Brasil, decenas de movimientos impulsaron un frente parlamentario en defensa de la democracia y los derechos humanos. Se suman PT, PSOL, Rede, PSB y PCdoB
REgeneración, 12 de febrero del 2019. Brasil, a convocatoria de decenas de movimientos sociales se conformó un frente plural en defensa de la democracia y los derechos humanos.
Esto en respuesta a los ataques a los derechos desde la asunción en el poder de Jair Bolsonaro.
Al llamado de las entidades sociales se sumaron mujeres y hombres, de las diputaciones y bancadas senatoriales del Partido del Trabajo (PT), Partido del Socialismo y la Libertad (PSOL), así como de la Red de Sustentabilidad, el PSB y el Partido Comunista -PCdoB-.
Entre los movimientos sociales que propusieron la creación de esta entidad se cuentan el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST).
Otras entidades, fueron la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, así como la coordinación de comunidades negras y quilombolas.
Carta de la Sociedad Civil al Congreso Nacional
«¿Quién estará a su lado en el frente de batalla?
– ¿Y eso importa?
– Más que la propia guerra. (Ernest Hemingway)
Ante las concretas amenazas de retroceso en los pilares democráticos y en la garantía de los derechos humanos en nuestro país, las organizaciones de la sociedad civil y los los movimientos sociales abajo firmantes entienden que el momento político requiere la inmediata formación de un Frente Parlamentario Mixto en Defensa de la Democracia y de los Derechos Humanos.
La formación de un Frente con tal carácter, se entiende, tendría papel de resistencia
pero también de proposiciones para el fortalecimiento y perfeccionamiento de nuestra joven democracia brasileña.
Nuestra historia, marcada por conquistas y por la defensa incondicional de los derechos
humanos, dentro y fuera del Congreso Nacional, nos hace preocuparnos sobre todo con medidas recién adoptadas por el nuevo gobierno:
-Como limitaciones impuestas a los movimientos que trabajan con el derecho a la tierra y a la vivienda
-Restricciones indebidas al derecho a la protesta y a la libre manifestación y expresión
– Intentos de criminalización de activistas.
-Además del discurso moralista y punitivista, que señala para un endurecimiento en la legislación penal y la retirada de derechos fundamental.
En una lógica de reforzar los históricos procesos de desinformación, gobierno se vale del desconocimiento de gran parte de la población para, muchas a veces, desvirtuar el debate sobre lo que realmente significan los derechos humanos, conceptualizándolos como sinónimo de impunidad e injusticia.
La medida 870, vigilancia de ONGs y organismos internacionales
La edición de la Medida Provisional nº 870, ya en el primer día del nuevo gobierno, creó posibilidad de monitoreo y control de las actividades de las ONG y organismos Internacionales por la Secretaría del Gobierno, afrontando dispositivos constitucionales.
La medida, que crea una categoría jurídica hasta entonces inexistente en nuestro país el ordenamiento jurídico, puede ser instrumento para «acabar como todo activismo», como declaró el Presidente de la República durante la campaña electoral, creando mecanismos para la desarticulación y el debilitamiento de las organizaciones de sociedad civil y movimientos sociales, los principales actores de significativos cambios sociales en las últimas décadas.
El impacto de tal medida se sentirá sobre todo por organizaciones y movimientos que actúan en los territorios, en la defensa de derechos indígenas y quilombolas, y por aquellos que defienden la diversidad y las libertades individuales.
En el caso de los primeros, la lucha será debilitada por la decisión del gobierno de
transferir la función de la demarcación de tierras al Ministerio de Agricultura, creando una brecha significativa para que sus territorios, incluso los que están en lo sensible bioma de la Amazonia, estén disponibles para la explotación predatoria del agronegocio y de grandes mineras nacionales y extranjeras.
El escenario de intolerancia y discriminación fue potenciado por las reformas
estructurales en los órganos internos del Estado, como los cambios Ministerio de Derechos Humanos, la retirada del aire de material exclusivo sobre salud de hombres transgéneros, los discursos que hieren la dignidad de mujeres y poblaciones originarias y negras y la retirada de Brasil del Pacto Global de Migración –todas las medidas que corroboran la afrenta de la humanidad de todas las personas que no ocupan mayoritariamente los espacios de poder.
Las armas de fuego
Vía decreto y sin tener en cuenta el consenso científico nacional e internacional que asocia el aumento de la circulación de armas de fuego al aumento de la violencia letal, Presidente de la República también ha modificado las normas que regulan la posesión de armas en el país.
El instrumento del decreto utilizado es preocupante, considerando la una profunda modificación causada en materia ampliamente discutida en el Congreso, locus adecuado para las discusiones de las propuestas de reforma sobre el tema – que ya se están debatiendo desde hace años con la sociedad.
Hace años que Brasil ha consolidado una política nacional de control de armas de fuego y municiones, que tuvo el efecto inequívoco de frenar la escalada de la tasa de homicidios en el país.
Ahora, bajo el el argumento falaz del «derecho de defensa», el gobierno atribuye implícitamente al ciudadano común una responsabilidad que es del Estado.
Todavía sigue en forma irresponsable en relación a la integridad física y al derecho a la vida de grupos ya vulnerables, como las mujeres en situación de violencia doméstica.
Tales preocupaciones aumentan a la luz de las perspectivas de criminalización de movimientos sociales colocados en diversos proyectos de ley en tramitación en el marco Congreso Nacional.
Gobiernos autoritarios criminalizan la lucha social
Después de un período electoral marcado por discursos de criminalización de movimientos tradicionales como el MST y el MTST, comparados a grupos terroristas, es fundamental recordar:
la persecución por la criminalización es una estrategia conocida de gobiernos autoritarios para debilitar las oposiciones, resistencias y, por consiguiente, la propia experiencia democrática.
Juntos, afirmamos que una sociedad civil plural, activa y diversa es uno de los indicadores de una democracia vibrante, que sabe manejar el disenso, con la disputa de ideas y la lucha por la ampliación de los derechos.
Con la certeza de que la democracia es el régimen político que queremos garantizar, perfeccionar y fortalecer, llamamos a los parlamentarios de la nueva legislatura y se suman en la creación de un Frente Parlamentario Mixto en Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos.
El llamamiento está firmado en Brasilia, el 5 de febrero de 2018.
La convocatoria inicial de los movimientos sociales, a la que respondieron positivamente diputados progresistas de Brasil, fue firmada por los siguientes grupos :
-Artículo 19
-ABJD – Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia
-BH en Ciclo – Asociación de los Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte
-CONAQ – Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales
cimarrones
-Ciclovida – Asociación de los Ciclistas Urbanos de Fortaleza
-Conectas Derechos Humanos
-Colectivo Conviva Diferente
-Desvelocidades.red
-EDUCAFRO – Educación y ciudadanía de afrodescendientes y carentes
-Fundación Avina
-IBCCrim – Instituto Brasileño de Ciencias Criminales
-IDDD – Instituto de Defensa del Derecho de Defensa
-INESC – Instituto de Estudios Socioeconómicos
-Intervozes – Colectivo Brasil de Comunicación Social
-ISA – Instituto Socioambiental
-Instituto de la Paz
-Justicia Global
-Misión Paz San Pablo
-Movimiento Nuestra BH
-MST – Movimiento Sin Tierra
-Pastoral Popular Luterana
-PROLEG – Promotoras Legales de Santo André
– Red de Justicia Criminal
-SJMR – Servicio Jesuíta a Migrantes y Refugiado
-UNEAFRO – Asociación Franciscana de Defensa de Derechos y Formación Popular
#MeRepresenta
