Por: Miguel Ángel Sánchez-Mecatl
RegeneraciónMx.- Si bien hablar de salud es algo cotidiano, es también un tema muy amplio e inagotable, comenzando con saber que se entiende por salud.
Desde el punto de vista científico los profesionales de la salud aceptamos la definición que ha dado la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que a la letra dice es “el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad”, con base en ésta definición se ha podido identificar que tiene dos grandes componentes uno biológico y otro social, siendo el aspecto social el de mayor relevancia y al cuál se le ha resumido en el concepto de los “Determinantes Sociales de la salud” que son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen; circunstancias que no son aisladas sino que están inmersas en un conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que las influyen y que podemos identificar como las políticas y sistemas económicos, los programas de desarrollo, normas y políticas sociales y sistemas políticos de cada país.
Entre estos determinantes sociales el sistema de salud es sólo una parte de ellos.
Traigo a colación todo esto dado que en los últimos días he visto en el debate publico a opinadores de diferentes columnas vertir un sin número de críticas poco fundamentadas, por las reformas a la Ley General de Salud que incluyeron la disolución del Instituto de Salud Para el Bienestar (INSABI).
Y es que, careciendo de una comprensión clara de las diferencias sobre qué es una política, una política pública, su implementación, qué es un sistema de salud y sus funciones, entre otros muchos más conceptos que son básicos para hablar de salud y de sistemas de salud, la mayoría de estos críticos dan una cantidad de información desorganizada, incompleta y errónea con la intención de sostener un paradigma obsoleto para la defensa del ya desaparecido Seguro Popular y un intento por demostrar el fracaso de la política de salud del gobierno actual, sin importarles generar mayor confusión entre la población.
Pocos han hecho una crítica sensata e informada, como en la entrevista del medio Pie de Página a Gustavo Leal investigador en Políticas de Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana a la que remito para su lectura completa. Vale la pena comenzar a dar un recuento de cómo y porque hemos llegado aquí.
Después de la Segunda Guerra mundial la salud en todo el mundo estaba pasando por un gran conflicto junto con sus sistemas de salud debido a la alta mortalidad, hasta ese momento aún por enfermedades infecciosas, agregado a las condiciones que dejó el conflicto armado principalmente en los países directamente involucrados. Inglaterra, uno de esos países, decidió emprender un cambio en el paradigma imperante sobre la forma de atención médica creando uno de los primeros modelos de Sistemas Nacionales de Salud basado en la atención comunitaria y en el principio de bienestar de sus habitantes.
Treinta años después ya con la conformación de la OMS en Alma Ata se emite la Declaración mundial que instaba a los países miembros a basar sus sistemas de salud en la Atención Primaria. Para ese entonces el México postrevolucionario si bien mantenía una política de salud federalizada, estaba enfocada principalmente en la población económicamente activa en trabajos formales y ya fragmentada en diferentes instituciones de atención por grupos específicos, dejando fuera a todo trabajador del campo e informales (incluyendo comerciantes y empresas familiares) y peor aún a los habitantes de comunidades marginales, rurales y de extrema pobreza.
Al percatarse de dicho problema, es que se intenta paliar a través de acrecentar las capacidades al instituto con mayor presencia en el país, el IMSS, creando el conocido IMSS_COPLAMAR a finales de la década de los 70’s con el objetivo de brindar atención básica de consultorio y de Hospitales a zonas marginadas, pero además con el involucramiento de la comunidad para la determinación de sus necesidades de salud y de la forma de respuesta incluyendo sus costumbres y le medicina tradicional existente (como ejemplo el registro y capacitación de parteras).
A mediados de la década de los 80’s comienza la debacle, con la justificación de la baja calidad de atención y la ineficiencia se decide por la descentralización del sistema, lo que originó por un lado sumar a la fragmentación 32 nuevos sistemas estatales de atención médica y por otro entrar al juego del “mercado de la salud” al incrementar la participación de empresas privadas tanto para la provisión de insumos, material de curación y medicamentos como con el florecimiento de las grandes corporaciones hospitalarias y los hasta entonces desconocidos Seguros de Gastos Médicos, desentendiéndose el Gobierno Federal de la autosuficiencia de insumos y deteniendo la construcción de nuevas instalaciones médicas para cubrir la demanda creciente.
Lo que trajo como consecuencia bien conocida la brutal caída en la calidad y capacidad de atención, nuevamente recayendo en la población fuera del esquema de trabajo formal que aumentó hasta ser nada más el 50% de toda la población del país, agravándose peor aún el problema desde la terrible crisis de la década de los 90’s y la pésima administración de Ernesto Zedillo.
Los sexenios siguientes fue la misma tendencia, la cada vez más descarada corrupción y la entrada en escena de otro paradigma: la privatización.
Es así como se da la ocurrencia que la forma de “mejorar la salud” es a través de una Aseguradora (misma argumento de borrar el sistema de pensiones y pasar a las AFORES) llamada Seguro Popular.
Su objetivo principal era afiliar personas, pero todos debían pagar una cuota por su atención, que constaba de atender una canasta básica de enfermedades (canasta limitada a 66 padecimientos), además cubría algunos gastos de las llamadas enfermedades “catastróficas”, más no cubría ninguno para enfermedades frecuentes (por ejemplo neumonías, gripe, diarrea, caries dental, depresión, etc), ni otorgaba medicamentos efectivos para el control de enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión (los que tenían que seguir comprando los pacientes, y a eso se llama gasto de bolsillo) y mucho menos se preocupó por tener la infraestructura para poder otorgar la atención medica de éstos nuevos afiliados, se atendían en las mismas y viejas instalaciones existentes, carentes de equipamiento y prácticamente con el mismo personal (no omitamos que las condiciones laborales del personal contratado eran infames, sin certeza laboral y fuera de la Ley del Trabajo) como se evidenció durante la pandemia en la falta de trabajadores de la salud y posterior a ella en la necesidad de regularizar plazas.
Así, podemos y seguiremos hablando del tema que es muy apasionante, y otros, bajo la promesa de que, para no generar dolor de cabeza, sea en bajas dosis.
Miguel Ángel Sánchez-Mecatl es Médico Especialista y Graduado en Gestión y Políticas de Salud
Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado.