Se decreta su libertad por falta de elementos para procesarSergio Soto Nájera, abogado de la Liga Primero de Diciembre y defensor legal de Jacqueline Santana y de su novio Bryan Reyes, informó a Cimacnoticias que la juez novena de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, María Catalina de la Rosa Ortega, emitió un amparo a favor de ambos jóvenes.
En el reportaje de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) se indica que:
La jueza ordenó que el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales regrese el caso al juez Trigésimo Noveno Penal en el DF, con sede en el Reclusorio Norte, para que dé cumplimiento a la sentencia de amparo y dicte un auto de libertad, ya que –según consta en la sentencia de amparo del expediente 1221/2014– no existen elementos para mantener a los jóvenes bajo proceso.
De acuerdo con la sentencia, no se pudo constatar que la mujer policía estaba realizando funciones propias a su cargo y tampoco se comprobó el delito de robo, por lo que se solicitó que se dejen sin efecto las distintas causas penales que se imputan a los jóvenes, y que “se decrete la libertad de los peticionarios del amparo (Jacqueline y Bryan) por falta de elementos para procesar, pues sólo de esa manera se restituirá el pleno ejercicio de la garantía de seguridad jurídica violada”.
No obstante –advirtió el abogado Sergio Soto–, las partes en el proceso tienen 10 días hábiles para interponer un recurso de revisión. De ser así, el proceso podría alargarse hasta mes y medio más, pero si no se presenta ninguna apelación al amparo, entonces Jacqueline y Bryan tendrían que quedar inmediatamente en libertad.
Ambos activistas fueron detenidos arbitrariamente y con violencia en esta capital el 15 de noviembre de 2014 por policías de inteligencia encubiertos, quienes después justificaron la detención acusándolos del presunto robo de 500 pesos a una mujer policía.
La joven y su novio son defensores de Derechos Humanos. Su detención –cerca del domicilio de uno de ellos– se dio en el marco de la Primera Jornada de Acción Global por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Según su relato –que sustentan con una grabación de las cámaras de vigilancia del Gobierno del Distrito Federal–, ambos fueron sometidos dentro de dos vehículos por al menos una decena de policías vestidos de civil. Al interior de los autos, y por separado, fueron agredidos y cuestionados por su ideología política y la de personas conocidas.
ESCEPTICISMO
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Jacqueline Santana dijo estar contenta con la aceptación del amparo, ya que es como “una bocanada de libertad”.
Sin embargo señaló que aún se siente escéptica sobre si el sistema de justicia realmente la va a favorecer, ya que es de nuevo el juez Trigésimo Noveno Penal en el DF, Rafael Jiménez Abundez, quien tiene en sus manos la libertad de la activista; además, el Ministerio Público (MP) de la delegación Venustiano Carranza –que contribuyó a que se le acusara de robo– aún está en posibilidad de apelar el amparo.
Santana señaló que le preocupa que la autoridad capitalina y federal obstruyan su liberación, ya que “un día en la cárcel es inimaginable”.
Será hasta que tenga sus papeles en la mano cuando empiece a pensar en las medidas que tomará una vez que quede en libertad, ya que asegura que su detención fue “una completa violación en la que estuvo involucrado el Estado”.
La activista dijo sentirse tranquila, con ánimos a pesar de que dentro de la prisión hay que “pelear con mucha gente (custodios y presas) que violentan, roban y transgreden a la persona y la privacidad”.
Y agregó que lo que le pasó le dio más “garra” para seguir luchando porque no está bien lo que está pasando, y “hay mucha esclavitud mental”, aseguró.
Jacqueline es estudiante de excelencia en el último semestre de la carrera de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El día que fue detenida junto con su novio, los policías encubiertos la llevaron al MP de la delegación V. Carranza, donde la intimidaron y acusaron de robar 500 pesos a una mujer policía, quien presentó como prueba la declaración idéntica de dos presuntos policías testigos y un arma blanca que no contenía las huellas dactilares de ninguno de los acusados.
Casi inmediatamente después de su detención, la joven fue trasladada al penal de Santa Marta Acatitla, en esta capital. Su caso fue turnado al juez Trigésimo Noveno Penal en el DF, Rafael Jiménez Abundez, quien se declaró incompetente para juzgar por tratarse de un delito en contra de policías federales, por lo que el caso llegó al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales.