El 13 de julio de 2017, ministeriales amenazaron a Daniel Esqueda con desaparecerlo y tomaron copia de su credencial de elector pues aseguraron que con su trabajo «les daba información a los malos». 

Regeneración, 7 de octubre de 2017.- El jueves pasado, el fotoperiodista Édgar Daniel Esqueda Castro fue sustraído de su casa por sujetos que se identificaron como policías ministeriales. Este viernes, el cuerpo sin vida del reportero apareció junto a las vías del tren, muy cerca del aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga en San Luis Potosí.

El joven trabajaba para Vox Popouli y Metrópoli San Luis. El 4 de julio de 2017, el fotoperiodista tuvo una discusión con policías ministeriales del estado que lo “amenazaron con quitarle la cámara, además de golpearlo, si continuaba tomando fotografías, obligándolo a borrar el material y correrlo del lugar”.

Ese incidente ocurrió cuando Daniel cubría una balacera en la que se vieron involucrados policías ministeriales y presuntos delincuentes.

Luego de nueve días, el 13 de julio, el joven cubrió otro evento donde de nueva cuenta los ministeriales interfirieron en su trabajo, incluso fotografiaron su credencial de elector y amenazaron con desaparecerlo pues aseguraron que, con sus notas, quizá “les daba información a los malos”.

Este segundo altercado orilló a Daniel a presentar una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en San Luis Potosí, así como en el Comité Estatal de Protección a Periodistas, instancias que, a su vez, solicitaron la intervención del Mecanismo de Protección para personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo) de la SEGOB.

De acuerdo con lo publicado este sábado por Animal Político, “la última información que nos proporcionaron en el Comité Estatal y la Comisión de Derechos Humanos es que el Mecanismo estaba valorando el caso de Daniel. Eso fue a mediados de julio. Después ya no supimos nada”, dijo una de las fuentes entrevistadas.

Por su parte, el Mecanismo de Protección de la SEGOB informó que, tras conocer las amenazas lanzadas contra el fotoperiodista potosino, la dependencia se comunicó “inmediatamente con él… para su incorporación quien…comentó que ya no había tenido ningún nuevo incidente de agresión, amenazas o correos intimidatorios. Refirió además que ya había presentado la denuncia penal”.

Según el Mecanismo, también pidieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos información sobre las medidas de protección dictadas por ese organismo en favor del periodista, “a lo cual el organismo respondió que se había turnado oficio al Comisario General de la Policía Ministerial del Estado, Comándate José Guadalupe Castillo Celestino, mismas que fueron aceptadas el 24 de julio de 2017”.

Daniel acudía a gran parte de los eventos policiacos ocurridos en la ciudad de San Luis Potosí, entidad que, en los últimos dos años, ha vivido un repunte de la violencia, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Daniel alternaba su trabajo como fotoperiodista y rescatista voluntario, incluso días antes de ser secuestrado, viajó a la CDMX para colaborar en las labores de rescate.

El 4 de octubre, un día antes de ser secuestrado, el joven cubrió un hecho noticioso de corte policiaco donde en un inicio, se manejó que en un vehículo abandonado se encontraba una hielera con restos humanos y con un mensaje dirigido al director de la policía ministerial de San Luis Potosí.

Según la versión oficial, todo fue una “trampa”, la hielera no tenía restos humanos, pero sí bombas caseras que estallaron y dañaron a dos agentes ministeriales y dos peritos cuando la abrieron.

En esa cobertura, Daniel se encontró con uno de los policías que lo habían amenazado y aunque no cruzaron palabras, sí miradas, informó una fuente a Animal Político.

“No creemos que esto se trate de una casualidad, porque además los policías que llegaron por él lo llamaron por su primer nombre, Edgar, el cual sólo conocían sus familiares y amigos más cercanos, además de los policías ministeriales con los tuvo el incidente en julio, fotografiarían su credencial de elector y amenazaron con desaparecerlo”.

 

 

 

Con información de Animal Político