Con maniobras, con uñas y dientes, los partidos perdedores legislan trabas ante triunfo de Morena. En Sonora aprueban ‘el veto de la gobernadora’

por Federico Anaya-Gallardo

Regeneración, 14 de Agosto de 2018. Jesús Cantú, exconsejero ciudadano de aquél IFE que en 1997 permitió a la oposición quitarle la mayoría al PRI en la Cámara de Diputados federal, escribió el pasado 5 de agosto una opinión para el número 2179 de Proceso titulada “Madruguetes en Congresos estatales”.

En él, denunciaba que en seis Estados, los gobernadores y las legislaturas salientes pretendían atar de manos a la nueva mayoría producida por el maremoto electoral de julio. Cantú se refirió a los casos de Veracruz, Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y Sonora.

Las y los diputados salientes buscaban asegurar el nombramiento de “funcionarios carnales” de los gobernadores (Veracruz e Hidalgo); garantizar pagos sea de pensiones o de créditos (Morelos, México e Hidalgo); y blindar al poder ejecutivo frente a la nueva legislatura (Puebla y Sonora).

Al publicarse la reflexión de Cantú, se asumía que la maniobra había fracasado en Sonora –pero en un nuevo lance, tres días después, la gobernadora y sus aliados impusieron la reforma. (https://www.proceso.com.mx/545973/madruguetes-en-congresos-estatales)

Me interesa analizar con más detalle dos de los casos mencionados por Cantú, Sonora e Hidalgo; y propongo al lector uno más, el del primer Congreso de la Ciudad de México. Por lo mismo, he dividido esta colaboración en tres partes.

Hoy inicio con Sonora.

El 16 de julio, El Imparcial reportó desde Hermosillo que se pretendía votar un paquete de reformas a la constitución estadual.

Aunque los detalles de la misma no se dieron a conocer en ese momento, se mencionaba ampliar el poder de veto de la gobernadora priísta (Claudia Pavlovich Arellano, parte del grupo de Manlio Fabio Beltrones).

La maniobra se ha conocido popularmente como “el veto” de la gobernadora.

Alfonso Durazo Montaño, sonorense alguna vez fue parte del entorno reformista de Colosio (1994), y quien hoy ha sido designado como futuro Secretario de Seguridad Pública federal en la Administración López Obrador, denunció que la gobernadora Pavlovich pretendía anular al siguiente congreso porque éste estaría dominado por Morena –partido que había ganado 20 de los 21 distritos de mayoría.

(http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/17072018/1357544-Aprueban-sesion-extraordinaria-para-votar-reformas-constitucionales-en-Sonora.html y http://www.sinembargo.mx/17-07-2018/3444124)

El trayecto legislativo era cuesta arriba.

Cuando se pretende reformar una constitución estadual se requiere no sólo ganar la votación en la legislatura, sino obtener la ratificación de cierta cantidad de ayuntamientos –usualmente la mitad más uno.

Sólo después de estas dos aprobaciones la carta magna del Estado queda enmendada. En Sonora esta regla está en el Artículo 163 de la constitución estadual. Debían ganarse dos terceras partes (66%) de los 33 votos en el congreso (es decir, 22).

En la legislatura saliente (electa en 2015) el PRI tiene 15 de los 33 diputados (45%). Es decir, tendría que convencer hasta siete diputados de oposición para cambiar la constitución.

Como el PAN cuenta con 13 diputados (39%), en teoría una coalición PRI-PAN podría lograr fácilmente la reforma constitucional con 28 diputados (84%).

Importa decir que en esta legislatura el resto de los partidos tiene una presencia sólo simbólica: el PANAL tiene dos diputados, mientras que el PRD, MC y Morena tienen uno cada uno.

Es decir, la “chiquillada” solo cuenta con cinco votos –insuficientes para hacer la mayoría calificada que necesitaba el PRI.

Dije arriba que el 5 de agosto Cantú reportó que la maniobra sonorense había fallado.

A mediados de julio, la confrontación entre los dos partidos de derechas en Sonora (PRI y PAN), fundada en varios años de acusaciones mutuas de abuso y corrupción, hizo imposible la reforma constitucional.

El 17 de julio, la presidenta del PAN sonorense, Alejandra López Noriega, se reunió con sus diputados.

