80 organizaciones provenientes de 55 municipios poblanos así como de los estados de Chiapas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Coahuila se declararon en pie de lucha en la defensa de su territorio
Convocaron a la unidad nacional en “defensa de la vida y nuestros territorios”
Por Leticia Ánimas
Olintla, Pue.- La reforma energética desmantelará los mecanismos de defensa legal de los pueblos y sus territorios, y anulará el derecho a la consulta, la propiedad social de la tierra y el municipio libre para favorecer a los denominados proyectos de muerte, concluyeron en el XI Encuentro de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos.
En la reunión realizada en Olintla, territorio totonaku, en la que se declararon en pie de lucha y en rechazo a las reformas realizadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto a las que calificaron como un retroceso absoluto al desaparecer las conquistas sociales, consideraron que “México ya no es el mismo” y previeron que la situación empeorará al concretarse una nueva legislación agraria, la “cereza del pastel”, que se servirá al “gran capital”.
Tras las sesiones en las que los más de 600 participantes hablaron no sólo de sus batallas sino de la construcción de su vida en las comunidades, indicaron que el despojo de sus tierras y sus bienes naturales se da mediante mecanismos como la expropiación o la “ocupación temporal, justificados con el discurso de la “utilidad pública, el interés social y el orden público”.
Cuando en realidad se trata de favorecer los proyectos de empresarios –nacionales o extranjeros-, dedicados a la minería, la mayoría a cielo abierto; de la construcción de hidroeléctricas para favorecer a esa misma industria y a la extracción de hidrocarburos mediante la fracturación hidráulica; de la construcción de carreteras o puertos que facilitan el despojo; y de la edificación de ciudades rurales en las que se pretende “reducir” a los indígenas y campesinos despojados.
En esta “última intentona de ataque a nuestros derechos, ellos han dicho que vienen por nuestras tierras y territorios. Nosotros les decimos: Aquí los vamos a esperar: ¡No pasarán!”, reiteraron al tiempo de recordar la lucha de los indígenas de Ignacio Zaragoza, en Olintla, que el año pasado, luego de plantar sus diminutas humanidades frente a una retroexcavadora de Grupo México, frenaron la construcción de una generadora de energía en las aguas del río Ajajalpan.
Los miembros de más de 80 organizaciones provenientes de 55 municipios poblanos así como de los estados de Chiapas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Coahuila se declararon en pie de lucha en la defensa de su territorio y en rechazo total a las “contrareformas” estructurales.
Durante los tres días del encuentro escucharon las experiencias de activistas de Argentina, Cuba, Brasil, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, Alemania, Francia, Italia, Grecia y España que, junto con los mexicanos reivindicaron su derecho a impulsar sus propios modos de vida comunitarios y a pugnar por un proyecto alternativo energético en México y Latinoamérica.
Además convocaron a la unidad nacional en “defensa de la vida y nuestros territorios”, a sumarse a las acciones en contra del despojo en todo el país y a celebrar el centenario del ingreso de los ejércitos campesinos revolucionarios de la División del Norte y el Ejercito Zapatista a la ciudad de México el 6 de diciembre próximo.
Además exigieron la reparación integral de los daños ocasionados por la minera Cananea a los ríos del estado de Sonora y la cancelación definitiva de esta mina propiedad del Grupo México y el cese inmediato de la represión y la criminalización de los defensores de derechos humanos y de quienes luchan en defensa del territorio y de la vida.