En medio de testimonios estremecedores, familiares de víctimas de violencia y desapariciones exigieron a AMLO justicia antes que otorgar perdón, y requieren una Comisión de la Verdad
Regeneración, 14 de septiembre de 2018.- Una vez más, las víctimas fueron protagonistas, esta vez durante el encuentro organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el Segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia.
En el marco de un nuevo esfuerzo por hacer escuchar sus demandas, su desgaste y su dolor, las víctimas atendieron el llamado de diversas organizaciones que buscan respuestas ante la coyuntura política del nuevo gobierno que habrá de encabezar Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Más de dos horas duró el encuentro en el que se tenía una programación donde habría intervenciones de representantes de víctimas organizadas en colectivos. No obstante, la situación nacional se ha desbordado al punto de que varias de ellas hicieron exigencias desde su lugar como público, ante la mirada de los medios de comunicación y los futuros funcionarios que, con paciencia, escucharon a todos.
La reportera Sonia Gerth, de Cimacnoticias, escribe una crónica del encuentro, marcado por el dolor y el sufrimiento de quienes siguen buscando a sus familiares desaparecidos.
Piden a AMLO “Comisión de la verdad”
Los gritos de desesperación, llantos y demandas de las personas que llevan años buscando a sus seres queridos no tardaron en escucharse cada vez que cambiaba el o la ponente en el Segundo Diálogo por la Paz, la Verdad, y la Justicia, organizado en el Centro Cultural Tlatelolco, en la Ciudad de México.
En el evento se reunieron familiares de personas desaparecidas y asesinadas, e integrantes del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el futuro subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez.
Las madres de víctimas de desaparición forzada y feminicidio recordaron las 130 mil personas asesinadas, más de 33 mil personas desaparecidas, las y los muertos en fosas clandestinas, las masacres, las agresiones contra periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos en los últimos dos sexenios, y trataron de trazar una ruta de trabajo para una justicia transicional.
Una a una fue contando los obstáculos que han enfrentado para buscar a sus hijas e hijos desaparecidos y la dificultad de encontrar justicia.
Un padre después de presentar el caso de su hija desaparecida en Guerrero, con voz desesperada y los papeles del expediente en sus manos temblantes, se desmayó y tuvo que ser atendido por paramédicos.
La y los representantes del futuro gobierno escucharon callados, y recibieron las fichas que las y los familiares les extendieron. Las madres en representación de colectivos de diferentes estados, como Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio en el Estado de México, cuyo caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vincularon su historia personal con el análisis de un Estado de derecho fallido, y con la presentación de puntos cruciales en la reconstrucción de paz.
“La paz tiene que empezar por la búsqueda de verdad”, reivindicó Buendía. Se tienen que saber los perpetradores, las causas, las rutas de impunidad y corrupción, “se tiene que saber la historia real” de los crímenes. Por eso -argumentó- es necesaria una Comisión de la Verdad, aprobada por el legislativo, autónoma, y con apoyo técnico internacional, basándose en las “valiosas experiencias” latinoamericanas, pero buscando un propio “camino mexicano”.
Mirna Nereida, de Sonora, quien encontró a su hijo en una fosa clandestina después de tres años de ardua búsqueda, recordó la corrupción y el involucramiento de autoridades como policías en los crímenes. “El sistema de justicia es débil y corrupto”, dijo y preguntó si era impotencia o complicidad, que el gobierno actual haya permitido tantas atrocidades.
Ella recordó a López Obrador su compromiso de crear un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, “aquí hay ancianas que tienen años buscando a sus hijas e hijos, y le agradecemos si concreta esa promesa.” En su opinión, México necesita el apoyo internacional, por ejemplo de investigadoras, fiscales, y peritos, y que la asociación con organizaciones como la ONU pueden ayudar a reconstruir la confianza en el sistema de justicia.
Poco a poco, explicó, la participación de expertas internacionales en este mecanismo puede bajar, mientras que suba el número de personal mexicano capacitado. Sólo después de una rendición de cuentas podría haber un perdón, dijo Nereida en alusión al perdón que López Obrador había prometido en vista de una reconciliación nacional.
Por su parte, Araceli Rodríguez, madre de un policía desaparecido en 2009 en Michoacán, se enfocó en las medidas de reparación. “No se logra hablar de reparación integral si pervive la impunidad”, analizó. Destacó que “no todos los policías son buenos, pero no todos son malos tampoco”, sin embargo, sería fundamental la desmilitarización de las calles, ya que muchos crímenes son perpetrados por las fuerzas armadas, acotó.
Rodríguez reclamó que en muchos casos, las instituciones minimizan las demandas y necesidades de familiares, y que les cuesta registrarse como víctimas. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estaría concentrándose en una reparación económica, mientras que las pocas disculpas políticas se dieron sin ser organizadas en acuerdo con las víctimas, reprochó.
Guadalupe Aguilar, de Jalisco, manifestó la necesidad de un Mecanismo de Protección para personas testigas, ya que éste, dijo, hasta ahora, “ha sido abusado e ineficaz”. Muchas personas que quisieron dar información sobre crímenes fueron amenazadas o asesinadas, mientras que otras fueron fabricadas por la propia PGR, relató.
Dijo que la mayoría de las sentencias en México se basan en confesiones forzadas, y que no se podrían llevar a cabo investigaciones contra la macrocriminalidad sin testimonios fidedignos.
Recordó que las familias necesitan información para encontrar a sus hijos e hijas, y concluyó su participación excalamando: “¡Jalisco es una fosa! ¡México es una fosa!”
Araceli Rodríguez y Yolanda Morán, madres de familia provenientes de los estados Veracruz y Coahuila, expresaron que los avances en la implementación de la Ley de Búsqueda “son nulos”, ya que las fiscalías no cuentan con fondos suficientes, no existe coordinación entre las autoridades que investigan y las que buscan, y no se han conformado todas las comisiones locales de búsqueda.
“La estrategia del actual del gobierno es de dilación, esperamos que esto no se repita con su gobierno”, advirtió Rodríguez a López Obrador, mientras que Morán trazó el camino para un futuro sistema de búsqueda. Ella considera que éste debe contar con un presupuesto robusto, y el plan de implementación debe ser trabajado con la participación de las familias de las víctimas, además de la ayuda del Comité internacional de la Cruz Roja.
También pidió al presidente que agende una reunión de trabajo con las familias, petición a la que López Obrador no contestó directamente en sus palabras finales. El presidente electo sólo reiteró que “no va a haber corrupción ni impunidad”, e indicó que Olga Sánchez y Alejandro Encinas atenderán las demandas.
Convocó a las familias a integrase en organizaciones sociales porque “si nos unimos con cada colectivo, no hay abasto” al tiempo que aseguró que seguirá dialogando con familias de víctimas en sus visitas a los estados, también previstas una vez asumido el cargo de presidente en diciembre próximo.
Con información de Cimacnoticias