A nombre de ellas y ellos declaró: “rechazamos categóricamente la propuesta de la iniciativa que ha generado ambiente de encono y no aprobaremos la opción de «veto total, veto parcial sobre artículos o párrafos de una ley y el veto presupuestal»”. (https://www.tribuna.com.mx/sonora/Dirigencia-Estatal-del-PAN-plantea-las-iniciativas-de-reforma-en-Sonora-20180717-0059.html)

Como aparte de ganar en la legislatura, una reforma constitucional tendría que convencer a 37 de 72 ayuntamientos sonorenses; y este último paso era probablemente tan complejo como lento, el 18 de julio, apenas dos días después de iniciado el escándalo, la gobernadora priísta declaró, justo en la mañana del día en que la legislatura discutiría el asunto, que “en atención a las inquietudes ciudadanas generadas por la iniciativa de reforma que le daría facultad de veto (a la gobernadora) …  pedía a los legisladores ampliar el tiempo de reflexión y consenso antes de … aprobarla” (http://www.sinembargo.mx/18-07-2018/3444369)

¿Por qué Pavlovich buscó reforzar sus poderes de veto? Sencillo. Porque en la siguiente legislatura Morena tendrá 22 de los 33 diputados estaduales (66%). El PRI quedó con sólo 5 diputados (15%) y el PAN con 3 (9%). El PANAL y Movimiento Ciudadano tendrán una curul cada uno (3%). El PRD no tendrá representación. Si hubiese una coalición de “todos contra Morena” esta sólo juntaría 13 votos (19%).

Aunque Morena ganó una bancada legislativa suficiente para modificar la Constitución sonorense, sólo ganó 20 de los 72 municipios (27%) y ni siquiera en alianza con el PAN, que obtuvo 10 ayuntamientos (14%) podría lograr la ratificación de una enmienda constitucional –en parte porque el PRI seguirá controlando unos 30 ayuntamientos (42%) y en parte porque no es seguro que los obradoristas pudiesen convencer a 25 ayuntamientos de otros partidos.

Con todo, dos terceras partes de la legislatura bastan sobradamente para controlar el presupuesto, bajar los emolumentos de los altos funcionarios estaduales y mejorar la vigilancia del gasto público.

El 18 de julio, al mismo tiempo que El Imparcial de Hermosillo y La Jornada de México reportaban la retirada de Pavlovich, en la capital federal El Financiero revelaba más detalles del paquete de reformas de la gobernadora:

(1) Dar a la gobernadora el veto parcial o exclusividad dotar presupuestalmente las leyes e iniciativas que emanaran del congreso.

(2) Limitación de la facultad del Congreso para revisar la Cuenta Pública.

(3) Prohibición a legisladores para llamar a comparecer a funcionarios.

(4) Evitar que los diputados remuevan a funcionarios.

Esto fue indicación de que habría una nueva batalla, pero el contenido de la iniciativa de la gobernadora Pavlovich no fue dado a conocer en detalle. (http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pavlovich-pide-a-congreso-estatal-posponer-discusion-de-reformas-constitucionales)

En la tercera semana de julio parecía que la cuestión se zanjaría civilizadamente en Sonora.

Pero hay que recordar que, pese a su diversidad, la República Mexicana forma un solo cuerpo –y las élites de una entidad son raudas para imitar las efectivas malas artes de las élites de otro Estado.

En el caso hidalguense veremos cómo el asunto terminó a golpes el 31 de julio, pero con la reforma promovida por el gobernador aprobada.

Esta victoria de la reacción provocó que en Hermosillo se reavivase la iniciativa de la gobernadora.

La Tribuna del Yaqui publicó el 6 de agosto que “Las instituciones exigen aprobar las reformas en Sonora” señalando que “el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el cuerpo colegiado del Instituto Sonorense de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI) van a favor de la aprobación” porque benefician a la ciudadanía. (https://www.tribuna.com.mx/politica/Las-instituciones-exigen-aprobar-las-reformas-en-Sonora-20180806-0081.html)

Al día siguiente, 7 de agosto, el presidente de la mesa directiva de la diputación permanente, el priísta Rafael Buelna Clark, explicó a La Tribuna del Yaqui que las reformas “se socializaron ante los diversos sectores de la sociedad” y las detalló un poco (la propuesta seguía fuera del escrutinio público).

Se proponía establecer como obligación “una agenda (legislativa) en conjunto (de los poderes ejecutivo y legislativo), la eliminación del fuero a funcionarios en todos los niveles, (fortalecer) atribuciones del Poder Ejecutivo, fortalecimiento del Supremo Tribunal de Justicia, con garantía de rendición de cuentas y la eliminación de privilegios de los legisladores”.

Al parecer se agregaban a la propuesta elementos para hacerla “atractiva”. (https://www.tribuna.com.mx/Reformas-constitucionales-propuestas-buscan-el-sano-desarrollo-de-Sonora-Buelna-Clark-l201808070006.html)

En esa entrevista, Buelna Clark no dijo que a la mañana siguiente se sometería a voto en el pleno el asunto.

La Tribuna del Yaqui reportó esto en otra nota, subida  su plataforma sólo a medianoche.

En esta última nota, sí se dieron detalles importantes de la reforma. (https://www.tribuna.com.mx/El-Congreso-revive-disputa-por-reformas-l201808080001.html) Lo más importante es que se proponía aumentar la mayoría legislativa para aprobar reformas constitucionales de 22 a 28 votos –un candado expresamente diseñado en contra de Morena y sus aliados.

