Aunque se documentó su participación en delitos electorales, no se hizo acusación por ese delito, sólo se le acusa de lavado de dinero y desfalco al erario.
Regeneración, 07 de enero de 2017.- Pese a los documentos que recibió la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por el desvío de 200 millones de pesos con fines electorales, en las acusaciones contra Roberto Borge no se incluyen delitos electorales.
De acuerdo con información de Proceso, resulta extraño que en año electoral, no se incluya la acusación de delitos electorales contra el priista y de la cual la FEPADE recibió documentos en 2016.
Durante la administración de Borge en Quintana Roo, hizo crecer la deuda pública estatal 115 por ciento, desvío más de mil 464 millones de pesos recaudados por el impuesto al hospedaje, dejó más de mil millones de pesos sin aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación, destinó más de 500 millones de pesos del erario sólo en rentas de aeronaves privadas, pero la causa penal 381/2017 de la PGR sólo lo acusa por presunto “lavado de dinero” y desfalco al erario estatal de 900 millones 99 mil 48 pesos en la venta irregular de 22 predios que fueron parte del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE).
La PGR sostiene en su acusación que esos 22 predios, que suman 7 millones 118 mil metros cuadrados, fueron rematados entre 2011 y 2014 por el IPAE a familiares del entonces gobernador y a una red de prestanombres y amigos por debajo de su valor real. Los compradores pagaron sólo 238 millones 790 mil pesos, cuando su valor real era de mil 138 millones, de ahí el quebranto calculado en poco más de 900 millones.
La fiscalía estatal le imputa diversos ilícitos a Borges por 3 mil 104 millones de pesos, pero desde julio pasado el exgobernador obtuvo un amparo del Poder Judicial de la Federación contra delitos del fuero estatal.
Vía Proceso