José Luis Pozo y Javier Guillén permanecen en prisión, mientras sus compañeros lanzaron una petición para pedir su liberación.

Regeneración, 21 de enero de 2018.- Desde el pasado 16 de enero, un grupo de manifestantes en contra de la privatización del agua en Baja California fueron apresados y desde entonces, dos de ellos son tratados con ensañamiento y permanecen en prisión, indicaron sus compañeros en una petición en línea.

De acuerdo con la petición, promovida por Movimientos de defensa del agua, “José Luis Pozo y Javier Guillén están en prisión por orden de la Juez Dora L. Contreras, a petición del ministerio público, que no respetan el principio de proporcionalidad de las medidas cautelares y los tratan como criminales peligrosos por defender el agua”.

El documento detalla que el gobernador Francisco Vega quiere entregar 20 mil millones de litros de agua al año a la empresa cervecera multimillonaria, Constellation Brands, mientras la ciudad, enclavada en el desierto, tiene una crisis hídrica, por lo que cada vez se riegan menos cultivos, y menos bajacalifornianos tienen acceso al líquido.

Además indicaron que durante el operativo en el que fueron a detenidos, la policía actuó de manera ilegal, sin una orden por escrito, aventaron piedras, protegidos con cascos, chalecos y escudos, que irrumpieron en la propiedad privada.

Basados en la Constitución del Estado, los activistas reclaman que “El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva …cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código…”.

Y ya que ninguno de los delitos que ameritan prisión preventiva fueron ejecutados por los dos encarcelados, no hay razón para su permanencia en ella, por lo que pidieron:

-La inmediata liberación de los presos políticos José Luis Pozo y Javier Guillen.

-Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de B.C Salvador Juan Ortiz Morales.

– Que de manera expedita inicie una investigación del proceso, fallo e historial ético de la Juez Dora Leticia Contreras Salazar.

– Que bajo su mandato se impida que el sagrado recinto de procuración de justicia sea utilizado por el Gobernador Francisco Kiko Vega como espacio de represión para proteger sus intereses particulares y de las multinacionales como Constellation Brands empresas que corrompen los sistemas de justicia y sociales que tanto ha costado construir a esta gran Nación presuntamente soberana.