El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) otorgó un reconocimiento por cumplir las obligaciones de transparencia a la Secretaría de la Función Pública.
Regeneración, 04 de septiembre de 2017.- Aunque la Secretaría de la Función Pública se ha dedicado a dar su visto bueno para ocultar información sobre servidores públicos y su patrimonio, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le otorgó un reconocimiento por “cumplir con sus obligaciones de transparencia”.
Ejemplo del encubrimiento que realiza con algunos funcionarios, la Secretaría de la Función Pública fue la dependencia que decidió ocultar indefinidamente la información sobre un conjunto de obras de arte que fueron utilizadas por el canciller Luis Videgaray para pagar parte de los 7.5 millones de pesos que costó una lujosa mansión y en cuya operación estuvo involucrada la empresa contratista del gobierno Grupo Higa, cuyo dueño Juan Armando Hinojosa es amigo personal del presidente mexicano Enrique Peña Nieto.
Con esa censura informativa se impide a la población conocer si el secretario de Relaciones Exteriores de México pagó los impuestos correspondientes sobre dichas obras pictóricas, quiénes son los autores de los cuadros y cuál es el valor real comercial de las pinturas, pero sobre todo, saber si no se trató de una simulación y los cuadros en realidad no existen porque todo fue un montaje para encubrir actos de corrupción y soborno entre empresarios y funcionarios de gobierno.
El argumento que dio la Secretaría de la Función Pública para ocultar dicha información, es que se trata de «datos confidenciales que, de divulgarse, podrían contribuir a que se estime el patrimonio de Luis Videgaray, a quien señala como persona física identificada».
En esta opacidad participa también ese Instituto Nacional de Transparencia, al encubrir la ruta del dinero con el cual el secretario Luis Videgaray dice que pagó su casa en la población de Malinalco, en el Estado de México. Es el pleno del INAI el que considera que la información relativa a las obras de arte es «confidencial, porque no se establece el interés público de la misma».
Al asumir hace 10 meses la titularidad de la desprestigiada Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez se comprometió a respetar el derecho a la información y a combatir la corrupción, y una de sus primeras acciones como contralora general fue ocultar datos referentes a dichas obras de arte con las cuales el canciller Videgaray pagó la tercera parte de los 7.5 millones de pesos.
Vía RT