* El asilo político significa que existe para los EE.UU. la certeza de que el Estado mexicano está involucrado en asesinatos contra su familia y amenazas directas
* Dos de sus hermanos fueron asesinados en 2010 y otros dos secuestrados en 2011, por el Ejército o "con su aquiescencia", según denuncia la lideresa de izquierda
* Larga lista de mujeres activistas del estado de Chihuahua que han recibido o buscan asilo político son prueba del sistemático abuso contra las mujeres en la entidad
Marisela Reyes Salazar. Foto: Especial.
Regeneración, 30 de abril de 2013. Una juez del Estado de Texas le otorgó esta mañana el asilo político que solicitaba Marisela Reyes Salazar, trabajadora y activista por los Derechos Humanos de Guadalupe D.B. Chihuahua y a su familia, informó vía telefónica desde su exilio en los Estados Unidos.
El asilo político significa, detalló, que existe para la justicia de los Estados Unidos la certeza de que el Estado mexicano, en este caso el Ejército, está involucrado en los asesinatos contra su familia Reyes Salazar, y las amenazas que ha recibido. Con claridad antibelicista y contra la militarización, la lideresa de izquierda encabezó en febrero de 2011 sendos plantones frente a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez y frente al Senado de la República en el Distrito Federal.Durante el largo y extenuante proceso legal, la activista y su familia contaron con la representación de la abogada Barbara Hines, co-directora de la Immigration Clinic Law, y estudiantes solidarios de la escuela de Leyes de la Universidad de Texas en Austin. La contraparte en el juicio rechazó apelar la sentencia.
El caso
Las y los Reyes Salazar son reconocidos en la comunidad agrícola de Guadalupe Distrito Bravos y en Ciudad Juárez, como una familia de políticos de izquierda honestos, luchadores sociales y activistas en defensa de los Derechos Humanos.
Seis de sus integrantes fueron asesinados en 2008, 2010 y 2011; al menos cuatro jóvenes Reyes Salazar han sufrido atentados fallidos contra su vida y múltiples abusos han sido cometidos contra sus propiedades. Por si esto fuera poco, a un joven se le ha negado el derecho a un debido proceso y el acceso a la procuración de Justicia. El malgobierno ha sido y es sin duda garante de la impunidad.
Luego de estos asesinatos, al menos 32 miembros de la familia fueron forzados a exiliarse en los Estados Unidos en busca de asilo político.
Un nucleo familiar encabezado por el señor Saúl Reyes Salazar obtuvo su asilo en enero de 2012; otras dos familias encabezadas por mujeres lo obtuvieron en febrero de este año, con el apoyo de la misma Clínica de Inmigración, que también co-dirige la reconocida abogada derechohumanista Denisse Gilman.
Chihuahuenses exiliadas
Entre las mujeres chihuahuenses que han obtenido su asilo político está Mónica Arias Hernández, nuera de la activista Marisela Escobedo, consigna el sitio web "Justice in Mexico". Marisela Escobedo era también integrante de El Barzón. Fue asesinada en diciembre de 2010 afuera del palacio de gobierno mientras exigía justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol Freyre Escobedo. (Foto: MariselaEscobedo.com).Cipriana Jurado es también activista por los Derechos Humanos y militante de izquierda, sufrió el acoso del Ejército por su activismo. Obtuvo asilo político en junio de 2011 por las amenazas en contra de su vida, la de su hija y su hijo.
Marisela Ortiz, fundadora del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa y Malú Gacía Andrade buscan asilo político, huyeron de Ciudad Juárez luego de ser amenazadas.
Marisol Valles, joven de 20 años, ex-jefa de seguridad pública del municipio de Praxedis G. Guerrero, también fue amenazada. (La Jornada)
Por otro lado, se encuentra recluída desde el 22 de febrero de 2013 Francisca Galván Ochoa, abogada del Comité de Madres con Hijas Desaparecidas, en el Centro de Detención de Otay de San Diego. Junto con su sobrina y la madre de ésta, pidieron protección, después de las sistemáticas amenazas en su contra (CENCOS).
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