Más interesante aún, este diario explicitó las razones políticas e ideológicas que sustentaban la reforma. Citando a la diputada del PRI, Flor Ayala Robles Linares, se dijo que “Morena, en su agenda legislativa, buscará legalizar el aborto, los matrimonios homosexuales y la adopción homoparental, así como la legalización del uso lúdico de la mariguana”.

Por lo mismo, la legisladora llamó a “frenar esa agenda … pues trastoca los valores de la sociedad sonorense”.

Es evidente que el PRI estaba haciendo un llamado ideológico a las Derechas para unirse.

Con todo, en esa noche del 7 al 8 de agosto aún no era claro qué ocurriría, pues la diputada panista Lina Acosta Cid aclaró que ella votaría en contra pues las reformas no tenían sustento social y eran un “atentado contra la democracia”.

Por su parte, el presidente de Morena sonorense, Jacobo Mendoza Ruíz, denunció el golpe de Estado contra el Congreso y llamó a la ciudadanía a “manifestarse de manera enérgica y pacífica” contra la maniobra.

Esta segunda batalla sonorense prometía parecerse a la hidalguense.

Desde la noche previa a la sesión, el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la policía de Hermosillo cercó el palacio legislativo al tiempo que empezaron a llegar manifestantes que se oponían a la reforma. (Algunos vídeos mostraron también a elementos de la policía del Estado.)

El gobierno de Pavlovich logró la movilización de organizaciones pro-vida que, so pretexto de detener la “agenda abortista” de Morena, ocuparon las entradas del palacio y la galería del recinto.

De esta manera, los opositores a la reforma ni pudieron acercarse y menos presenciar la sesión.

Luego de varias horas, uno de estos opositores, al dar vuelta a la manzana, descubrió que los legisladores salían por la puerta trasera para subirse a camionetas blancas de vidrios polarizados que los alejaron del lugar. (https://regeneracion.mx/sonora-tras-aprobar-veto-diputados-huyen-por-la-puerta-de-atras-video/)

La reforma fue aprobada con 27 votos a favor, 3 en contra y tres personas ausentes.

La panista Acosta Cid y una correligionaria (Martha Cecilia Camacho) votaron en contra. Se les unió el diputado Carlos León, de MC.

Es evidente que la gobernadora y el PRI lograron el apoyo de una buena parte de los legisladores del PAN.

La ideología importa y el discurso pro-vida parece haber tenido efecto.

Lo más grave es que el único diputado de Morena en esa legislatura (José Ángel Rochín López) también aprobó la reforma.

Rochín ya había sido acusado de colaborar con la administración de la gobernadora Pavlovich desde 2016. (https://www.tribuna.com.mx/politica/El-Congreso-del-Estado-es-cercado-a-horas-de-entrar-a-sesion–20180807-0090.html)

Falta ver si el proceso de reforma constitucional puede terminar antes de que asuma la siguiente legislatura el próximo 16 de septiembre.

La gobernadora tiene 39 días para convencer a 37 ayuntamientos de que aprueben las enmiendas constitucionales.

Ciertamente, Morena también ganó al menos 20 alcaldías, pero estas entrarán sólo hasta el 16 de septiembre.

Es de esperarse que Pavlovich movilice a los ayuntamientos salientes igual que hizo con los diputados: anunciando el “fin del mundo”.

A una semana de la consumación de la maniobra Pavlovich, en los medios aún es difícil discernir qué es exactamente lo que se aprobó.

En la Ciudad de México, La Jornada del viernes 10 de agosto se seguía hablando del veto en presupuestos y se señalaba que se aumentó la mayoría para aprobar cualquier ley a dos terceras partes de los diputados.  (http://www.jornada.com.mx/2018/08/10/politica/008n1pol)

En el portal del congreso sonorense, el fin de semana siguiente, finalmente se pudieron consultar los textos debatidos –pero no los aprobados.

No todas las leyes requerirán de una mayoría calificada de dos tercios, pero los poderes de la legislatura fueron notoriamente cercenados en varios frentes –incluso anulándola como representante  de la voluntad popular.

Con que sabemos hasta ahora, es obvio que la reforma sonorense es grave y merece un análisis detallado. Por ahora sólo señalaré que si la gobernadora logra que 37 de los viejos ayuntamientos ratifiquen lo aprobado el 8 de agosto, revertir los cambios será muy difícil a Morena pues lo que sí cambió es el número de ayuntamientos que se requieren para aprobar nuevas enmiendas constitucionales. Pasó de la mitad más uno (37) pasa a dos tercios (48).

El calendario está corriendo. De los 39 días que tenía Pavlovich para juntar ayuntamientos fieles han pasado siete. ¿Qué sabemos del debate a nivel municipal?