Presidente de Suprema Corte señala que Comisión de la Verdad sobre caso Iguala debe continuar como lo determinó un Tribunal Colegiado en Tamaulipas
Regeneración, 9 de julio del 2018. La Comisión de la Verdad del llamado caso Iguala, -o caso Ayotzinapa como también es conocido- debe continuar, señaló el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales.
“Mediante cuatro acuerdos, Aguilar Morales determinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) carece de competencia para conocer de las quejas que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó para abrir incidentes de imposibilidad real, jurídica y material respecto al cumplimiento de ejecutorias de la sentencias que le ordena crear una Comisión de la verdad, por el caso de la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa” señaló el diario El Sol de Puebla.
Además de disponer la continuación de los trabajos de la Comisión de la Verdad en el caso Iguala, el ministro requirió al Presidente de la república y a la Procuraduría General de la República (PGR), para que en un plazo de tres días manifiesten ante la autoridad si consideran que existen imposibilidades jurídicas para cumplimentar el fallo.
Tanto la PGR como la Presidencia deberán acudir a presentar sus alegatos ante el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Matamoros, Tamaulipas.
Es de recordar que el pasado 4 de junio, un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación sobre el Caso Ayotzinapa, ya que la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Esto hizo que la PGR y la presidencia de la República pidieran a la Corte atracción del caso.
Posteriormente, un magistrado federal suspendió por tiempo indefinido los amparos que ordenaban crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar el caso Ayotzinapa.
La suspensión se dio en atención a la imposibilidad jurídica que argumentaron la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México.