con: sala de urgencias y sala de espera, ambulancia, farmacia con medicamentos suficientes; laboratorio y demás servicios de diagnóstico; atención de partos y urgencias las 24 horas, los 365 días del año.
- Ampliar el horario de servicio.
- Incrementar personal hablante de la lengua ayuuk/mixe de la variante específica de la comunidad, o la contratación de intérpretes.
- Los servicios deben incluir un esquema de atención especial para mujeres afectadas por violencia de género.
La comunidad mixe de Jaltepec de Candayoc está integrada por 3 mil 500 habitantes, y tanto Sofía Robles como Juan de Dios Ortiz afirmaron que todos ellos estarán pendientes de que se cumpla esta sentencia.
Agregaron que los gobiernos federal y estatal, que en este caso son los emplazados por el tribunal, deberán informar esta semana al Juzgado Tercero de Distrito sobre las medidas que ya deben estar tomando para dar cumplimiento a la resolución.
En caso de no cumplir procederá una multa. Además, sería necesario abrir un procedimiento para fincar responsabilidades. Las consecuencias de no acatar los mandatos de la resolución podrían desembocar en la destitución de los servidores públicos demandados.
¿Cómo ocurrió todo?
De acuerdo con los representantes de la comunidad, fueron años de denuncias y gestiones ante el gobierno federal y el estatal de Oaxaca sin obtener respuesta.
Por ello fue necesaria la intervención de dos organizaciones: Servicios del Pueblo Mixe (SER) y de Abogadas y Abogados por la Justicia y los Derechos Humanos, quienes se encargaron de presentar el recurso de amparo.
Agregaron que, a raíz de la llegada de programas federales como Prospera, el centro de salud disminuyó su capacidad de atención para dedicar la mayoría de su limitado tiempo a la administración del programa.
Durante el anuncio estuvieron presentes Guillermo Peralta Pablo, agente municipal de Candayoc, y Bardomiano Martínez Escobar, comisariado de Bienes Comunales.
Peralta Pablo acusó un añejo olvido por parte de las autoridades oaxaqueñas, debido principalmente a la lejanía de la población con relación a la capital del estado:
“No tenemos comunicación, no llegan las señales de radio o televisión. Por eso interpusimos esta demanda, para que el gobierno cumpla con su obligación de brindar servicios”, afirmó.
El mandato judicial fue claro: Otorgar servicios médicos de calidad, gratuitos, resolutivos, adecuados culturalmente y sin obstáculos para garantizar el derecho a la salud de los 3 mil 500 pobladores de la localidad.
Con información de Newsweek en Español y Proceso